Bogotá — El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) anunció este viernes que se ha declarado la caducidad del polémico contrato de conectividad rural con Unión Temporal Centros Poblados.
“Caducamos el contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centros Poblados, la sanción más contundente en materia de contratación estatal. Con esta decisión, cesan HOY todos los contratos de los miembros de la UT vigentes con el Estado”, dijo en Twitter la ministra TIC Karen Abudinen.
Según dijo la ministra en rueda de prensa, “los contratistas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados quedan inhabilitados para contratar por cinco años con el Estado y cesan automáticamente todos los contratos que tengan vigentes con cualquier entidad del Estado a nivel nacional, regional o local”.
“Adelantaremos el proceso de nulidad parcial del acto de adjudicación, así como la nulidad del contrato UT Centros Poblados. Pediremos las restituciones mutuas por daños y perjuicios a favor de la entidad, aquí se le nota la mala fe que ha tenido el contratista (...). Al mismo tiempo hicimos traslados a los entes de control, a la Procuraduría, a la Contraloría, a los que también les entregamos toda la información para que hagan todas sus investigaciones pertinentes”, dijo la ministra.
“A partir de hoy y en el marco de la liquidación correspondiente se requerirá a Centros Poblados para que haga la devolución de los $70.000 millones del anticipo. Adicionalmente estamos trabajando con el viceministro un plan de choque por parte de la supervisión, todo el equipo está visitando las bodegas y colegios donde se encuentran los equipos que supuestamente Centros Poblados adquirió para conectar los centros digitales correspondientes al contrato ya caducado”.
Esta firma está en el centro de la polémica por los pocos avances que registra en los proyectos, pese a habérsele entregado adelantos por más de $70.000 millones.
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Este contrato de conectividad rural generó polémica en Colombia y puso al MinTIC contra las cuerdas, ante los pedidos de renuncia de la jefe de esa cartera por parte de varios sectores y en medio de las audiencias del caso.
Para esta inversión, considerada la más importante del Estado en los próximos 10 años en materia de conectividad rural, se dividió el contrato en dos regiones.
La zona A fue adjudicada a Claro y la B a Centros Poblados, un proponente muy cuestionado ante su presunta falta de experticia en el despliegue de esta infraestructura.
El contrato, adjudicado a finales de año, ha desatado polémica desde sus inicios dado que varias fuentes apuntan a que el FondoTIC “no escogió ni la mejor oferta, ni al mejor oferente”, ya que se desestimaron ofertas como la de China Great Wall Industry Corporation y la estadounidense UT RED IRIS, compuesta por Hughes SAS y BT LATAM, propiedad de Sencinet.
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En el marco de la audiencia para revisar los presuntos incumplimientos, la apoderada del Banco Itaú denunció que la garantía bancaria presentada por el contrastista Unión Temporal Centros Poblados “no fue expedida por su entidad”, tal y como lo informó la propia ministra.
Al respecto, Itaú aclaró que “no contrata intermediarios para la expedición de garantías bancarias, pues la entidad atiende directamente a través de sus propias oficinas y funcionarios”.
En una entrevista concedida a Bloomberg Línea, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos Sánchez, manifestó que el escándalo es uno de los “más importantes puntos de quiebre” del Gobierno del mandatario colombiano, Iván Duque.
“Estamos frente a uno de los puntos de quiebre más importantes del Gobierno nacional en materia de transparencia y no solo del MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), creemos que es un problema de Estado”, manifestó Bustos Sánchez en entrevista con Bloomberg Línea.
El Ministerio TIC ha dicho que ha iniciado actuaciones de control interno para determinar si hubo alguna falla en el interior del despacho.
“Está en curso una actuación administrativa a la firma interventora responsable de supervisar, avalar y legalizar los anticipos y giros para la ejecución del contrato. Cambiamos al supervisor del contrato para garantizar la transparencia y facilitar todas las acciones de los entes de control”, agregó la ministra.