Bogotá — Alejandro Martínez ha sido vendedor de churros y galletas, ha conducido autos con Uber, ha actuado en teatro y ahora es el propietario de la única pizzería en Apopa, un municipio ubicado al norte de San Salvador, que recibe bitcoin. Su negocio, que ya tiene dos años, es uno de los pocos que se ha venido preparando en su ciudad para esta forma de pago que a partir del martes se convertirá en una moneda de curso legal en el país centroamericano.
Una pizza personal de US$25, equivalente a cerca de 50.000 satoshis (una unidad de medida que refleja fragmentos de bitcoin), terminó por abrirle las puertas a la nueva modalidad. “¿Y puedo pagar con bitcoin?”, fue la pregunta que le hicieron antes de realizar la que sería su primera transacción con este criptoactivo. Su impulso no es exclusivo, va más allá de Apopa y llega desde el Palacio Presidencial.
El presidente Nayib Bukele logró que la Asamblea Nacional le aprobara el 9 de junio un proyecto de ley que le dará el mismo estatus que tiene el dólar a esta criptomoneda. La iniciativa, inédita en el mundo, ha capturado titulares a nivel global y su entrada en vigor llega en medio de marcados contrastes de posturas: el entusiasmo del Gobierno y los fanáticos de la criptomoneda a nivel global por un lado, y la aprensión de la opinión pública salvadoreña (siete de cada diez personas consultadas en una encuesta cree que la ley debe ser derogada) la mayoría de las instituciones multilaterales por el otro.
El Gobierno de Bukele ha defendido la idea de que será una herramienta de inclusión, cuando 70% de los salvadoreños no tiene acceso a los servicios financieros.
“Va a incluir a la gente del mercado, a la gente que vende tortillas, a la gente que vende frescos. En realidad, va a ser un cambio, una inclusión de verdad”, dice Martínez sentado en una mesa de Perronas Pizzas. Sin embargo, advierte que todavía hay muchos tabúes, incluso con el pago con tarjetas de crédito, que pueden ser un obstáculo para masificar el uso del bitcoin. Él mismo ha tenido que aprender con videos y material que ha encontrado en Internet, ante la falta de información oficial.
Ver más: Estos fueron los Líderes Cripto de Latinoamérica en el primer semestre de 2021
Algo similar ha hecho René Alfaro, propietario de Power Cycles, un taller de motocicletas, ubicado en Aguilares, a una media hora en automóvil desde Apopa. Del bitcoin escuchó por primera vez en 2017 pero empezó a involucrarse con ella este año. Para ello fue clave el proyecto que se realiza en El Zonte, ubicado en la costa de El Salvador y considerado como un paraíso del bitcoin desde que Mike Peterson, un surfista californiano, empezara a liderar una iniciativa para que el municipio masifique el uso de la criptomoneda.
“Vi las noticias de El Zonte, de los cajeros, de las personas que estaban ahí comprando y vendiendo con bitcoin. Entonces dije ‘vamos a meternos un poco, a estudiar, a conocer un poco más’. Fue así como decidimos investigar, estudiar y plantearlo ya en el taller”, relata en diálogo con Bloomberg Línea.
Martínez y Alfaro tienen algo más en común: los dos utilizan Strike y Bitcoin Beach, dos de las apps más populares para hacer transacciones con bitcoin. Strike funciona como una billetera virtual para recibir dólares y desde allí envía el dinero a Bitcoin Beach, donde la divisa ya puede empezar a fluctuar según la cotización de esta criptomoneda. “Hace un mes pasé US$6,95 a la aplicación. Revisé justo antes del llamado y tengo US$10,50. Sin embargo, ha habido bajones”, advierte Alfaro.
La volatilidad es una característica del bitcoin. El 8 de mayo de este año cotizaba a US$58.803 y 15 días después ya había caído a US$34.770. A principios de septiembre, volvió a superar los US$50.000.
Uso, ¿opcional?
