Bogotá — Luego de un trámite rápido, la tercera reforma tributaria del gobierno de Iván Duque se convertirá en Ley hoy tras haber culminado su proceso de aprobación en el Congreso el pasado jueves 9 de septiembre. Sin embargo, la nueva tributaria no permite que se cante victoria del todo.
Pese a que se espera que la nueva reforma recaude más de $15 billones desde 2023 a través de ajustes a los impuestos corporativos, mecanismos para luchar contra la evasión, ahorros estatales, entre otras medidas, varios expertos han enfatizado en la necesidad de volver a hacer una tributaria en los próximos años, como ya es costumbre en Colombia.
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Hay que recordar que el recaudo de la nueva reforma es inferior en al menos $8 billones de la iniciativa que se presentó en abril y se retiró en mayo por su impopularidad. La propuesta fue estructurada por el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y buscaba entre otras cosas, ampliar la base gravable del impuesto de renta de personas naturales y del IVA.
Volviendo al tema inicial, si el país no quiere mantener una senda alta de deuda y de déficit que ya superan el 65% y -8%, respectivamente, un nuevo ajuste fiscal será necesario desde 2023, rescatan expertos e incluso se detalla en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), documento del Ministerio de Hacienda que da luces de la hoja de ruta de política fiscal para los próximos 10 años.
¿Por qué más reformas si recién se aprueba una?
Esta es una pregunta frecuente y para poner en contexto la discusión hay que traer como referencia al Mfmp presentado en junio de este año. Este indica que si se quiere estabilizar los niveles de deuda pública al 58,6% en 2032 y tener un balance primario neto estructural cercano al 1%, consistente con las metas de la nueva regla fiscal, hay que hacer un ajuste adicional desde 2023.
“Entre 2023 y 2029 se requiere de un ajuste fiscal adicional por parte del Gobierno Nacional Central (GNC). Este ajuste ascendería a 0,6% del PIB entre 2023 y 2026, y sería en promedio de 0,4% del PIB para el periodo 2023-2029″.
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Lo anterior significaría un ajuste del orden de los $6 billones entre 2023 y 2026, lo cual deberá venir de nuevos ingreso o ajustes en los gastos. Sin embargo, los gastos del país en su mayoría son fijos.
Las tareas pendientes del próximo gobierno
Según un informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana, “la reforma aprobada deja la mayor parte del ajuste fiscal al siguiente gobierno. Las presiones de gasto y las necesidades fiscales hacen muy probable que el país deba buscar otra reforma con medidas más estructurales desde el punto de vista de gasto y los ingresos tributarios”.
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Los expertos de la firma añaden que la Ley de Inversión Social, es decir la nueva reforma tributaria, “no logró avanzar hacia el objetivo de tener un sistema tributario más simple, sin trabas y con un mejor balance entre el recaudo a empresas y personas naturales, sino que retrocede en dicho objetivo”, puesto que pone mayores cargas a las empresas y no se modifica la base gravable del imporrenta de personas naturales, por ejemplo.
Hay que recordar que la mayor parte del recaudo de la nueva reforma tiene que ver con el aumento del impuesto de renta de personas jurídicas a partir del año gravable 2022 pasando de una tarifa de 30% a 35%. Esto trae consigo una sobretasa de impuesto de renta de 3 puntos porcentuales a las instituciones financieras entre 2022 y 2025, además, se desmonta el descuento de ICA en impuesto de renta y se mantiene en 50% en 2022. Con estos tres ajustes se recaudarían cerca de $12 billones desde 2023.
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Por su parte, María Fernanda Valdés, PhD en economía y coordinadora para la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, comentó que al próximo gobierno le tocará empezar su primer año de mandato con una tributaria que aumente el recaudo, pues, por un lado, tras el paso por el Congreso esta última reforma del presidente Iván Duque al final no va a recaudar tanto como se proponía y va a implicar mayores gastos a los planeados.
Para Valdés, la próxima reforma deberá hacer una ajuste del orden de 1 punto del PIB (alrededor de $10 billones). “Esto implica que el próximo gobierno muy seguramente tendrá que volver a bajar la tarifa de renta a las empresas a niveles competitivos, lo que solo podrá lograrse si se revisan y eliminan beneficios tributarios injustificados y se empieza a recaudar de otras fuentes que en esta reforma se ignoraron, como son los impuestos a la renta de las personas de altos ingresos, los impuestos verdes, digitales y saludables”.
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De acuerdo con Lina Ortiz, abogada consultora en impuestos, la próxima reforma tributaria debería realizar modificaciones que permitan reequilibrar el sistema tributario en Colombia, además de brindar mayor seguridad jurídica para las empresas.
En su opinión, se deben hacer ajustes en el impuesto de renta y el de patrimonio. Agregó que “es de suma importancia que no se incluya más el impuesto de normalización, que debiera ser una herramienta excepcional pero que se ha convertido en la regla general de las reformas tributarias, lo que desincentiva a los contribuyentes cumplidos”.
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Por último Carlos Prada, vicepresidente de Anif, indicó que el próximo gobierno deberá tramitar una reforma estructural en sus primeros meses de mandato, es decir, entre agosto y diciembre de 2022. “Sin importar la naturaleza ideológica del nuevo gobierno queda una tarea pendiente de resolver los problemas que tenemos en especial en exenciones que hay para algunas personas naturales y productos del IVA que aumenta la desigualdad del país porque subsidia a hogares de más altos ingresos”.
Prada agregó que la próxima reforma debería generar ingresos estructurales anuales del orden del 2% del PIB (alrededor de $20 billones).
