Este jueves se conoció un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en el que se denuncia que el sistema judicial en Venezuela no es independiente y “ha perpetuado las grandes violaciones de los derechos humanos contra los opositores al gobierno”, señala el documento.
El informe se basó en 177 entrevistas a funcionarios judiciales, así como a ex jueces, fiscales y abogados, y un extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales, documentos oficiales y a las 183 detenciones de opositores al gobierno (153 hombres y 30 mujeres) entre el 2014 y agosto del 2021.
“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales”, señala Marta Valiñas, presidenta de la Comisión, en un comunicado.
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La Misión detalló, por ejemplo, cómo en el 2020, fuerzas de inteligencia del Estado cometieron desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales. “No se encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que haya investigado desde entonces”, señala la Comisión.
Entre los casos reseñados está el de Fernando Albán, líder de la oposición quien murió en el 2015 después de caer al vacío desde un décimo piso cuando estaba siendo detenido por el servicio de inteligencia del régimen, conocido como Sebin; también Rafael Acosta, quien se desmayó y murió en una audiencia de Caracas tras aparentemente ser torturado.
“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales”.
Marta Valiñas, presidenta de la Comisión
De otro lado, contrario a como se establece en normas internacionales, los jueces en Venezuela ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional. Aún peor, según el informe, se mantenían cargos penales “basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos no demostraban la participación de personas”.
De igual manera, se detallan casos en los que se emitían “órdenes de arresto con carácter retroactivo, que abarcaban periodos durante los cuales los detenidos y las detenidas padecían torturas y violencia sexual, se les impedía comunicarse con sus familiares o su defensa, y quedaban fuera de la protección de la ley”. Además, de la dilación de audiencias, incluso 16 o 20 veces, y dos años de espera para resolver su situación jurídica.
“Las múltiples irregularidades en los casos que hemos analizado, tomadas en conjunto, han tenido un impacto devastador en las vidas – incluso en la salud física y mental – de las víctimas y sus familias,” asegura Valiñas.
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Este informe se revela en momentos en que la Corte Penal Internacional manifestó la intención de pronunciarse sobre el examen preliminar Venezuela I (de dos en curso) referente a presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en el contexto de manifestaciones antigubernamentales y disturbios políticos.
“Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los casos potenciales identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”, había afirmado la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en junio pasado.
Antes el actual fiscal del tribunal internacional, Karim Khan, tiene en sus manos la decisión de si se abre o no una investigación al gobierno de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad, Bensouda ratificó que había méritos suficientes para hacerlo. De todos modos, cabe recordar que la CPI actúa en los casos en los que se comprueba que los estados no han hecho lo necesario para juzgar a los responsables de lesa humanidad.
De igual manera, este informe se conoce en medio de los diálogos que se están llevando a cabo en México entre la oposición y el régimen de Maduro, en el que se quiere destrabar asuntos como hacer elecciones transparentes y la liberación de presos políticos.