Bukele ha dicho que la ley “es ambiciosa, pero sencilla” y defiende que “está bien estructurada para que tenga riesgo 0 para quienes no quieran asumir riesgos”. Su uso, a pesar de los temores que despertó una vez que fue aprobada la ley, pareciera que será opcional. “Nadie va a recibir bitcoin si no lo desea por ningún tipo de pago”, dijo el mandatario, retractándose de la declaración que dio semanas antes en la que advirtió que si había “una señora que vende fruta en el mercado, está obligada a recibir el pago en bitcoin”.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, también ha dicho que los salarios seguirán siendo pagados en dólares y que el uso de la criptomoneda “será decisión de cada salvadoreño”.
Sin embargo, la ley de 16 artículos que fue aprobada por la Asamblea Nacional asegura que “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido”, pese a que “quedan excluidos quienes por hecho evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones”.
Ver más: Bitso, unicornio mexicano de criptomonedas, alista su aterrizaje en El Salvador
El Banco Central de Reserva emitió para consultas las normas técnicas para facilitar la aplicación de la ley. Estableció el 6 de septiembre como plazo máximo para recibir comentarios, es decir, un día antes de entrar en vigor la legislación. El documento dice que “los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas son los Bancos, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito que estén interesados en prestar el servicio de convertibilidad de dólares y bitcoin y viceversa”.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo en una entrevista con Telecorporación Salvadoreña, un canal local, que quienes no decidan aceptar este medio de pago “no serán sancionados, porque es totalmente opcional”. El documento del Banco Central aclarará las reglas finales.
La idea del gobierno es que a partir del 7 de septiembre los ciudadanos tengan la opción de bajar la app Chivo Wallet, que les servirá para recibir pagos en bitcoin o en dólares. Ya prometió que quienes la descarguen recibirán US$30 equivalentes en bitcoin para su consumo.
“Con esta aplicación podrán aceptar pagos en bitcoin o en dólares, abrir un pequeño negocio y manejarlo desde ahí, recibir dinero de familiares o amigos y enviar y recibir remesas sin pagar tan solo un centavo de comisión a nadie. Si quieren, si no, pues no descargan nada y ya”, escribió Bukele el 22 de agosto en su cuenta de Twitter.
También, prometió la instalación de 200 cajeros, de 50 sucursales para retirar o depositar el dinero y la creación de los Puntos Chivo, donde se recibirá ayuda sobre cómo utilizar la aplicación, los cajeros o el funcionamiento del bitcoin.
El presidente Bukele anunció, un día antes de entrar en vigencia la ley, que el país ya había comprado 200 bitcoin. “Nuestros corredores comprarán mucho más a medida que se acerque la fecha límite”, escribió en su cuenta de Twitter.
Ver más: El Salvador alista despliegue de bitcoin con cajeros automáticos
Las remesas serán clave
Donde más opciones ve el gobierno es en el envío de remesas desde el extranjero, mayormente desde Estados Unidos. El año pasado el país recibió US$5.900 millones, según datos del Banco Central, y hasta junio de este año la cifra fue de US$3.658 millones. Según Bukele, los salvadoreños en el exterior pagan US$400 millones al año en comisiones de envío.
“Enviar remesas desde Estados Unidos a El Salvador tiene un costo, el uso de esas aplicaciones móviles tiene el potencial de que un usuario en Estados Unidos pueda usar estas billeteras electrónicas para cargar la red de un familiar, sin costo de transacción. La apuesta más grande que nosotros vemos en El Salvador es que tiene un potencial de bancarizar a un segmento que normalmente no lo estaba y dar un paso más allá”, dijo Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en una videollamada con Bloomberg Línea.
El BCIE es la única entidad multilateral que acompaña a El Salvador en la implementación del bitcoin. El 27 de agosto publicó una convocatoria para contratar a una firma de consultoría para que realice un estudio de mercado y formule los parámetros de regulación necesarios.
El documento establece que pagará un monto de hasta US$85 millones y reconoce que existen obstáculos para la penetración, adopción y uso del bitcoin en El Salvador, entre las que destaca una “comprensión inadecuada de los funcionarios públicos, los formuladores de políticas, los empresarios y los ciudadanos”.
Ver más: El bitcoin ayudó a hundir los bonos de El Salvador. Ahora están volviendo a subir
Carlos Sánchez, jefe de inversiones del BCIE, dijo que la idea es tener una “hoja de ruta bien integral” para la implementación del bitcoin, para lo que tendrá que hacerse un análisis del entorno económico y una propuesta de marco normativo de esta criptomoneda.
