Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado este miércoles revela que más de 4.000 millones de personas en el mundo todavía no tienen acceso a protección social y que hay una disparidad muy marcada de inversión en cobertura entre las regiones, lo que explicaría que las respuestas a la pandemia hayan sido desiguales e insuficientes en muchos países.
La protección social es más amplia de lo que muchos creen, abarca el acceso a atención médica e ingresos mínimos, pero también medios de subsistencia para adultos mayores y para personas (y sus familias) que enfrentan casos de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente laboral, maternidad o pérdida del principal proveedor de ingresos familiares.
Guy Ryder, director general de la OIT, asegura que la pandemia exacerbó la disparidad entre los países de altos y bajos ingresos. Y que, ahora, cuando los gobiernos están diseñando estrategias para responder a los efectos de la crisis deben poner en el foco los sistemas de protección social basados en derechos.
“Estos sistemas pueden proteger a las personas de futuras crisis y dar a los trabajadores y a las empresas la seguridad para enfrentar las transiciones que se avecinan con confianza y esperanza”, dijo y agregó que una protección social eficaz es “esencial para la justicia social, el trabajo decente, la creación de un futuro sostenible y resiliente”.
Según cifras de la OIT, en 2020 sólo el 46,9% de la población mundial estaba cubierta por al menos una prestación de protección social y el 53,1% restante estaba totalmente desprotegida.
A niveles regionales hay desigualdades marcadas. Europa y Asia Central tienen las tasas de cobertura más altas con 84% de la población con al menos una protección y el continente Americano con 64,3%. Estas regiones están por encima de la media mundial, mientras que en Asia y el Pacífico (44%), los Estados Árabes (40%) y África (17,4%) se observa más deficiencia en políticas de cobertura.
¿Cuánto están invirtiendo los países en protección social?
Antes del Covid-19, los países gastaban una media del 12,9% de su Producto Interno Bruto (PIB) en protección social, excluyendo los gastos de salud.
Los países de renta alta gastaban una media del 16,4% de su PIB, es decir, el doble que los países de renta media-alta (la mayoría de países de América Latina están en este rango) que gastaban el 8%, seis veces más que los de renta media-baja (2,5%) y 15 veces más que los de renta baja (1,1%) como Haití.
En cuanto a proporciones del PIB, las diferencias se marcan entre regiones: 17,4% en Europa y Asia Central, 16,6% en América, 74,5% en Asia y el Pacífico, 4,6% en los Estados Árabes y 3,8% en África.
Este es el panorama en Latinoamérica:
¿Cuánto deberían invertir?
La OIT indica que el estado de protección social en el mundo ha avanzado, pero no lo suficiente. Según sus cifras, el déficit de financiación ha aumentado aproximadamente un 30% desde el inicio de la crisis por el Covid-19.
Teniendo en cuenta este impacto de la pandemia, la organización estima que para garantizar al menos una cobertura de protección básica, los países de bajos ingresos deberían invertir US$77.900 millones adicionales al año, o el 15,9% del PIB para cerrar el déficit de financiación anual.
Mientras que los países de ingresos medios bajos necesitarían invertir US$362.900 millones adicionales anuales o 5,1% del PIB y los países de ingresos medios altos US$750.800 millones adicionales al año o el 3,1% del PIB.
El déficit de financiación actual que debería cubrir América Latina y el Caribe es del 7,5% del PIB.
“Hay una enorme presión para que los países alcancen una consolidación fiscal, después de los gastos públicos enormes relacionados con sus medidas de respuesta a la crisis, pero sería sumamente perjudicial reducir los gastos en protección social; es necesario invertir en ello ahora”, declaró Shahra Razavi, directora del Departamento de Protección Social de la OIT.
¿Cómo está América?
En América algo más de la mitad de los niños, las mujeres embarazadas y las madres de recién nacidos están cubiertos por protecciones sociales. Sin embargo, las cifras no son igual de positivas para los desempleados dado que solo el 16,4% reciben prestaciones de desempleo y, aunque el 88,1% pueda disfrutar de una cobertura de pensión, los niveles de prestaciones suelen ser muy bajos.
