En momentos en que la brecha de género en los distintos ámbitos socioeconómicos de América Latina se encontraba en el centro del debate público, la pandemia de Covid-19 impactó de manera desproporcionada a las mujeres de toda la región.
Según un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina ya tenía la tasa de crecimiento más alta del mundo en cuanto a la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Esta proporción alcanzó el 58% en 2019 frente al 52% del 2000, un ritmo que según el banco no tenía precedentes y hubiera igualado en 2055 el 69% de los Estados Unidos. Sin embargo, indica, la pandemia provocó un retroceso de al menos una década en este indicador.
Ver más: Las mujeres retroceden una década en el mercado laboral por el covid
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera, por su parte, que el retroceso es mayor luego de que en 2020 “se registrara una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron las búsqueda de empleo”.
Se calcula, dice el informe, “que la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 12% en 2020, porcentaje que se elevaba al 22,2% si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019”.
Pero, a la vez, tampoco hay escasez de iniciativas destinadas a contrarrestar la tendencia. Y en una serie de 12 entrevistas a lo largo de la región, Bloomberg Línea habló con mujeres que lideran estos esfuerzos desde el sector público, privado y de la sociedad civil.
Un impacto más fuerte que en el resto del mundo
Para Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam, el impacto de la pandemia en América Latina ha sido desproporcionado en comparación con el registrado en el resto del mundo. Y no solo ha afectado la salud, sino también el ámbito social y la economía.
“A pesar de tener el 8.3% de la población mundial, tenemos el 20% de los casos y el 32% de las muertes (por Covid-19)”, dijo enfatizando que estas cifras jugaron un papel central en la caída del 7.7% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.
“Es más que catastrófico y mucho más fuerte que en otras regiones del mundo (...) La desigualdad económica también es desigualdad de género y desigualdad en temas raciales y étnicos, entonces sabemos que hay un impacto desproporcionado” en estos grupos, manifestó.
Según el Observatorio Laboral Covid-19 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en América Latina y el Caribe se llegaron a perder más de 31 millones de empleos durante la pandemia. Pero en términos relativos las mujeres han perdido más trabajos que los hombres y están tardando más tiempo en recuperarlos, especialmente en Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú y Paraguay.
Según datos de McKinsey & Company, a nivel mundial los empleos femeninos son 1,8 veces más vulnerables a esta crisis de salud que los puestos de trabajo de los hombres. Y, aunque las mujeres representan el 39% del empleo, el 54% de la pérdida total de los puestos de trabajo han sido femeninos.
María-Noel Vaeza, directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, indicó que uno de los mayores problemas que la crisis de salud sacó a la luz y acrecentó fue que la labor relacionada con los cuidados no se reconoce.
“Tiene que haber una consciencia de la necesidad de redistribuir las tareas del hogar y reducirlas para que la mujer pueda tener tiempo suficiente para atender otras actividades económicas, políticas o de ocio. No es posible que la mujer siga teniendo 3.5 veces o 4 veces más responsabilidad en las tareas de cuidado no remuneradas que los hombres”, dijo.
En la misma línea, la directora Nacional de Economía y Género del ministerio de Economía de Argentina, Mercedes D’Alessandro, aseguró que “la gran política de género” en el país “es la inversión en la infraestructura de cuidado”.
El estado argentino se destacó a nivel regional durante la pandemia por implementar la mayor cantidad de medidas con perspectiva de género, según un índice elaborado por ONU Mujeres. El índice muestra que de sus 43 medidas tomadas para finales de julio, 26 tuvieron esta característica. En agosto de 2020, el país se encontraba al tope del ranking global. Actualmente, al contrastar las cifras con las del resto de la región, Costa Rica muestra la misma cantidad, mientras que Chile y Colombia han tomado 25.
D’Alessandro aseguró que el cuidado debe ser central para avanzar con cambios estructurales e indicó que en este marco el gobierno está llevando a cabo un proyecto para construir 300 Centros de Desarrollo Infantil entre 2021 y 2022.