Mossi explica que primero están acompañando al país en una asistencia técnica de cerca de US$100.000 y recalca que el papel del BCIE es darle asesoría a El Salvador, pero quien finalmente es el responsable de implementar la política es el gobierno de Bukele. “Creo que no va a ocurrir de la noche a la mañana. No es como la dolarización en su momento, que fue algo forzado. Esto es una alternativa que se le está dando al usuario”, dijo.
El presidente del banco insistió en que, según las conversaciones que ha tenido con los funcionarios salvadoreños, la conversión no será obligatoria, aunque resaltó que hoy por hoy la normativa está pendiente. “La prioridad número uno es educar al usuario final, porque puede darse el caso de que una persona diga tengo US$10 y al día siguiente tenga US$5 por variaciones del bitcoin en el mercado”.
Los fanáticos de la criptomoneda a nivel global están buscando darle un espaldarazo a la adopción de la moneda. Bloomberg reportó que un creciente movimiento en redes sociales está instando a la gente a comprar pequeñas cantidades de bitcoin el 7 de septiembre en apoyo al plan.
Los riesgos
Pero no todos comparten el optimismo de Mossi. El Banco Mundial se negó a aceptar el pedido de ayuda de asistencia técnica presentada por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. “Si bien el Gobierno se dirigió a nosotros para solicitar asistencia sobre el bitcoin, esto no es algo que el Banco Mundial pueda apoyar dadas las deficiencias medioambientales y de transparencia”, respondió el organismo según la agencia Reuters.
Gerry Rice, portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que la adopción de este criptoactivo como moneda de curso legal “plantea una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), consideró que no se puede describir a las criptomonedas como un medio de pago.
“Creo que de lo que podemos hablar es que son un activo de valor. Pero que muestran a su vez una gran volatilidad”. Por ello, cada país tiene que evaluar la pertinencia de su uso y “se tiene que tomar muy en cuenta las ventajas, pero también los riesgos”, dijo durante una reciente conferencia de prensa en Chile.
La agencia calificadora Fitch Ratings aseguró en un informe del 9 de agosto que la decisión no sólo podría dificultar el debate para un acuerdo de El Salvador con el FMI, que le permitiría financiarse con US$1.300 millones, sino que también “aumentaría los riesgos regulatorios, financieros y riesgos operativos de las instituciones financieras, incluida la posibilidad de violar las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y el terrorismo”.
Una semana después, el 16 de agosto, dijo que será negativo para las compañías de seguros locales, pues la falta de regulación “aumenta los desafíos para usarlo como depósito de valor y medio de pago, particularmente dado que los bancos centrales no lo han utilizado o adoptado previamente o comparables en otros mercados financieros globales”.
Moody’s rebajó el 30 de julio las calificaciones de El Salvador a Caa1 en una decisión en la que dijo que la adopción del bitcoin “conlleva riesgos para el sistema financiero, la estabilidad del régimen monetario del país y señala la falta de una economía coherente”.
Los bancos, a la espera
El sistema financiero de El Salvador está compuesto por 13 entidades financieras, con activos por US$20.688 millones al 31 de junio, en donde sobresale el ADN colombiano. Los cuatro principales bancos son el Banco Agrícola (propiedad del Grupo Bancolombia); el banco Cuscatlán; el banco Davivienda (también colombiano) y el BAC Credomatic (del Grupo Aval).
A las solicitudes de comentarios sobre el tema por parte de Bloomberg Línea, Bancolombia aseguró que la vocería la tenía la Asociación de Bancos de El Salvador (Abansa), Cuscatlán argumentó falta de tiempo, mientras que Davivienda consideró “no oportuno” pronunciarse. Al cierre de esta nota, los voceros del Banco Agrícola no habían respondido a la petición.
Sin embargo, los directivos de algunos de los bancos sí se pronunciaron ante los inversores, en las llamadas posteriores a la publicación de los resultados del segundo trimestre, según pudo constatar Bloomberg Línea. José Humberto Acosta Martín, director financiero de Bancolombia, dijo que “es importante mencionar que no se ha habilitado la apertura de cuentas de pago o depósitos en bitcoin”.
