Bogotá — Tras varios intentos fallidos, la propuesta de incluir el impuesto a las bebidas azucaradas volvió al ruedo en Colombia, esta vez, tras una proposición de la Federación Nacional de Departamentos a la nueva reforma tributaria que cursa en el Congreso.
Una vez se conoció que la Federación propuso el tributo, se empezó a pedir desde algunos sectores que se retire la iniciativa. Vale recordar que el impuesto se ha intentado meter sin éxito en las tributarias, al menos, desde 2016.
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Recientemente Fenalco, aseguró que “en la práctica se convierte en un impuesto a los tenderos de Colombia”, puesto que “las bebidas no alcohólicas son el segundo producto de venta en las tiendas y arrastra además la compra de productos comestibles complementarios”.
El gremio de los comerciantes añadió que un encarecimiento del precio de las bebidas azucaradas representaría una disminución considerable en las ventas de las tiendas de barrio afectando principalmente a los micro y pequeños empresarios.
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“Una medida de este tipo desconoce claramente la dinámica de los tenderos. Un micro comerciante lucha diariamente para lograr un salario mínimo mensual en términos reales. Para esto, debe hacer una combinación de productos, pero si uno de estos pierde participación, cae como cascada el resto”,
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Sin embargo desde Dejusticia, una de las entidades que ha estado a favor del impuesto, aseguran que “el consumo de productos ultraprocesados, como las bebidas azucaradas, ha demostrado ser una de las principales causas de obesidad y sobrepeso”.
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Para los expertos de Dejusticia, el debate del impuesto a bebidas azucaradas cobra mayor relevancia en un contexto global de pandemia donde la obesidad ha sido identificada como una comorbilidad asociada al riesgo a enfermarse gravemente y en particular en Colombia con un escenario de reestructuración económica como el que plantea la reforma tributaria.
¿Qué impactos directos podría tener el impuesto?
Dejusticia resalta que hay tres principalmente:
- Disminución en el consumo de bebidas azucaradas: un impuesto del 24% a estos productos tendría el potencial de reducir la obesidad en los hogares de ingresos más bajos entre un 5% a un 10%, y en los hogares de ingresos medios entre 5% y 8%.
- Reducción en los gastos del sistema público: para 2016 se destinaron más de $25 billones anuales de los recursos en salud a la atención de enfermedades prevenibles en Colombia. “Tan solo el gasto por diabetes atribuible a bebidas azucaradas se estima en más de $740.000 millones al año”.
- Recursos públicos nuevos: se generarían recursos fiscales, los cuales pueden ser útiles para la financiación de bienes y servicios públicos, programas y demás políticas direccionadas a mejorar la salud pública. Estimaciones para el caso colombiano muestran que una sobretasa del 20% al consumo de bebidas azucaradas generaría al menos $1 billón anuales.
Sin embargo, como ya se mencionó, según Fenalco los principales impactos directos los sentirían los micro y pequeños tenderos de Colombia. En su gran mayoría se afectaría a las mujeres puesto que gran parte de las tiendas son lideradas por ellas como una forma de mantener a sus familias.
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La propuesta de la Federación
La Federación asegura que el tributo “consiste en una conciliación de las diferentes tarifas, determinando una de $300 por cada litro (mil centímetros cúbicos o su equivalente) para bebidas nacionales y extranjeras; en donde sólo los productos lácteos, las bebidas vegetales, al igual que la panela, estarían exentos”.
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Así mismo, indica que el uso de los recursos recaudados por dicho tributo sería el siguiente: “50% de los recursos irían a la red hospitalaria pública de los departamentos y el Distrito Capital, y el 50% restante para financiar el funcionamiento del sector salud del nivel departamental y programas y proyectos de inversión en salud pública”.
Vale mencionar que según Fededepartamentos, citando estimaciones del Ministerio de Salud, la Universidad Nacional y RedPapaz, el recaudo del impuesto a las bebidas azucaradas y endulzadas oscilaría entre $1,5 billones y $2 billones anuales.
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