El plan busca “reducir la brecha de pobreza en términos de tiempos disponibles para realizar otras actividades y ampliar la disponibilidad de espacios de cuidado integral para la protección de derechos de niños y niñas en las edades tempranas, con la misión de alcanzar una distribución más justa de las tareas de cuidado”.
La funcionaria también remarcó la importancia de las transferencias directas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (que otorgan una cantidad de dinero mensual y cargan un plástico para adquirir alimentos, respectivamente). Indicó que se tomó la decisión de que “la AUH recayera sobre la mujer del hogar”, por lo que el 94% de quienes lo perciben son mujeres.
“Es un poco complejo porque esos ingresos son para niños y niñas. Pero lo cierto es que las mujeres que los tienen a cuidado tienen mayores obstáculos para buscar empleo, para trabajar a tiempo completo. Y tener este ingreso que les garantiza por lo menos darles de comer en la casa todos los días obviamente tiene un impacto positivo en términos de género”, expresó.
Tiene que haber una consciencia de la necesidad de redistribuir las tareas del hogar y reducirlas para que la mujer pueda tener tiempo suficiente para atender otras actividades.
María-Noel Vaeza, directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe
En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro gastó 557.000 millones de reales desde el principio de la pandemia y hasta junio (US$107.100 millones), según Poder360plata. Una parte relevante de ese monto (293.000 millones durante 2020 y 27.000 millones hasta julio de 2021) se utilizó para otorgar transferencias directas mediante el programa Auxílio Emergencial.
Pero el gobierno no ha hecho del enfoque de género una prioridad. Y es allí donde entran en escena organizaciones como Central Única das Favelas (Centro único de las favelas, Cufa), que a través de su proyecto Mães da Favela (Madres de la favela) ha distribuido 296,2 millones de reales (casi US$57 millones) para ayudar a las mujeres que habitan estos barrios empobrecidos.
En concreto, Mães da Favela distribuye comida o dinero que recibe de distintos socios privados, entre ellos la minera Vale y el multimedios Rede Globo. Según Data Favela, una sociedad entre Cufa, el instituto Data Popular y Locomotiva, hay 5,2 millones de madres en las favelas brasileñas. El 72% de ellas son las principales responsables de proveer sustento al grupo familiar.
En Venezuela, en tanto, hay tres medidas con perspectiva de género registradas por el índice de ONU Mujeres, por mucho la menor cifra de Sudamérica. Y ante el colapso económico, social y sanitario que atraviesa el país desde hace años, en la gran mayoría de los casos la única fuente de ayuda proviene de las organizaciones de la sociedad civil.
Una de ellas es el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), que a través del programa Cash ha entregado dinero o alimentos a mujeres de la parroquia de La Dolorita, al este de Caracas. Según explica la organización, su objetivo es que las mujeres “no dependan exclusivamente de la caja de alimentos entregada por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)”, manejados por el gobierno.
De esta manera las personas beneficiarias son quienes compran sus alimentos y se hacen cargo de las decisiones que afectan sus vidas, explica Cepaz en su sitio web. La abogada y oficial de incidencia de la organización, Sara Fernández, indicó a Bloomberg Línea que el programa trasciende las transferencias monetarias y de alimentos. “Hemos seguido atendiendo a mujeres dentro y fuera de La Dolorita, entregando copas menstruales y donaciones, haciendo formaciones, clínicas jurídicas y atención psicolegal”, explicó.
En enero de 2021, el presidente Nicolás Maduro admitió que la pobreza había crecido en Venezuela durante 2020: la general hasta 17% y la extrema hasta 4%. Sin embargo, las universidades más importantes del país encontraron en su Encuesta de Condiciones de Vida de 2020, que 96% de los hogares venezolanos estaban en situación de pobreza y 79% en pobreza extrema.
