Caracas — Según un balance oficial de finales de agosto, las lluvias en Venezuela han provocado daños en 88 de los 335 municipios que tiene el país. Y a medida que los reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) aseguran que continúa “muy activa” la Zona de Convergencia Intertropical, cobra vida un viejo debate sobre quiénes son los responsables de las afectaciones.
En la tarde del pasado domingo, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó mediante un tuit que el Ministerio Público iniciaba una investigación penal al gobernador opositor Antonio Barreto Sira, por el supuesto riesgo al que habría sometido a poblaciones de Barcelona y Puerto La Cruz, en el estado oriental de Anzoátegui, “por su mala gestión pública, al omitir dolosamente inversión de recursos para evitar la obstrucción del canal de aliviadero” del río Neverí, el cual se desbordó y afectó a cientos de familias.
Unas horas antes, en una entrevista transmitida por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había hecho el llamado a la Fiscalía venezolana y a los órganos de justicia: “Mientras que el canal de aliviadero del río Neverí (está) tapado, inundadas sus poblaciones vecinas, el gobernador de Anzoátegui está en Miami dándose la gran vida. Eso es delito”.
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Barreto Sira, quien posteriormente reconoció que estaba de viaje, atendiendo una emergencia médica de su hija, había solicitado el jueves pasado al Ejecutivo que decretara Estado de emergencia en la entidad y que se le asignaran recursos para atender “con mayor eficiencia” la emergencia, poder brindar protección a las familias afectadas y mantener un plan de contingencia 24 horas “con equipos operativos”.
El diputado electo en 2015 por el estado Anzoátegui, Héctor Cordero, tambień salió al paso de las acusaciones este lunes y dijo: “Es una audacia, todos sabemos el nivel de obstáculos que le han puesto a la gestión (de Barreto Sira), el presupuesto, el hostigamiento que ha vivido durante su periodo gubernamental”.
Según Cordero, la Alcaldía de Barcelona, capital del estado, está en manos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y es la que tenía la responsabilidad “directa y presupuestaria” para la limpieza del mencionado canal. Además, recordó que dicha entidad tiene un “protector”, que es una figura paralela a la del gobernador, instaurada por Maduro en aquellos estados gobernados por la oposición, y que prometió eliminar después de las venideras elecciones regionales y municipales, pese a que este domingo destacó su labor en la que aseguró ha sido una atención “oportuna” de la emergencia por las lluvias.
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Desde la oposición, sin embargo, se ha acusado al gobierno de “desinteresado” y “negligente”. “Nos preocupa la vulnerabilidad en la que estamos los venezolanos, agudizada por el secuestro del Estado por parte de la dictadura y el colapso de nuestro sistema”, tuiteó en la noche del 28 de agosto el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por decenas de países.
Unos días antes, el 24 de agosto, se había manifestado en el mismo sentido: “Debemos superar urgente la catástrofe humanitaria generada por el régimen, porque los venezolanos estamos desprotegidos ante su improvisación y frente a los desastres naturales”.
¿Qué dicen los expertos?
En un foro virtual organizado por el diario venezolano Tal Cual, y transmitido a través de sus redes sociales este 1º de septiembre, tres expertos locales debatieron precisamente sobre las causas de las afectaciones por las lluvias y sus responsables.
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El ingeniero José Miguel Divasson aseguró que las responsabilidades de las autoridades están “teóricamente claras”, pero que hay “limitaciones”, no solo presupuestarias, sino de transporte y movilización.
Según detalló la también ingeniero Celia Herrera, desde el ejecutivo, hasta las autoridades regionales y locales, tienen responsabilidad sobre el mantenimiento, la preservación de obras, la protección de ciudadanía. “No hay ciudadano que debiese estar trabajando para hacer una labor que alguien más debió hacer”, dijo, en referencia a las labores que han adelantado ciudadanos en distintas comunidades para limpiar material que ha caído sobre las vías, por ejemplo.
“Las competencias de algunas de estas obras son de caracter nacional y es el Ejecutivo quien tiene que ejecutarlas, pero además quienes cuentan con los recursos suficientes para hacer las labores que se requieran”, dijo Herrera, al referirse, por ejemplo, a vías nacionales; mientras que cuando se trata de vialidad urbana, son responsables las autoridades locales. En cualquier caso, insistió, estas deben contratar a personas preparadas “técnica y profesionalmente”.
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Pero habría además un problema de fondo en el caso de las inundaciones. Según ambos ingenieros, los sistemas de drenajes de la mayoría de las ciudades del país tienen 50 y hasta 60 años de haber sido construidos.
“Cada vez que llueve una lámina mayor de 30 milímetros, tenemos inundación en las ciudades, son cosas que pudiésemos atenuar si adecuáramos todas las estructuras de drenaje, las limpiáramos, tuviésemos eficiente gestión de mantenimiento”, dijo Herrera.
Ambos especialistas coinciden, además, en que hay una responsabilidad compartida con los ciudadanos, pues algunos de los usuarios tiran desechos a las vías públicas que van a parar a los drenajes y los obstruyen. O, por ejemplo, intervienen cuencas de ríos o construyen en lechos de quebradas, “sin saber que con el tiempo el agua va a reclamar su terreno”, acotó, durante el foro, el especialista en planificación para casos de emergencias y/o desastres, Víctor Lira. Aunque en estos casos, según los expertos, las autoridades también son responsables de la educación de los ciudadanos.
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