Bogotá — La ministra TIC colombiana, Karen Abudinen, ignoró este viernes en la Cámara de Representantes los pedidos de renuncia y criticó el “oportunismo político” ante los llamados de un grupo de congresistas para que se retire del cargo.
Los congresistas llamaron a que la funcionaria renuncie para facilitar las investigaciones y cuestionaron los detalles del polémico contrato de conectividad en escuelas rurales del país, para el cual hubo un adelanto de $70.000 millones a Centros Poblados, contratista que supuestamente habría presentado documentos falsos para participar en el proceso licitatorio.
Abudinen enfrentó este viernes el proceso de moción de censura citado por la oposición en el Congreso y se espera que su futuro en el cargo se decida en un lapso de diez días cuando se vote en la Cámara la moción. No obstante, trascendió que los partidos allegados al Gobierno votarán a favor de la ministra.
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“Este Ministerio ha dado toda la información que se ha requerido”, dijo la funcionaria en el debate y agregó que “los corruptos serían los mayores premiados” con su renuncia. “Han encontrado en mí, su mayor enemiga”, apuntó.
“Lo más fácil es que la ministra se vaya y todo se calma, no, lo más fácil es que yo me quede para acabar con este entramado”, apuntó.
En el debate, la representante por Alianza Verde Katherine Miranda manifestó que “no hay que ser experto en contratación ni en tecnologías de la información y las comunicaciones para darse cuenta de que detrás de este consorcio estaba Álvaro Cruz y Emilio Tapia, conocidos por el Carrusel de la contratación”, como se le llama en Colombia al escándalo de corrupción de contratación pública que explotó durante la Administración del exalcalde bogotano Samuel Moreno Rojas en 2010.
Miranda señaló que “no es justo con los colombianos que las empresas modifiquen los objetos para hacerse a los contratos” y cuestionó el hecho de que el dinero otorgado a los contratistas como anticipo para el proyecto “no ha salido del país de manera legal”.
“No hay una transferencia real de Centros Poblados hacia Estados Unidos”, afirmó durante su intervención.
El representante León Fredy Muñoz, por su parte, cuestionó delante de la funcionaria si “es corrupta o incompetente, una de las dos. Y eso es gravísimo en lo público”.
David Racero, representante a la Cámara por el movimiento Colombia Humana, pidió en su intervención que la ministra renuncie “porque su presencia impide la investigación”.
Y citó un “informe de la Contraloría, de febrero de este año”, para afirmar que “antes de que el dinero pasara a la fiducia” se llamó la “atención del Ministerio en relación con la pertinencia de entregar recursos sin documento detallado”.
Mi responsabilidad política consiste en destapar la corrupción dentro y fuera del MinTIC como lo he venido haciendo, poniendo la cara, a todos los congresistas los he mirado y escuchado sin temor.
Ministra TIC, Karen Abudinen
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Entre tanto, el congresista por el Polo Democrático Alternativo Germán Navas Talero cuestionó que “no eran 20 pesos lo que se estaba perdiendo, era mucho dinero, aquí se habla que el detrimento llegaría a un billón de pesos”.
“Sabemos que #MociónDeCensura nunca ha servido para que mayorías del Congreso saquen a un ministro. No somos ingenuos. Pero sí han servido para que los ciudadanos se interesen, escuchen, opinen y ojalá voten bien”, escribó en Twitter el representante por Alianza Verde Mauricio Toro.
Toro manifestó que el país está “lejos de alcanzar el 70 % de conectividad de los hogares. En vez de ser el Silicon Valley, lo que nos tienen es perdidos en un valle de corrupción. No permitiremos que una ministra que ha reconocido su incapacidad ante los corruptos, siga manejando nuestros impuestos”.
El representante de Cambio Radical Cesar Lorduy expresó que “hay que reconocer que alguien tuvo la valentía de hacer una audiencia de incumplimiento y reporta a la Fiscalía de manera inmediata, a partir de allí los medios le informan a la opinión pública”.
“Además del principio de buena fe, además del principio de inocencia, la ministra fue engañada”, defendió.
Para esta inversión, considerada la más importante del Estado en los próximos 10 años en materia de conectividad rural, se dividió el contrato en dos regiones. La zona A fue adjudicada a Claro y la B a Centros Poblados, un proponente muy cuestionado ante su presunta falta de experticia en el despliegue de esta infraestructura.
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La A está integrada por Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés, y la B la componen Amazonas, Arauca, Bolívar, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena Putumayo, Vichada, entre otros.
Esta fue una de las licitaciones más importantes del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) en años e involucra una inversión total por cerca de $2,1 billones, según lo dio a conocer el MinTIC.
Desde el año pasado cursaban tanto una acción de tutela (11001-33-42-049-2020-00350-00) como una acción popular (25000234100020200087400) para tratar de impedir la firma de los contratos, el desembolso de anticipos y/o la suspensión del proyecto de conectividad.
Incluso desde entonces advertían que el polémico proponente presuntamente no había obtenido una póliza de seriedad, por lo que debió presentar una garantía bancaria.
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