Otras organizaciones, como Aliadas en Cadena, buscan abordar desafíos de mediano y largo plazo con programas de formación a mujeres vulnerables en derechos humanos, tecnologías de información y comunicación y competencias para empleabilidad, además de brindar acompañamiento psicosocial. Ante la llegada de la pandemia, cuenta la gerente general de la organización, Yomara Balzán, adaptaron sus programas a la virtualidad para continuar con los procesos de formación.
Balzán indicó que durante la pandemia 432 mujeres han egresado de su programa, de las cuales la mayoría (72%) está en actividad productiva, principalmente en sectores como el de servicios, producción y gastronomía. Además, con los casi 100 “forochats” que organizaron nada más durante 2020, mientras adaptaban los programas, alcanzaron a casi 30.000 personas.
En México, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa A.C. (AMMJE) está a la vanguardia de estos esfuerzos. Sonia Garza, su presidenta, resaltó su importancia al indicar que según el instituto de estadísticas mexicano (INEGI), el 84% de las personas que perdieron su empleo durante la pandemia fueron mujeres.
La AMMJE se ha enfocado en “un tema sustancial para el crecimiento y empoderamiento de las mujeres, la capacitación”, explicó. A través de una colaboración con la red social y de comercio Lady Multitask y Google Developers, desarrolló una “plataforma de capacitación para mujeres emprendedoras y empresarias, en temas de negocios y empoderamiento”. Es gratuita y consta de módulos como ‘Migrando tu negocio a digital’ y ‘Micronegocios’. También mencionó una alianza con Mercado Libre para generar una estrategia para “enfrentar el confinamiento y permitir a las emprendedoras repartir sus productos en tiempo y forma” y que “la pandemia no descapitalizara sus negocios”.
Dentro del ecosistema corporativo, los abordajes han sido tan diversos como las empresas que lo componen. Pero la compañía Aequales, que según su sitio web provee “herramientas para el cierre de brechas de género en el ámbito laboral en América Latina”, ilustra a través de mediciones propias los avances (o falta de ellos) de numerosas compañías de la región.
Lo hace principalmente a través del ranking Par, que desde 2014 puntúa a las empresas participantes con base en indicadores como cultura organizacional, gestión de objetivos, de talento y estructura organizacional. Teniendo en cuenta estas variables, premia a las más equitativas y difunde las buenas prácticas que vienen realizando.
Andrea de la Piedra, CEO de Aequales, coincidió con que durante la pandemia incrementaron las horas de labores dentro del hogar, lo que implicó más esfuerzos por parte de las mujeres con roles de cuidadoras. Es por esto que decidieron adaptar sus mediciones para determinar qué estaban haciendo las empresas para contrarrestar las horas adicionales de trabajo durante este período, dijo De la Piedra.
El ranking encontró que casi el 83% de las empresas analizadas reconocía que el cuidado era un asunto central de la gestión de la crisis. Pero casi un 30% no había estimado lo demandante que sería para sus equipos. Además, identificó que un 67% de las compañías participantes empezó a evaluar esa carga de cuidado extra que tenían sus empleados y un 39% adaptó la forma en que mide el desempeño para “prescindir de cualquier indicador de presencialidad y tiempo, cuestionar los estereotipos de género y replantear la manera en que miden la productividad, además de garantizar medidas diferenciadas para cuidadores/as”.
El diagnóstico Par también encontró que un 19% de las organizaciones priorizó el trabajo remoto para madres lactantes y padres con hijos menores a un año, aun cuando finalizaron sus licencias. Mientras que el 18% otorgó permisos remunerados para atender necesidades de cuidados específicos y sólo un 5% extendió las licencias de maternidad.
De la Piedra destacó “cuatro pilares” observados entre las empresas líderes del ranking:
- La creación de un comité de equidad de género y diversidad.
- Generar un plan de acción para tener una estrategia de diversidad.
- Tener cuotas de género (“son tal vez algo controversial, pero lo que hacen es acelerar los procesos”).
- Y la creación de políticas públicas de equidad de género.
