Caracas — En la noche de este miércoles, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) divulgó el último documento que faltaba por hacerse publico, relacionado con un recurso que el fiscal venezolano, Tarek William Saab, había presentado ante dicha instancia, y que especialistas locales y dirigentes opositores consideraron parte de una táctica dilatoria del pronunciamiento sobre el examen preliminar Venezuela I (de dos en curso), referente a presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en el contexto de manifestaciones antigubernamentales y disturbios políticos.
El documento de diez páginas, con fecha del 15 de junio, lo firma la fiscal Fatou Bensouda, quien culminó su mandato ese mismo día, aunque sin cumplir la promesa que hizo a Venezuela de anunciar antes si se abriría o no una investigación al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
“Había, de hecho, llegado a una determinación final sobre el examen (Venezuela I), y me estaba preparando para anunciar nuestras conclusiones en respuesta a la remisión de los Estados parte del grupo, pero, en debida deferencia a la Sala de Cuestiones Preliminares, cuya competencia había sido incautada, decidí esperar la decisión de la sala sobre la solicitud de Venezuela antes de hacer cualquier otro anuncio”, argumentó Bensouda, entonces, en su reflexión de despedida.
Casi dos meses después, la exfiscal vuelve a ser noticia por un documento en el que se lee: “Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los casos potenciales identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”.
Reacciones
El fiscal venezolano, Tarek William Saab, rechazó por medio de un comunicado, y en nombre de Venezuela las que tildó de “acusaciones sin valor” de la exfiscal Bensouda, quien -aseguró- había ignorado “irresponsablemente” la colaboración presentada por su despacho.
“Desconocemos cuáles sean esos casos potenciales identificados por la Fiscalía, porque durante todo el período del examen preliminar se nos ha sustraído esa información, a pesar de nuestras insistentes peticiones de conocimiento”, se lee en el documento divulgado por Saab, a través de sus redes sociales, a media mañana de este jueves.
Saab insistió en que trabajaban de manera “estrecha” con el nuevo fiscal, Karim Khan, “para asegurar la complementariedad”.
“La fiscalía de la CPI recalca lo que hemos venido denunciando desde años”, dijo, mediante nota de prensa, el dirigente opositor venezolano Julio Borges, quien se refirió a la “falta de independencia” del sistema de justicia venezolano para investigar y juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad “cometidos por (Nicolás) Maduro y su cadena de mando”.
Hasta el presidente de Colombia, Iván Duque, celebró con un polémico tuit lo plasmado por la CPI en su documento, mientras recordó que en el año 2017 había presentado su denuncia contra el presidente Maduro ante dicha instancia.
¿Por qué es importante?
De acuerdo con el abogado venezolano Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, el documento contiene dos elementos que, a su juicio, son “importantes”.
Por una parte -asegura-, se mantiene que todavía no ha habido decisión respecto al mencionado examen preliminar venezolano: “Todavía queda pendiente decidir si va a pasarse o no a la fase de investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares”. En esto insistió también el fiscal venezolano, al condenar el tuit de Duque.
Sin embargo, para Daniels, lo más importante es que el documento toca un aspecto al que la Fiscalía no había hecho alusión aún, que es el elemento de la complementariedad.
Recuerda que el examen preliminar de Venezuela está, justamente, en la fase de complementariedad, en la que la Fiscalía debe examinar si los presuntos crímenes han sido juzgados en los tribunales nacionales. Y en el documento se dice que ha habido “inacción”.
“Esto quiere decir que ya se ha demostrado que en Venezuela efectivamente existe un patrón de impunidad en las violaciones de Derechos Humanos, y esto permitiría que el examen preliminar pudiese concluir con una decisión de pasarlo ante la sala”, acota Daniels, en conversación con Bloomberg Línea.
¿Qué esperar ahora?
En su nota de prensa, Borges se refiere a la “urgencia” de que se avance a la fase de investigación. “La falta de instituciones libres en Venezuela convierte a la CPI en la única instancia a la cual pueden acudir las víctimas para lograr justicia, verdad y reparación”, argumenta.
Tras la opinión de la exfiscal que se conoció este miércoles, que a juicio de Daniel era “muy importante” a los efectos de la conclusión del examen preliminar, este especialista espera que esto ocurra “a la brevedad”.
“Ya se han cumplido todos los requisitos que se necesitan para que la justicia internacional continúe su camino”, acota.
¿Qué sigue?
Antes de dejar en manos del actual fiscal Karim Khan la decisión de si se abre o no una investigación al gobierno de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad, Bensouda ratificó que había méritos suficientes para hacerlo.
Ahora recae sobre el británico Khan la responsabilidad de tomar la decisión tanto en este primer examen preliminar, como en el segundo, impulsado el año pasado por el gobierno venezolano, y en el que se acusa a Estados Unidos de supuestos crímenes de lesa humanidad por las sanciones económicas impuestas a Venezuela.
Cuando asumió el cargo, expertos locales estimaron que pasarían a lo sumo tres meses (que vencen en septiembre) antes de que que Khan tomara la decisión, pues consideraban que el estudio de su antecesora debía ser concluyente, pero que el sucesor necesitaría algo de tiempo.
“Todo lo que puedo hacer en esta etapa es entregar mi determinación, que se ha completado, junto con sus fundamentos, al fiscal entrante para su consideración y decisión final”, dijo ella misma, en su mensaje de despedida.
El peor escenario que todos manejan es que suceda en diciembre, cuando corresponde al fiscal pronunciarse sobre el estado de los exámenes preliminares en su informe anual.