Algunos países han logrado una cobertura legal universal y una elevada cobertura efectiva para niños como Argentina, Brasil; para las madres con recién nacidos en Uruguay; personas con discapacidad en Brasil, Chile y Uruguay. Personas mayores, Argentina, Bolivia y Trinidad y Tobago.
¿En qué categoría están los países de América Latina y el Caribe según sus ingresos?
Elevados ingresos: Chile, Puerto Rico, Uruguay, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Islas Vírgenes, Islas Caimán, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Guyana Francesa, Martinica, Islas Turcas y Caicos
Ingresos medios-altos: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, Belice, Dominica, Granada, Guadalupe, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam.
Ingresos medios-bajos: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
Ingresos bajos: Haití
Recomendaciones para los gobiernos
La OIT indica que los niveles actuales de gasto en protección social son insuficientes para cerrar las brechas de cobertura “a pesar de la gran -aunque desigual- movilización de recursos durante Covid-19”. Las inversiones deberían apuntar, según la organización, a garantizar al menos un nivel básico de seguridad de los ingresos y el acceso a la asistencia sanitaria para todos.
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“Los países tendrán que invertir en protección social para revertir la espiral de recesión que actualmente se apodera de sus economías, a pesar de la erosión a corto plazo de las finanzas públicas como resultado de la disminución de los ingresos fiscales y de las cotizaciones a la seguridad social”, explicó el organismo en su informe.
La OIT pide a los países considerar diferentes formas de movilizar los recursos necesarios para ampliar el espacio fiscal para la protección social, como por ejemplo:
- Ampliar la cobertura de seguridad social y aumentar los ingresos contributivos. Según la OIT, esta es una forma fiable de financiar la protección social. Las prestaciones vinculadas a las cotizaciones basadas en el empleo también fomentan la formalización de la economía informal. El Monotributo de Uruguay es un ejemplo notable de este efecto; Argentina y Brasil también han demostrado la viabilidad de ampliar tanto la cobertura como las contribuciones.
- Aumentar los ingresos fiscales. La organización recomienda aumentar los tipos y tasas de impuestos para invertirlos en protección social, por ejemplo, aplicando impuestos sobre los beneficios de las empresas, las actividades financieras, la propiedad, las herencias, las importaciones/exportaciones y los recursos naturales- o reforzando la eficacia de los métodos de recaudación de impuestos y del cumplimiento general. La OIT resalta a Bolivia en este punto dado que financia las pensiones universales, las prestaciones por hijos y otros regímenes con los impuestos sobre la minería y el gas natural. Y a Panamá que ha complementado los ingresos de la seguridad social con un elevado impuesto sobre el tabaco; y antes de 2008, Brasil aplicó un impuesto temporal sobre las transacciones financieras para ampliar la cobertura de la protección social.
- Eliminar los flujos financieros ilícitos. Intensificar los esfuerzos para acabar con el blanqueo de dinero, el soborno, la evasión fiscal, la fijación de precios erróneos en el comercio y otros delitos financieros que no solo son ilegales, sino que también reducen los ingresos que necesita el rubro de la protección social.
- Reasignar el gasto público y mejorar la calidad del gasto. La OIT sugiere evaluar las asignaciones presupuestarias y sustituir las inversiones de alto coste y bajo impacto por inversiones que tengan un mayor impacto socioeconómico. Por ejemplo, Costa Rica ha reasignado los gastos militares militares a la sanidad y ha introducido un nuevo modelo de atención sanitaria que reforzó las medidas preventivas y la promoción de la salud, lo que ha permitido mejorar sustancialmente la eficacia del gasto en términos de resultados sanitarios.
- Gestionar la deuda soberana a través de la reestructuración de la deuda. Esto implica explorar activamente las opciones de préstamos nacionales y extranjeros de bajo coste, incluidos los préstamos en condiciones favorables, tras una cuidadosa evaluación de la sostenibilidad de la deuda. Por ejemplo, en 2017 Colombia se convirtió en el primer país en desarrollo en lanzar un bono de impacto social.
