La reforma migratoria no ha estado en la agenda de Washington recientemente, pero eso puede cambiar pronto: Se espera que la versión final de la propuesta presupuestaria de los demócratas, de US$3,5 billones, divulgada la semana pasada, ofrezca un camino hacia la ciudadanía para millones de trabajadores ilegales. Eso significa que el debate sobre la reforma migratoria también podría volver pronto, junto con el fanatismo de ambos bandos.
El debate sobre la inmigración es tan complejo porque entrelaza al menos dos temas distintos y desafiantes: la economía y la cultura. En cuanto a la economía, al menos, no debería haber más debate: la inmigración es una ganancia neta. Los argumentos culturales contra la inmigración son más difíciles de contrarrestar, pero abordar algunas de las inquietudes económicas podría ayudar a aliviar algunas de las culturales.
El exfiscal general Jeff Sessions, artífice de las políticas fronterizas más duras de la historia reciente, articuló los argumentos económicos y culturales contra la inmigración en un discurso de 2017, afirmando que millones de personas de todo el mundo quieren llegar a Estados Unidos, pero que este país no puede aceptarlos a todos. Hacerlo, dijo, reduciría los salarios de los estadounidenses con dificultades y desbordaría la capacidad de la sociedad para asimilarlos.
En cuanto a la primera afirmación, los datos demuestran lo contrario. Los economistas han debatido los efectos de los inmigrantes en los salarios de los nativos durante décadas. Los más críticos con la inmigración sostienen que los efectos son reducidos y se limitan a los trabajadores menos calificados. Los partidarios, en cambio, argumentan que el efecto es amplio y positivo.
En lo que ambos grupos están de acuerdo es en que la inmigración altamente calificada aumenta la innovación y el PIB per cápita, reduciendo así las tasas impositivas necesarios para financiar los servicios públicos. Incluso los partidarios de la línea dura, como el senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, que aboga por reducir la inmigración legal a la mitad, apoyan las reformas que se centran en admitir a los inmigrantes más capacitados y con mejores oportunidades económicas.
Probar o refutar la segunda afirmación es más complejo. Los defensores de una mayor inmigración suelen señalar que hasta 1875 EE.UU. no tenía ninguna restricción a la inmigración, y pocas contra los europeos hasta 1924. En ese periodo se produjo un enorme auge del poder económico de EE.UU. y el desarrollo de una cultura única envidiada en todo el mundo, basada en la asimilación de inmigrantes de decenas de naciones remotas.
Los defensores de una menor inmigración indican que el porcentaje de estadounidenses nacidos en el extranjero se acerca hoy a los máximos de principios del siglo XX. Aquellos niveles provocaron una fuerte reacción cultural y, finalmente, la aprobación de la Ley de Inmigración de 1924, que condujo a cuotas estrictas basadas en el origen nacional. Hoy en día, incluso cuando el 75% de los estadounidenses dice que la inmigración es, en general, algo bueno, sólo el 33% quiere un aumento en los niveles de inmigración. Y el 81% de los estadounidenses considera que la inmigración ilegal es una amenaza “crítica” o “importante” para el país.
Los sondeos indican un camino potencial a seguir: Ambas partes deberían aceptar la aprobación del público de los niveles actuales de inmigración. Los republicanos abandonarían sus demandas de reducir la inmigración en general. Los demócratas abandonarían los intentos de aumentar la inmigración mediante una mayor despenalización o una laxa implementación de las leyes.
Concretamente, el Congreso debería legalizar tanto la política DACA del expresidente Barack Obama, que permite a los hijos de los inmigrantes que se encuentran actualmente en el país permanecer en él, como la política de “Permanecer en México” del expresidente Donald Trump. Esto aliviaría la incertidumbre para inmigrantes que ya están en EE.UU., al tiempo que dejaría claro que los futuros inmigrantes no podrán aprovecharse del sistema de asilo.
En cuanto a la inmigración legal, los demócratas deberían aceptar las reformas basadas en las habilidades propuestas por el proyecto de reforma inmigratoria para el empleo sólido de EE.UU., conocido como Raise Act, siempre que los republicanos acepten mantener constante el nivel de inmigración legal, como porcentaje de la población. Esto eliminaría cualquier preocupación sobre el efecto de la inmigración en los salarios de los trabajadores poco calificados, permitiendo al mismo tiempo que el ritmo de la inmigración incremente con el tiempo.
Este tipo de compromiso no les sentará bien a los partidarios de la línea dura de ninguno de los dos bandos. Pero al abordar la situación en la frontera, el impacto económico de la inmigración y la capacidad del país para asimilar a su actual población inmigrante, estas medidas podrían aportar claridad a la situación y, con el tiempo, reducir la influencia de voces extremistas.