Caracas — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el Gobierno venezolano había dirigido este lunes una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, detallando el supuesto daño que ha causado el que denominó de “bloqueo criminal” contra Venezuela.
Entre otras cosas, Rodríguez hizo referencia a más de 31 toneladas de oro en disputa en Inglaterra, a más de 7.000 millones de dólares bloqueados en bancos en el extranjero; además de 192 personas, 150 empresas , 69 embarcaciones, 30 buques y 58 aeronaves sancionados.
“En cinco años Venezuela está en el quinto lugar de mayor número de medidas coercitivas unilaterales entre una treintena de países sancionados”, aseguró Rodríguez.
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Según ella, han sido estas medidas, especialmente las que aplican sobre la industria petrolera, las que han provocado el ”colapso” económico del país.
“En materia jurídica, se puede decir que hemos completado el ciclo para demostrar que hay causas razonables, en esta remisión que se ha hecho a la CPI, para afirmar que se ha cometido un delito de lesa humanidad contra el pueblo venezolano”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa este martes, en la que presentó la que aseguró era “apenas una muestra” de un informe “muy completo” sobre el impacto de las sanciones.
“Que ellos lo consignen y que ellos crean que es así, no significa que la Fiscalía piense lo mismo. Antes bien, la Fiscalía puede decir: ‘Esto no está aprobado’, como nosotros creemos que debe decir, porque la emergencia humanitaria compleja es previa a las sanciones”, acotó, en conversación con Bloomberg Línea, el director de la organización venezolana Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
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Venezuela II
Rodríguez recordó que el proceso inició en febrero de 2020, cuando el entonces canciller venezolano, Jorge Arreaza, introdujo una demanda ante la CPI por los que consideró crímenes de lesa humanidad, por parte del gobierno de los EEUU, contra el pueblo de Venezuela.
En compañía de otros personeros del gobierno venezolano, Arreaza entregó entonces una carta suscrita por el presidente Nicolás Maduro, en la que este solicitó formalmente el inicio de una investigación sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad, que se derivarían “de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas desde el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo y el Estado venezolano en su conjunto”.
Inició, así, el segundo de los exámenes preliminares en curso sobre Venezuela en la CPI, el denominado Venezuela II, el cual está en etapa dos -según informó Daniels-, en la que la fiscalía debe probar si se han cometido crímenes de lesa humanidad.
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El otro examen en curso, el Venezuela I, es sobre presuntos delitos cometidos desde abril de 2017, en el contexto de manifestaciones antigubernamentales y disturbios políticos, sobre el que se conoció un último informe este mismo mes de agosto, de la exfiscal Fatou Bensouda.
“Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los casos potenciales identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”, se lee en el documento de Bensouda.
El gobierno venezolano lo rechazó “Desconocemos cuáles sean esos casos potenciales identificados por la Fiscalía, porque durante todo el período del examen preliminar se nos ha sustraído esa información, a pesar de nuestras insistentes peticiones de conocimiento”, publicó la Fiscalía venezolana en un comunicado.
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El anuncio de si se abre o no una investigación, en ambos casos, corresponde ahora al fiscal Khan, un hombre que, a pesar de haber defendido a Seif al-Islam, un hijo del exdictador libio Muamar Gadafi, ante el propio Tribunal Penal Internacional, también ha sido parte de la Fiscalía en tribunales de Ruanda y la ex Yugoslavia, y abogado de víctimas en sitios como Camboya, Albania, Sierra Leona y Camerún; además de haber ocupado el cargo de subsecretario general de las Naciones Unidas. Y tiene “muy buenas referencias” para los expertos locales.
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