Bloomberg — El nuevo Gobierno socialista de Perú está trabajando con la industria minera en un nuevo enfoque de relaciones comunitarias y destrabar la burocracia para desbloquear la enorme riqueza mineral del país.
“Todas (las empresas) están contentas, hasta ahora”, dijo el sábado el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, en una entrevista. “Todos estamos de acuerdo en que hay que darle una nueva cara social a los proyectos, que hay la necesidad de un nuevo pacto”.
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El tono conciliador y pragmático del ministro podría aliviar aún más los temores avivados por los dichos durante la campaña electoral de que habría una mayor intervención estatal en los recursos naturales que sofocaría la inversión y la producción futura. Perú es el principal productor de cobre después de Chile y el mercado depende de que la nación andina desarrolle más sus gigantes depósitos para satisfacer la creciente demanda en el cambio hacia una energía limpia.
Las tensas relaciones entre los proyectos mineros y las comunidades rurales a menudo aisladas, combinadas con la lentitud de la concesión de permisos, han obstaculizado el progreso de la industria.
De 60 proyectos mineros en diferentes etapas, el Gobierno tiene la intención de enfocarse primero en aquellos que están cerca de iniciar a operar y liberar aquellos que están atrapados en la burocracia.
“Reconocemos que el Estado no ha estado presente, que la mejor manera es el diálogo directo y el intercambio de información para que no haya distorsiones”, señaló Merino.
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Cuando se le preguntó sobre la iniciativa Tía María de Southern Copper Corp., Merina dijo que su trabajo era cumplir con el programa del presidente Pedro Castillo, quien ha dicho que se opone a ese proyecto.
“El presidente ya lo dijo: los proyectos con rentabilidad social van, los que no tienen rentabilidad social simplemente no van”, dijo Merino.
Agregó que hay depósitos en Perú más ricos y más grandes, y que la región entre Apurimac y Cuzco contiene suficiente mineral para igualar la producción de Chile.
La Administración de Castillo está estudiando una propuesta para elevar impuestos y dejar más ganancias mineras en el país, aunque eso aún debe pasar por diferentes departamentos gubernamentales y un congreso liderado por la oposición.
El mensaje para las empresas es que el Ministerio de Minería garantizará reglas claras y actuará como mediador y facilitador para agilizar “esta maraña burocrática”, dijo. “Lo que vamos a hacer es promocionar la industria para que las cosas estén bien hechas y no seamos un obstáculo”.
En algún momento, el Estado peruano jugaría un papel más activo en sectores estratégicos e incluso podría ser accionista en algunos proyectos, dijo, pero la prioridad es poner orden en procesos y solicitudes que languidecen por más de un año.
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Con respecto a los campos de gas de Camisea, que Castillo prometió nacionalizar durante su campaña, el Gobierno está investigando si sus percepciones están respaldadas por datos.
“Primero tiene que haber más gas, para que haya más gas tiene haber mayores reservas y para que haya mayores reservas tiene que haber más exploración”, indicó el ministro.
El Gobierno ha recibido muestras de confianza mientras mantiene conversaciones con líderes de la industria de materias primas. Una de ellas es que algunas empresas recién pagaron sus impuestos atrasados.
“No estamos en cuestiones ideológicas”, dijo. “Estamos generando consenso”.
