Caracas — Dos de los principales partidos de la oposición venezolana, Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), se enfrentan en torno a la manera de “proteger” a Monómeros Colombo Venezolanos, la filial en Barranquilla, Colombia, de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven).
Como otros activos de este país en el extranjero, Monómeros era manejado por el denominado “gobierno interino” de la oposición venezolana desde 2019, pero fue sometida a control la semana pasada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia “tras identificarse situaciones susceptibles de mejora”. Ahora, el gobierno de Nicolás Maduro aspira a recuperarla tan pronto como en la próxima ronda de la Mesa de Diálogo y Negociación sobre Venezuela en México, que se llevará a cabo entre el 24 y el 27 de septiembre.
Como si las cosas no fueran ya lo suficientemente complicadas, Estados Unidos, principal aliado de la oposición venezolana, puso fecha de caducidad al mandato del gobierno opositor: enero de 2022, y dijo que después de eso evaluaría la posibilidad de autorizar la venta de acciones de Citgo Petroleum Corp, otro de los activos en manos de la oposición, según se desprende de una carta enviada el 10 de septiembre por el Departamento del Tesoro al acreedor Crystallex, cuyo contenido fue divulgado este jueves por Bloomberg.
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Las diferencias de la oposición venezolana en torno a Monómeros tienen origen en la toma de control de este y otros activos, en 2019, y se extienden a las soluciones, en un momento crítico.
Mientras VP, el partido que cofundó y preside Leopoldo López -quien fuera el preso político más emblemático de Maduro, hoy exiliado en España- insiste en vías para “garantizar la protección de activos más allá de este 2021″, conjuntamente con las autoridades colombianas; PJ reitera su postura de que el denominado gobierno interino “no ha debido ejercer nunca la función de manejo de activos” y propone una gestión a través de la figura de un fideicomiso independiente para proteger a esta empresa “de Maduro, los acreedores y la corrupción”.
Mientras para VP la medida de la Supersociedades colombiana es una “oportunidad”, para PJ desata una “crisis” que “enciende sus alarmas”. En lo único que parece haber coincidencia es en la necesidad de realizar una auditoría.
Acusaciones tácitas
La discrepancia ya se advertía en declaraciones previas de voceros de ambos bandos, pero quedo más en evidencia tras la publicación de sendos comunicados sobre el tema, en la tarde de este miércoles.
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“Nuestra visión siempre ha sido exigir la máxima transparencia y sacar a la política de esa responsabilidad que no debimos asumir y que ha sido cuestionada por todos los partidos de la unidad, exceptuando el partido político Voluntad Popular donde milita Juan Guaidó, el cual ha promovido de forma insistente y permanente esta política”, se lee en el documento de Primero Justicia, el partido del que fuera dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, y otros.
Guaidó, sin embargo, había renunciado al que efectivamente era su partido, VP, en enero de 2020, para dedicarse al cargo de presidente interino con el que lo reconocen decenas de países del mundo.
Tras agradecer la “solidaridad” del pueblo y del gobierno de Colombia, asegurar que sus diputados electos en 2015 impulsarían todas las medidas necesarias para garantizar la transparencia de la gerencia de la empresa y rechazar las “pretensiones” de Maduro sobre el futuro de la empresa, VP condenó “cualquier transacción con el régimen que pretenda enlodar al gobierno interino o poner en riesgo a los activos del Estado venezolano, a cambio de concesiones políticas tales como habilitaciones de candidatos”.
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“La unidad no nos obliga a suscribir negociaciones personales de candidatos con la dictadura, con fines estrictamente individuales”, reza el comunicado de Voluntad Popular.
Rol de Colombia
Para VP, “solo con el apoyo del gobierno colombiano” es viable la actividad de la empresa en el que consideran un momento “particularmente difícil” desde el punto de vista político y social para Venezuela.
“Voluntad Popular considera que Monómeros Colombo Venezolanos es una empresa al servicio de dos pueblos que aman la democracia. Permitir que terceros se apropien de su patrimonio atentaría gravemente contra los intereses de todos los venezolanos”, advirtió este partido en su comunicado.
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Aunque reconoce la labor del presidente colombiano Iván Duque como aliado en la búsqueda de una “solución positiva” para Monómeros, la propuesta de PJ contempla que Monómeros y los demás activos en el exterior sean transferidos a un fideicomiso administrado por un ente externo “del más alto nivel”, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.
“Contempla la supervisión de una junta de protectores independientes que serían tres figuras que ocupen cargos en organismos o instituciones internacionales (...) Así mismo, dentro de la propuesta se incluiría una cláusula que estipule que los activos serán devueltos a la República una vez se logre la transición en el país y se elija un nuevo gobierno”, detalló Primero Justicia en su comunicado.
Pocas horas después de conocerse los comunicados de los partidos políticos opositores, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ofreció su propia versión de por qué las autoridades colombianas habrían tomado la medida de control sobre la empresa. “Es el pago que se está cobrando Colombia porque apostaban, pusieron plata para invadir Venezuela el 23 de febrero, porque de ser gobernada por Juanito Alimaña (Juan Guaidó) permitiría el paso de droga, y como eso no ocurrió, se tomaron Monómeros”, dijo Cabello en la noche de este miércoles, durante la transmisión de su programa semanal a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión.
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¿Por qué renuncia la presidenta?
En su comunicado, PJ habla de “falta de transparencia” de algunos de los ejecutivos de Monómeros, lo que aunado a la medida tomada por Supersociedades, habría llevado a los principales partidos de oposición -el denominado G4: PJ, VP, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo- a solicitar la renuncia de Carmen Elisa Hernández, quien fuera presidenta de Monómeros desde 2019, cuando la oposición asumió el control del activo.
“Me encuentro en absoluto desacuerdo con la posición adoptada por la Gerencia General y demás miembros de la junta directiva frente a la resolución de control emitida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia”, había argumentado, sin embargo, Hernández, en una carta que envió a Guaidó el 12 de septiembre, pero que divulgó este lunes a través de su cuenta de Twitter.
Tras la medida de las autoridades colombianas, Monómeros se había manifestado en desacuerdo con los fundamentos esgrimidos por estas y pedía que se revocara la figura de control.
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En entrevista con La República, divulgada este jueves, el gerente general, Guillermo Rodríguez Laprea, matiza la situación al asegurar que la decisión “no está en firme”, pero que, en todo caso, son “absolutamente respetuosos”, aunque creen que a la superintendencia le han dado información “desactualizada”.
“Quedó al descubierto el plan de un grupo de personas y empresas por hacer una toma hostil de Monómeros”, acotó en la mencionada entrevista, en la que sin embargo no ofreció mayores detalles del plan, sino que remitió a las declaraciones del Parlamento encabezado por Guaidó, en las que tampoco se identifica a los supuestos responsables.
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