Ciudad de México — Los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consumirán gran parte del presupuesto 2022, lo que implicará menos recursos para fortalecer otros rubros de gasto que la pandemia de COVID-19 hizo urgentes, como son la inversión en infraestructura en escuelas, en salud y en sistemas hídricos, así como la creación de un sistema de cuidados.
Un análisis realizado por Bloomberg Línea con base en datos de la Secretaría de Hacienda arroja que 79 programas prioritarios más el gasto comprometido en pensiones, participaciones a estados, costo de la deuda y recursos a Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE, consumirían alrededor del 86% del gasto público considerando como punto de partida para el ejercicio el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.
En otras palabras, esto significa que, el espacio fiscal para hacer política pública es reducido y que para atender las necesidades de gasto que la pandemia evidenció, el gobierno federal solo tendrá para maniobrar alrededor del 14% del presupuesto, lo cual resulta insuficiente frente a los requerimientos de gasto que identificó el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria.
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Los 79 programas prioritarios del gobierno, entre los que se encuentran programas sociales emblema como la pensión para adultos mayores y las becas para el bienestar, así como los proyectos Tren Maya, Refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, requerirían en 2022 un presupuesto total de un billón de pesos.
Esa cifra implica que el próximo año se necesitarán 203 mil millones de pesos más respecto del presupuesto que fue aprobado para esos 79 programas en 2021, es decir, financiar esos programas en 2022 costará lo equivalente a casi 1.2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
En tanto, el gasto comprometido e ineludible, que es aquel que se debe destinar cada año a pensiones, participaciones a estados, costo de la deuda y presupuesto a entidades como Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE, ascendería a 4.3 billones de pesos en 2022, esto es 300 mil millones de pesos más (casi 2 puntos del PIB) que el gasto aprobado para esos ramos de gasto este año.
Al sumar los 79 programas prioritarios con los rubros de gasto a los que el gobierno tiene que hacer frente de forma obligatoria, en 2022 esas partidas de gasto consumirán 5.3 billones de pesos, lo que representa 86% de los 6.2 billones de pesos aprobados en el PEF 2021.
Espacio fiscal en presupuesto se reduce
El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria considera que, debido a la crisis sanitaria y económica, la orientación del espacio fiscal debe ser concebida desde la expansión del gasto hacia la compensación de políticas de austeridad.
En ese sentido, en el PEF 2022 deberían estar incluidas cuatro propiedades para alcanzar un mayor espacio fiscal para educación, salud, sistema de cuidados, seguridad e inversión física (hídrica).
Sin embargo, el espacio fiscal para atender esos requerimientos de gasto es limitado.
En el análisis del Grupo de Transición, el gasto ineludible asciende a 5.7 billones de pesos, lo que representa 90.7% del gasto neto total aprobado para 2021; el grupo integró a su análisis otros rubros de gasto ineludibles como las aportaciones a estados y servicios personales del gobierno.
Por lo tanto, se tiene un espacio fiscal de 9.3% del gasto neto total que equivale a 588 mil 448 millones de pesos, lo que equivale a 2.4% del PIB.
Este análisis del Grupo de Transición está plasmado en un informe titulado ‘Nuevas políticas públicas contra la desigualdad’, el cual tiene el objetivo de ser la base de discusión de una eventual reforma fiscal y del proceso de aprobación del Paquete Económico 2022 en el Congreso.
Salud es tan solo un ejemplo del problema que tiene el gasto público en México en el sentido de lo que se aprueba, lo que se gasta en el mundo y lo que se requiere para satisfacer las necesidades presupuestales en esos rubros.
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Por ejemplo, el presupuesto aprobado para salud durante 2021 asciende a 680,898 millones de pesos, lo que representa 2.7% del PIB, sin embargo, el presupuesto en salud no cumple con lo recomendado en la Ley General de Salud ni por la Organización Mundial de la Salud sobre que los países de América Latina deben invertir al menos 6% de su PIB.
Para cumplir las recomendaciones se requiere un incremento de 818 mil 137 millones de pesos, para llegar a una cifra de 1.5 billones de pesos.
“Para los próximos años requerimos la disposición de un gasto público mayor en calidad y en monto, y con una fuerte presencia contracíclica, además de una política fiscal y recaudatoria mucho más activa y progresiva. La responsabilidad y la acción del Estado en la emergencia debe descansar en la sustentabilidad de largo alcance”, concluye el documento.
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