Caracas — El nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicado este jueves, ha dado mucho de qué hablar.
Pero, sobre todo, ha resultado llamativo un párrafo: “En algunos casos documentados, agentes de seguridad o de inteligencia presuntamente utilizaron tácticas criminales, incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores reales o percibidos, para lograr los arrestos. Un acusado de participar en la Operación Gedeón dijo al Tribunal de Control en su audiencia preliminar que agentes de la DGCIM lo torturaron y le dijeron que aplicarían el “Sippenhaft”. Detuvieron posteriormente a sus dos hermanas y a su cuñado”.
“No conocíamos que esa táctica, que tiene tiempo utilizándose en Venezuela, su antecedente estuviera nada más y nada menos que en un régimen totalitarista como lo fue el nacionalsocialista”, dijo sorprendido a Bloomberg Línea el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
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Como otros especialistas y dirigentes opositores, Daniels destacó la rigurosidad del documento, que se basó en 177 entrevistas –muchas de ellas con actores del sistema de justicia–, una encuesta a ex jueces, fiscales y abogados; y los análisis de miles de páginas de expedientes judiciales, otros documentos oficiales y 183 detenciones de opositores reales o percibidos del Gobierno.
El resultado: la radiografía de un sistema de justicia venezolano “carente de independencia”, que habría perpetrado “graves violaciones de los derechos humanos” contra adversarios al gobierno de Nicolás Maduro.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión en rueda de prensa, según recoge una nota de prensa divulgada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este jueves.
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Órdenes de arriba
La Misión encontró motivos razonables para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia.
Fuentes del Poder Judicial les habrían informado que los jueces de todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, y que a veces estas órdenes proceden directamente de altas esferas del Gobierno y son canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia.
Los jueces que no han cedido a las presiones políticas, que a juicio de la Misión han sido incrementales desde 2014, habrían sido perseguidos, denigrados e intimidados; lo que ha generado un “clima de miedo”.
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De hecho, casi la mitad de los ex jueces y fiscales entrevistados por la Misión, junto con muchos de sus familiares, habían tenido que abandonar Venezuela temiendo por su seguridad; y muchos otros se negaron a hablar con sus miembros por temor a represalias, según se lee en la nota de prensa.
“El sistema de justicia de Venezuela necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que proteja los derechos de todos los venezolanos, de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, dijo Francisco Cox Vial, miembro de la Misión, según la misma nota de prensa.
La oposición venezolana ha catalogado este como un “duro golpe” al gobierno de Nicolás Maduro, uno que al menos el fiscal Tarek William Saab rechazó, por considerar que “mancilla” la imagen de sus funcionarios.
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“Rechazamos el supuesto informe de una comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima que ataca al sistema de justicia venezolano y los fiscales; quienes afrontamos a diario el asedio y exponemos nuestra integridad por mostrar cómo se deben hacer las cosas”, dijo en una declaración transmitida a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión, en la que aseguro que en Venezuela había más de 150 agentes del Estado procesados por presuntas violaciones de Derechos Humanos.
Sin investigaciones exhaustivas
Entre los casos que la Misión revisó se encuentran los que documentó en 2020, que involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales; y no encontró evidencia de que funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, “ni en ningún otro que haya investigado desde entonces”.
Entre ellos hay casos que han sido destacados recientemente por las autoridades venezolanas para demostrar supuestos avances positivos dentro del sistema judicial: como el del dirigente opositor Fernando Albán, quien murió tras haber caído al vacío desde el décimo piso mientras estaba detenido en la sede de la policía política, en 2015; el militar Rafael Acosta Arévalo, quien se desmayó y murió en una sala de audiencias de Caracas con signos evidentes de tortura, en 2018; y Juan Pablo Pernalete, un estudiante que murió después de que una granada de gas lacrimógeno golpeara su pecho a corta distancia durante una manifestación en Caracas, en 2017.
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La Misión estima que las acusaciones presentadas recientemente en estos casos tienen un alcance muy limitado y/o se centran en aislar a los autores de bajo nivel, en lugar de asegurar la rendición de cuentas entre personas de mayor rango en la cadena de mando.
“La abrumadora mayoría de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes que documentamos anteriormente dirigidos a opositores del gobierno no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas de todas y todos los presuntos responsables”, dijo Cox Vial.
Para Daniels, las conclusiones de este informe tienen una “enorme incidencia” por tratar el tema de la complementariedad que abordó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en su último informe.
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“Dos órganos diferentes, distintos, independientes uno de otro, están diciendo: ‘En Venezuela no hay un sistema de justicia, no hay jueces, sino funcionarios que cumplen órdenes’. Es un hito histórico en Venezuela que se diga, con mucho detalle y rigurosidad, que en Venezuela la justicia está al servicio de la injusticia”, acotó el abogado venezolano.
En un hilo de Twitter, la dirigente opositora Delsa Solórzano dijo que resultaba evidente que la CPI debía actuar “de inmediato” y ordenar el pase a investigación en el examen Venezuela I.
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