Tribunal ordena embargo a Centros Poblados por polémico contrato en Colombia

La Procuraduría había interpuesto una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca para que ordenara devolver el anticipo del contrato.

Tribunal administrativo de Cundinamarca
14 de septiembre, 2021 | 09:45 AM

Bogotá — El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó “medidas cautelares de urgencia” relacionadas con el polémico contrato de conectividad rural entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de Colombia (MinTIC) y la UT Centros Poblados.

Ese Tribunal ordenó el levantamiento del velo corporativo a las personas jurídicas que conforman la Unión Temporal y ordenó a la Superintendencia de Sociedades que, en el término de tres días, “realice las gestiones correspondientes en el marco de sus competencias”.

Ver más: Polémico contrato de conectividad rural pone contra las cuerdas al MinTIC

PUBLICIDAD

Es así que ha levantado el velo corporativo a la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros SAS.; Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora SAS.

También ordenó el embargo de las cuentas de ahorro y corrientes, CDT, etc. que tengan la Unión Temporal Centros Poblados, los socios de los miembros y quienes la integran por $70.243.279.599., que es el valor del anticipo pagado.

Además, decretó “el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, de rentas y derechos que llegasen a tener en otros contratos firmados con entidades públicas, cuentas pendientes por pagar y cobrar, etc”.

PUBLICIDAD

Ver más: Ministra TIC colombiana se adelanta a moción de censura y presenta renuncia

Para tal fin, requiere a la Superintendencia de Sociedades, a la Fiscalía, a la Superintendencia Financiera, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a la Procuraduría, a la Contraloría y a Colombia Compra Eficiente para que “procedan con la identificación”.

El escándalo por este contrato de conectividad rural llevó a la entonces ministra de ese despacho, Karen Abudinen, a renunciar luego de un año y cuatro meses en el cargo.

Los atrasos en el proyecto y la identificación de documentos falsos para participar en el proceso licitatorio, desvelaron varios aspectos polémicos acerca del contrato, uno de los mayores escándalos hasta ahora del Gobierno del presidente Iván Duque.

El lunes 6 de septiembre la Procuraduría General de la Nación informó que abrió formalmente una investigación disciplinaria contra Abudinen para determinar responsabilidades por el caso del contrato.