Bogotá — El Gobierno Nacional retiró el proyecto de reforma tributaria que desató las protestas en abril, cambió el equipo económico y entrego al Congreso una nueva iniciativa en materia de impuestos, pero aún así el inconformismo social permanece y tendrá un nuevo capítulo en las calles de las principales ciudades del país este jueves.
Los promotores del paro nacional que vivió Colombia en meses pasado volvieron a convocar a los manifestantes para este jueves con el propósito de rechazar en texto de reforma tributaria que presentó en Gobierno.
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En abril, aseguraron que el proyecto de ley acabaría con la clase media colombiana. El de ahora, que ya pasó el primer debate en Congreso, dicen también lo hará, pero por otra vía.
“La nueva Reforma Tributaria de Duque sigue teniendo un profundo carácter neoliberal y regresivo, pues mientras de una parte mantiene incólume las gabelas a las grandes empresas y al capital financiero, descarga sobre los hombros de los trabajadores del Estado medidas regresivas como el congelamiento de salarios y facultades extras a Duque para una reestructuración de empresas del Estado, que como de costumbre, es una masacre laboral en el sector público”, dice en denominado Comité Nacional de Paro.
No obstante, hay que tener en cuenta que el proyecto de reforma tributaria que se aprobó el miércoles en su primer debate plantea que las personas jurídicas, es decir, las empresas, paguen una tarifa de renta del 35%, mientras que bajo las condiciones actuales sería del 31%.
Además, el proyecto de ley contempla una sobretasa de 3 puntos porcentuales para el sistema financiero colombiano, es decir, será siete puntos porcentuales más alta que el 31% que les regiría bajo las normas vigentes. Dicho esto, el sistema financiero pagará renta del 38% y las demás empresas del 35%.
Pese a ello, los opositores a la iniciativa aseguran que es injusto con las pequeñas y medianas empresas ya que deberán tributar al mismo 35% que lo harán las grandes compañías y multinacionales.
Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara de la Comisión Tercera, aseguró que esto no es cierto dado que “el proyecto de Ley que se presentó incluye una ampliación del rango de empresas que pueden acogerse al Régimen Simple. Es decir, bajo las condiciones actuales una empresa con facturación de 80 mil UVT, unos $2.500 millones puede hacer parte del régimen, con los cambios que introduce el proyecto se aumenta el grupo de empresas hasta las que facturan 100 mil UVT, esto es hasta $3.600 millones”.
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Hay que precisar que el Régimen Simple fue diseñado con el propósito de unificar en uno solo varios impuestos a los que estaban obligadas algunas empresas e incluso personas naturales con actividades industriales, ello les permitió formalizar sus negocios y sanearse fiscalmente con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Lo que preocupa
Más allá de la reforma tributaria que el Gobierno presentó en reemplazo del proyecto que se le hundió en abril ante la incapacidad del exministro Alberto Carrasquilla para convencer a la ciudadanía y al Congreso de la conveniencia de esta, los promotores de la nueva jornada de protestas reclaman el nulo avance de las iniciativas que llevaron al Congreso de la mano de 50 legisladores de los partidos, Verde, Liberal, Decentes, Polo, Dignidad y Comunes.
Los proyectos presentados están orientados a: matrícula cero, renta básica, derogatoria del piso de protección social, derecho a la protesta, reforma a la policía, protección contra la violencia de género, fijación de precios de insumos agropecuarios, participación política de los jóvenes, reactivación económica en el campo y la reactivación de las mipymes así como la generación de empleo.
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Algunas de estas temáticas como lo son la matrícula cero, el apoyo a mipymes o la renta básica están contenidos, no en su integridad sino con algunos matices, en el proyecto de reforma tributaria. El proyecto incluye una adición presupuestal para algunos programas sociales del Gobierno que vencieron en julio y que se busca mantener incluso hasta 2022.
Juan Camilo Restrepo, exministro e Hacienda y de Agricultura, aseguró que preocupa que se utilicen las marchas como un método de presión para promover los proyectos en el Congreso.
“Nadie puede garantizar que no se traduzca en protestas con visos vandálicos. De todas maneras, es una forma curiosa porque los promotores del paro presentan unos proyectos de ley para que los estudie el Congreso y convocan a unas marchas mensuales para presionar la aprobación de estos”.
