Ciudad de México — Cientos de empresas y personas físicas con actividad empresarial en México dejarán de operar y de facturar debido a que, por diversas razones, no concluyeron su proceso de regularización relacionado con la reforma que regula el outsourcing antes de este 1 de septiembre, fecha en la que concluyó la prórroga para la implementación de dicha reforma.
El 24 de abril de 2021 entró en vigor en México una reforma que regula el outsourcing, la cual dio a empresas y personas físicas un plazo de tres meses para que implementaran los cambios, ese plazo vencía a finales de julio, sin embargo, el Congreso legisló para otorgar una prórroga que concluyó este 1 de septiembre.
Aun con la prórroga de un mes, muchas empresas y personas prestadoras de servicios no pudieron concluir su proceso de regularización, en algunos casos porque simplemente dejaron para el último minuto la regularización, pero en la mayoría de los casos el atraso se debe a factores administrativos.
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La reforma que regula el outsourcing permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la contratante, siempre y cuando cuenten con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Esto quiere decir que, a partir de este 2 de septiembre todas aquellas empresas subcontratistas que deseen prestar servicios u obras especializadas, deberán estar inscritas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
Expertos laborales y fiscales dijeron a Bloomberg Línea que el problema inmediato de no contar con el registro ante el REPSE es que las empresas y personas dejarán de operar hasta en tanto obtengan el registro, y tampoco facturarán porque un requisito de la reforma para que las empresas subcontratistas puedan ser contratadas es que estén en el REPSE.
“Hay que pensar en las consecuencias de no haber obtenido el REPSE si se es una prestadora de servicios especializada. La consecuencia más relevante de no haber obtenido el registro en tiempo es que no van a poder facturar sus servicios hasta que no tengan el registro, ese es el gran tema”, señaló el especialista laboral y socio de la firma Littler, Jorge Sales Boyoli.
Comentó que hay empresas que ya asumieron esa consecuencia y probablemente facturen los servicios extemporáneamente a sus clientes una vez que tengan el registro, pero en tanto ocurre eso, el hecho es que lo que hace visible a una prestadora de servicios especializada en el mercado laboral es que esté facturando.
“Esa es la consecuencia más inmediata, que no estar en RPESE puede afectar el flujo de algunas compañías que no van a poder facturar hasta que tengan su registro”.
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El vocero de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), Rolando Silva, dijo que muchas empresas no tienen su registro en REPSE y serán afectadas en su operación, a pesar de que el atraso en su regularización es atribuible a factores administrativos que salen de las manos de los prestadores de servicios.
“Lo que va a suceder con quien esté en proceso o quienes no lo hayan iniciado es que van a tener que detener operaciones porque las operaciones que ellos tengan, el efecto fiscal favorable como es el de deducción y acreditamiento del IVA no va a funcionar”.
Para comprobar a la STPS que están en orden en sus obligaciones fiscales y de seguridad social, las empresas necesitan un documento denominado “opinión de cumplimiento” que el Servicio de Administración Tributaria o el Instituto Mexicano del Seguro Social no emitió a tiempo.
Además, el fisco mexicano no cuenta con citas suficientes para atender los diversos trámites relacionados con la reforma de subcontratación, lo que también ha generado un atraso en el registro ante STPS.
“Esto es totalmente injusto porque no solo se trata de la voluntad de los prestadores de servicios obligados, sino que hay temas que no forzosamente reflejaba el estado real de los procesos, es decir, yo podría haber pagado al fisco o al Seguro Social mis adeudos para regularizarme y tener que esperar un mes para mi opinión”.
Para el Gobierno de México la reforma que regula la subcontratación está dando sus primeros frutos y es por eso que decidió no otorgar una segunda prórroga.
De acuerdo con datos del IMSS, entre noviembre de 2020 y el 1 de agosto de 2021, alrededor de 2.5 millones de trabajadores migraron de una empresa prestadora de servicios de personal a una empresa real. De este universo, se observó que el salario subió 12% con la regularización.
El titular de la Unidad de Trabajo Digno de STPS, Alejandro Salafranca, dijo que, ante el ánimo de las empresas por cumplir con la reforma, no iniciarán de inmediato los operativos de fiscalización a las empresas que estén fuera de la Ley, ya que el objetivo primordial es que más trabajadores sean formalizados.
“No estamos en fase de fiscalización, sino de registro y cumplimiento, ya habrá tiempo para fiscalizar”, refirió en entrevista.
Lo que tiene que quedar claro -dijo- es que a partir de este 2 de septiembre toda empresa que tenga una plantilla o trabajadores subcontratados a través de un tercero o un intermediario subcontratista, está en la ilegalidad porque ya está prohibida la subcontratación de personal.
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