Bogotá — Los bienes de los polémicos contratistas envueltos en un presunto caso de corrupción ya fueron embargados a nombre del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) para recuperar los más de $70.000 millones de anticipo de un millonario contrato de conectividad rural.
“Ya tenemos los bienes embargados, el interés general sobre el particular”, destacó la jefe de esa cartera, Karen Abudinen, durante el debate de control político en el Senado por su actuación en este episodio que la ha puesto contra las cuerdas.
“Aquí tenemos que investigar de verdad estas empresas y que paguen por lo que hicieron, hemos actuado y hemos actuado bien, con sensatez, con rapidez, con diligencia, con eficiencia, con pasión, con amor en beneficio de los colombianos, eso es lo que hemos hecho”, añadió.
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El 19 de agosto el Ministerio inició el cobro coactivo en contra de la UT Centros Poblados y sus integrantes, por lo que embargó los bienes y activos de los socios, entre estos, más de 21 cuentas bancarias, 70 vehículos y varios edificios y lotes.
Durante el debate, la ministra dijo que los contratistas de la Unión Temporal Centros Poblados han apelado a distintas “artimañas” para “dilatar los procesos”, entre ellas, nombró cuatro tutelas frente al tema de la caducidad y una frente a la interventoría.
Karen Abudinen manifestó que para ir a la Fiscalía no podían llegar solamente con una denuncia verbal, sino que tenían que recopilar las pruebas del caso, entre ellas, el certificado del banco Itaú de que la garantía presentada por el contratista era falsa.
“Le pedí al banco que si de manera inmediata nos podía certificar que ellos no expidieron esa garantía, a los 15 minutos teníamos ese certificado. Con ese certificado nos fuimos a la Fiscalía donde hice la denuncia ese mismo día”, dijo Abudinen.
Durante el acto también recordó que este delito es un precedente para el país en materia de contratación estatal y por ello el Gobierno empezó a tomar medidas con la Circular 00, referente a los mecanismos para fortalecer la debida diligencia de los beneficiarios de pólizas de seguros, garantías y avales bancarios.
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El MinTIC calificó a los contratistas como “una banda de corruptos” que fue capaz de pasar garantías bancarias falsas y mencionó investigaciones periodísticas para señalar que es “probable” que haya ocurrido en muchos otros contratos en el pasado con diferentes entidades públicas.
La ministra manifestó que los recursos del MinTIC fueron a la fiduciaria BBVA y esta giró los pagos que la firma interventora autorizó con documentos soporte que “no le dieron tranquilidad”. En este sentido apuntó a la presunta responsabilidad que habría por parte de esta.
“Los $70.000 millones se entregan a la fiducia, todos conocen la fiducia del BBVA, un banco reconocido de una alta trayectoria. Un banco que seguramente muchos del Gobierno y muchos contratistas lo tienen como fiducia, y resulta que lo que hizo el Ministerio fue desembolsar esos recursos al banco”, contó Abudinen.
“El comité fiduciario aprueba la autorización, pero con un certificado bancario del 2017 a una cuenta de EE.UU. (…). Eso no es normal, no puedo creer que un banco entregue $58.000 millones con una certificación bancaria del 2017 (…). Nos vamos a ir contra la fiducia porque nos tiene que responder también por esos $70.000 millones”, amplío.
Para esta inversión, considerada la más importante del Estado en los próximos 10 años en materia de conectividad rural, se dividió el contrato en dos regiones. La zona A fue adjudicada a Claro y la B a Centros Poblados, un proponente muy cuestionado ante su presunta falta de experticia en el despliegue de esta infraestructura.
Esta fue una de las licitaciones más importantes del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) en años e involucra una inversión total por cerca de $2,1 billones, según lo dio a conocer el MinTIC.
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