Panamá, entre los países con mayor riesgo de blanqueo de capitales en América Latina

El Índice AML del Instituto de Basilea, que mide el riesgo de blanqueo de capitales y terrorismo alrededor del mundo, ubicó a Panamá como uno de los países con mayor riesgo de que se produzcan estos delitos e indicó que cuenta con una capacidad media para contrarrestarlos.

El ranking situó a Panamá en el lugar número 16 de una lista de 20 países de América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que los primeros puestos son considerados como los menos vulnerables y los últimos como los de mayor riesgo, por lo que ocuparía el puesto número 5 si fuera una clasificación en orden ascendente.

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Panamá sólo está por detrás de Bahamas, Nicaragua, Islas Caimán y Haití, que es el país con la puntuación más baja y que ocupa la última posición.

Bajo este modelo de ranking, el país también ocupó el puesto 82 en una lista global que mide a 110 países del mundo y le asignó un nivel de riesgo medio-alto.

¿Qué riesgos encontró el informe?

El Instituto de Basilea, que es una organización independiente y sin ánimo de lucro con sede en Suiza, destacó varias tendencias que estarían limitando los resultados de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas son las más importantes:

Activos virtuales y lavado de dinero: El informe asegura que los gobiernos no están respondiendo “nada bien” ante las amenazas de blanqueo de dinero procedentes de criptodivisas. “El uso de activos virtuales como las criptodivisas se está disparando, tanto para fines legítimos como ilícitos”, indicó.

Basilea advierte que las criptodivisas pueden ser positivas para la inclusión financiera, sin embargo, su naturaleza “sin fronteras y su existencia fuera del sistema financiero formal” pueden ser una opción tentadora para que delincuentes las usen para evadir impuestos, financiar el terrorismo u ocultar las ganancias de la corrupción.

En enero de 2021, según el informe, había un aproximado de 106 millones de usuarios de criptodivisas en todo el mundo. Hay pocos datos sobre cuál sería el porcentaje que se usa con fines delictivos.

Eficacia de los sistemas de gobierno: El reporte señaló que la eficacia de los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales es “muy pobre” y que es muy común que los territorios cuenten con leyes e instituciones que cumplen en gran medida con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero que en la práctica son “ineficaces”.

Latinoamérica y el Caribe tienen, según el informe, un 25% en términos de eficacia en la implementación de medidas de prevención; y solo un 26% en medidas de aplicación de la ley como Investigación y persecución del blanqueo de capitales, enjuiciamiento y confiscación.

Además, la investigación resalta una lentitud en la aplicación de los registros de beneficiarios reales, lo que sigue “proporcionando refugios seguros para el dinero ilegal”, así como falta de transparencia en la titularidad real.

Autoridades públicas y empresa privada

Tanto las autoridades públicas (cuerpos de seguridad, unidades de inteligencia financiera) como los actores privados (instituciones financieras y empresas y profesiones no financieras designadas) deberían tomar parte en la lucha contra el lavado de dinero.

El índice señala que los delincuentes suelen utilizar complejas capas de estructuras corporativas legales que abarcan múltiples jurisdicciones para ocultar el origen ilícito de su dinero, por lo que las autoridades públicas deben centrarse en rastrear estas actividades de estratificación y establecer acuerdos de propiedad.

Por otro lado, el sector privado y las instituciones financieras deberían tener un papel de guardianes para evitar el ingreso de dinero ilícito en el sistema financiero.

Vigilancia sobre sectores clave

El estudio también resalta que los abogados, contadores, agentes inmobiliarios y otras empresas y profesiones no financieras tienen un rendimiento inferior en cuanto al cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Es por esto que sugiere una mayor supervisión sobre estos actores.

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“Los blanqueadores de capitales pueden comprar y vender propiedades o metales preciosos para ayudar a ocultar el origen ilícito de su dinero, como una capa en el esquema de blanqueo. El uso de vehículos corporativos les permite disfrazar la verdadera propiedad y el control de los fondos y activos, especialmente cuando los registros de propiedad efectiva no existen o están mal implementados”, destaca.

Además, señala que los reguladores están cada vez más preocupados por el hecho de que algunos abogados y contadores estén asesorando y ayudando a clientes delincuentes a ocultar y blanquear fondos ilícitos; o que se estén convirtiendo en intermediarios para “evitar el escrutinio financiero”.

El ranking de los 20 países de América Latina y el Caribe

La región obtuvo una puntuación de riesgo global superior a la media. El informe señala que esto se debe en parte a los elevados riesgos relacionados con el “secreto financiero” en las Bahamas, Panamá y las Islas Caimán. La puntuación media de riesgo para la transparencia y las normas financieras también fue alta.

Por otro lado, el informe destaca que hay una variación significativa en la región, la cual demuestra las diferentes capacidades institucionales de los países para mitigar los riesgos. La inestabilidad política y jurídica en Cuba y Haití estarían afectando las medidas en contra del terrorismo y el blanqueo en la región.

También señala que el 90% de las jurisdicciones de América Latina y el Caribe evaluadas figuran en la lista de “principales jurisdicciones de blanqueo de capitales” de EE.UU., todas excepto las Islas Turcas y Caicos y Uruguay.