“Aquellas empresas que se miden y vienen trabajando el tema tienen un 25% más de retorno sobre sus activos. Son más rentables, son más innovadoras, tienen una retención más alta. Esto tiene un impacto financiero directo y que nos demostró que no es bueno solamente por la importancia de cuidar el talento, el equipo, los espacios inclusivos, sino también por el retorno económico”, destacó De la Piedra.
Un desafío transgeneracional
No solo las mujeres que trabajan se vieron afectadas por la pandemia, sino también las que están en edad escolar. Paula Coto, directora ejecutiva de Chicas en Tecnología, una organización que trabaja para reducir la brecha de género a través de cursos gratuitos de tecnología y emprendimiento para jóvenes de secundaria de toda la región, analizó los principales desafíos educativos que la pandemia trajo consigo, y cómo pueden exacerbar la desigualdad reinante.
Coto aseguró que, aunque la pandemia reforzó el uso de los aparatos tecnológicos, también evidenció las diferencias de acceso a internet y a dispositivos que persisten en América Latina.
Y explicó que las adolescentes de la región fueron parte de uno de los grupos más golpeados debido a las restricciones por la pandemia, en este caso, por la suspensión de clases presenciales. Muchas se enfrentaron a la posibilidad de no poder continuar con su formación escolar por el impacto económico de la crisis en sus familias o por la necesidad de realizar labores de cuidados en casa. Solo en México, según Bloomberg, un estimado de 1,8 millones de alumnos no regresaron a sus clases para el año escolar 2020-2021 debido a dificultades financieras o razones relacionadas con el Covid-19.
Ver más: Las mujeres siguen siendo dejadas atrás en los fondos de inversión de América Latina
Un informe de Unicef reveló además que hasta el pasado 30 de junio, en 18 países y territorios de América Latina y el Caribe, 101 millones de niños y adolescentes seguían afectados por el cierre de las escuelas. Mientras que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que debido a esta interrupción escolar la cifra de trabajo infantil podría aumentar en 9 millones para finales de 2022 a nivel mundial, pese a los avances que se habían logrado en los últimos años. En la región, según el organismo, el 33% de los 8.2 millones de menores entre los 5 y 17 años que trabajan son niñas.
“Hay evidencia de que el hecho de que la educación a distancia no sea posible en algunos rincones ya ocasionó una deserción muy grande. Hicimos una proyección con la Cepal de que cerca de 300.000 niños y niñas están bajo el riesgo de salir de la escuela e ingresar al trabajo infantil, lo que sería una tragedia”, dijo Vinícius Pinheiro, director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, en diálogo con Bloomberg Línea.
Es importante que las jóvenes estén involucradas no sólo como usuarias, sino también como creadoras de soluciones tecnológicas, dado que estos serán los trabajos del futuro
Paula Coto, directora ejecutiva de Chicas en Tecnología
Pero las interrupciones académicas y el posible abandono de las escuelas no sólo tiene repercusiones sociales, sino también afectaciones económicas en el largo plazo. Un artículo de Bloomberg cita que el Banco Mundial calcula que la suspensión en la escolarización podría traducirse en US$1,7 billones de pérdida de ingresos futuros en la región.
Pese a las consecuencias negativas de la crisis, para la directora de Chicas en Tecnología la pandemia fue una oportunidad de extender su labor desde Argentina a 17 países más, entre ellos Perú, Colombia, Chile, México, y así reforzar la importancia de que las mujeres tengan acceso a educación básica, educación tecnológica y a aparatos digitales, una combinación que les permitirá formarse, descubrir nuevas carreras y a futuro poder aprovechar las oportunidades de un mercado laboral ávido de conocimientos profesionales en tecnología.
“Es importante que las jóvenes estén involucradas no sólo como usuarias, sino también como creadoras de soluciones tecnológicas, dado que estos serán los trabajos del futuro”, explicó Coto.
Quienes también están enfocando su trabajo por la equidad en el futuro son las mujeres en cargos políticos en Chile, sobre todo considerando que el país ha comenzado la redacción de una nueva Carta Magna con la primera Asamblea Constituyente paritaria de la historia.