Incluso, advirtió el exfuncionario que preocupa, además, porque la pandemia sigue siendo un riesgo, no solo para la salud de quienes marchan, sino para la economía. “Uno no puede presionar a Congreso de esa manera. Si los proyectos son buenos el Congreso deberá acogerlos, pero no con la presión de unos paros o protestas desordenadas cuando la pandemia ni siquiera ha desaparecido”.
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Vale tener presente que las protestas de mayo se dieron durante uno de los momentos más críticos del tercer pico de la pandemia del Covid-19. En esos meses se registraban alrededor de 25 mil casos nuevos por día, y se reportaron cerca de 600 muertos. Hoy el panorama para las protestas es distinto, los casos activos están ligeramente arriba de 30 mil y los decesos diarios se ubican en menos de 100 ya desde hace algunos días.
Un nuevo paro sería más costoso que el primero
En todo mayo y parte de abril se presentaron manifestaciones, la mayoría de ellas pacíficas, pero también otras que derivaron en disturbios, enfrentamientos con la fuerza pública y bloqueos de vías principales, tanto en ciudades, como en las principales carreteras del país.
A pesar de ello el Producto Interno Bruto de Colombia se expandió un 17,6% en el segundo trimestre. Los analistas del mercado colombiano coincidieron en que, de no haberse presentado esos eventos de mayo, la expansión del PIB podría haber sido incluso del 20%.
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No obstante, gran parte de ese crecimiento fue provocado por lo que los expertos consideran “una baja base estadística de comparación”. Es decir, dado que se comparó con el comportamiento del PIB entre abril y junio de 2020 era esperado que el repunto fuera muy contundente dado el cierre generalizado de la economía durante ese periodo el año pasado.
Pero también consideran que el precio que pagaría la economía por un nuevo paro podría ser mucho más costoso ahora ya que en el mismo lapso del año pasado, la economía comenzaba a reactivarse tras la para.
“No hay que repetir lo que pasó en mayo. No por las protestas como tal, que son un derecho constitucional, sino ojalá no se presenten nuevos bloqueos que son los que podrían afectar la actividad económica como lo dijimos en Fedesarrollo, lo cual vimos en segundo trimestre. Lo que genera preocupación es que las movilizaciones vengan con bloqueos que afecten las cadenas de abastecimiento”, dijo Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.
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Además, añadió que “lo que no queremos es que se repitan las afectaciones porque el empleo es el que más se afecta. La tasa de desempleo del primer trimestre fue de 14.5%, y la del segundo del 15.1%, o sea, aumentó por el deterioro de la actividad económica”.
El exministro Restrepo coincide con mejía, pues cree que “si es un paro de un solo día no hay por qué no aguantarlo, pero si esto lleva a más paros y bloqueos y protestas vandálicas eso va a llevar a que se recienta el proceso de recuperación de la economía. Todo lo que sea dilatar la puesta en marcha de la economía a su ritmo normal afecta el empleo, tanto de los nuevos, como los que ya se perdieron y se quieren recuperar”.
Y ese también es el pensamiento de Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, quien considera que “las protestas no tienen por qué afectar, lo que afecta es que esas protestas deriven en actos vandálicos y bloqueos. En mayo y junio fueron alrededor de 3.000 bloqueos por 43 días que lo que hicieron fue ahogar la economía del país”.
Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria también cree que de la experiencia que dejó del paro de mayo se tuvo que haber aprendido para evitar que se repitan los mismos hechos. “Lo importante de las movilizaciones que convocan es que no terminen mal. Que el resultado final no sea violento, y que no termine en bloqueos que terminan por afectar el camino que ya recorrió la economía para poder volver a crecer a los niveles que se necesita para garantizar el ajuste adecuado de las finanzas”.
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En las protestas pasadas Cali se convirtió en el epicentro de las manifestaciones. El Observatorio de Políticas Públicas (POLIS) de la Universidad Icesi en conjunto con la Fundación WWB Colombia realizaron una encuesta a pequeños negocios del sector informal de la ciudad, que en su mayoría son liderados por mujeres (80%), y encontró que estos experimentaron una caída en ventas del 43% durante la coyuntura. Sin embargo, el resultado también mostró que el 89% de los negocios encuestados apoya las demandas del paro nacional.
Otros hallazgos revelaron que el 88% de los negocios presentó dificultades de operación y el 21% tuvo que prescindir de sus empleados.
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Por ahora la convocatoria de protestas es solo por este jueves. Según como se desarrolle se sabrá si vendrán nuevas jornadas. Lo que es cierto es que los expertos creen que nuevas jornadas de bloqueos dejarán en jaque la consolidación de la reactivación económica.
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