Ver más: El Salvador podría poner en peligro la cadena de bloques de bitcoin, según JPMorgan
Además, aseguró que el gobierno creará un fideicomiso para garantizar la convertibilidad automática y del nuevo gasto cuando se reciba bitcoin. “En el caso de las oficinas corporativas, estamos realizando las presentaciones necesarias para cumplir con las disposiciones de la ley, lo que implica un pago determinado de nuestros clientes a sus obligaciones en bitcoin, que inmediatamente compararemos a dólares. Por lo que no tenemos ninguna exposición en bitcoin”.
En una conferencia telefónica, Diego Rosas, jefe de Desarrollo Corporativo del Banco de Bogotá, recordó por su parte que las conversaciones de El Salvador con el FMI para obtener financiamiento, “incluyen cuestiones sobre la estabilidad financiera y la aplicación de la ley de criptomonedas”.
Abansa aseguró en un comunicado que, para fines contables, utilizará el dólar como moneda de referencia, por lo que los depósitos y préstamos seguirán contabilizados en dólares. “Por ser un tema innovador se considera indispensable que el Estado realice programas de educación financiera sobre el uso de este tipo de instrumento, a fin de preparar a la población”, agregó.
Steve Hanke, economista senior de la presidencia de Ronald Reagan e impulsor de reconversiones monetarias en economías emergentes, ha dicho que el bitcoin tiene el potencial de hacer “colapsar completamente la economía”.
Además elaboró un estudio en el que concluyó que la implementación de la ley no permitiría cumplir los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ayuda a controlar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo “Hemos seleccionado 27 comportamientos de los 58 del GAFI que prometen ser difíciles, si no imposibles, de cumplir para los bancos, comerciantes y clientes salvadoreños”, dice el estudio.
Una fecha “sin mayor impacto”
Para el presidente del BCIE, el 7 de septiembre pasará como una fecha “sin mayor impacto” que le dará un reconocimiento legal a algo que ya existe en El Salvador. “Hoy es un proyecto piloto que ha recibido la bendición de una ley marco y ahora es ver esto cómo se hace crecer de manera ordenada”.
El funcionario dijo que su adopción será gradual y que hay que ser “un poco pragmático” con lo que está sucediendo y ser conscientes de que el bitcoin ya se está utilizando en el país, a pesar de que no es algo masivo. “No es una reforma de grandes capitales entrando a El Salvador para buscar una conversión legal, sino más bien es una reforma desde abajo para incluir a los usuarios de menores montos a que sean parte de este esquema”, aseguró.
Un sondeo realizado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, en donde se obtuvieron 1.668 respuestas vía digital, encontró que 96% de los empresarios consultados no está de acuerdo con que el uso del bitcoin sea de forma obligatoria y 49% respondió que le preocupaba que así sucediera. Además, más de la mitad dijo que una vez los recibieran, los cambiarían por dólares y 77% dijo que seguirá usando la moneda norteamericana.
En la misma línea están los resultados de una encuesta de la Universidad Centro Americana (UCA), que detectó un rechazo mayoritario a la iniciativa. Realizado entre el 13 y 20 de agosto, el sondeo indicó que el 70% de las 1.281 personas encuestadas creen que la Asamblea Legislativa debe derogar la ley. Además, solo el 18,8% dijo estar “muy” o “algo interesado” en descargar la billetera digital del gobierno, mientras que el 13,1% dijo estar “poco interesado” y el 65,2% “nada interesado”.
“Con respecto al bitcoin, lo que resalta es el desconocimiento, desconfianza y poco interés de la población”, dijo al respecto Andreu Oliva, rector de la universidad.
René Alfaro, el dueño de Power Cycles, tiene claro que al implementar el bitcoin, su objetivo al final es tener un poco de publicidad y llamar la atención de los más jóvenes.
Alejandro Martínez, de Perronas Pizzas, también es pragmático. Dice que la economía no va a cambiar, ni se hará más rico. Al final, también lo ve como una oportunidad para crecer la popularidad de su negocio, más que para que aumenten sus ingresos. Pero, claro, también lo considera como un avance. “Por fin estamos tomando expresiones que no son del tercer mundo”, dijo.