Mónica Zalaquett, ministra de la Mujer y Equidad de Género del gobierno chileno, resaltó el avance de la participación femenina al recordar que, por la cuota de género, “tuvieron que salir mujeres para lograr la paridad con los hombres”. “Entonces creo que aquí se rompió un paradigma de que no había mujeres porque lo que no había era espacios” para ellas, aseguró.
Para la ministra, lograr una constituyente con equidad es fundamental porque la Constitución ahora tendrá “incorporada la visión, el aporte y la mirada del 50% de la población chilena que son mujeres”.
En la misma línea se expresaron dos asambleístas constituyentes: Bessy Gallardo, de la Lista del Apruebo, y Ramona Reyes, del Partido Socialista.
Para Gallardo, la participación política de las mujeres en Chile será uno de los desafíos primordiales de la Asamblea. En el Congreso, dijo, las mujeres solo tienen el 17% de los escaños y los partidos políticos llevan en sus listas a más hombres que mujeres. “Es por eso que nosotras en la Constituyente estamos dando cátedra de que sí puede haber paridad en el escenario público”.
Gallardo explicó que, aunque la equidad de género en la redacción de una nueva Carta Magna permitirá que la situación de las mujeres en el país comience a cambiar, los retos no acabarán ahí. “Sin buenas leyes posteriores, la Constitución no va a servir de nada y será letra muerta. Necesitamos leyes y educar a la sociedad, a la empresa privada, a los medios y al Estado para equiparar las oportunidades para todos”.
Para la asambleísta será fundamental establecer “bases legales” para garantizar leyes de equidad salarial, de aborto seguro y gratuito, de acceso a educación no sexista, y de cuotas de género tanto en las empresas como en los entes del Estado. “Las leyes de género sirven para equilibrar la cancha hasta que un día no las necesitemos más y podamos derogarlas porque el trabajo en la sociedad estará hecho”, dijo.
Por su parte, Reyes coincidió con que en Chile hay una “deuda pendiente” con todas las mujeres en relación con los espacios de participación política, las medidas de salud reproductiva y la sobrecarga de rol doméstico. “Esperamos que en esta nueva Constitución, que por primera vez será redactada en paridad, se pueda garantizar una mirada desde la perspectiva de la mujer y que así quede consagrada en ella la igualdad”, puntualizó.
También destacó que el aumento de las tareas de cuidado de las mujeres en la pandemia es clave para demostrar que es urgente que el Estado “reconozca” su importancia para la “economía del país”.
Perspectivas a futuro
Con vista en la serie de desafíos que deja la pandemia, María-Noel Vaeza de ONU Mujeres y Gabriela Bucher de Oxfam dieron sus perspectivas sobre cómo afrontarlos y en cuáles poner mayor atención.
“La desigualdad económica también es desigualdad de género”
Gabriela Bucher
Noel-Vaeza dijo que será fundamental que los organismos financieros inviertan en mujeres. “Es buen negocio porque hemos demostrado que cuando se invierte en mujeres tenemos utilidades de hasta un 25% más y porque el valor de mercado de esas empresas dirigidas por mujeres llega hasta un 40% más”, apuntó.
Bucher, en tanto, destacó como clave el establecer y hacer cumplir el pago de impuestos corporativos. “La desigualdad económica también es desigualdad de género”, indicó. Por ello, mencionó como prioritario “poder gravar las grandes riquezas, las compañías y lograr realmente reducir o eliminar la erosión y la evasión de impuestos”.
“Algunas situaciones son extremadamente desalentadoras y las cifras hablan por sí solas, pero a la vez nuestro mensaje es de esperanza y de posibilidad”, dijo. Aunque aseguró que se están dando cambios que “significan que no estamos volviendo a como era la situación antes, que era insostenible. Ahora tenemos una oportunidad para tener voluntad política de cambio y repensar el modelo económico en favor de la igualdad”.
Le puede interesar: