Buenos Aires — Es un tema que está latente en la discusión pública. La vuelta a la presencialidad ya es exigida por distintas empresas y la vacunación figura como un factor esencial para que ese proceso se acelere, o se retrase.
En el sector empresarial señalan que la no vacunación figura como un pretexto de los empleados para continuar con el home office o para no retornar a las actividades, mientras que el Estado aún no ha sido contundente en dar una respuesta o una solución a este conflicto.
- El disparador: Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) reavivó la polémica el pasado martes al sostener que impulsará entre los socios de la entidad fabril que las empresas dejen de pagar el sueldo o sancionen a aquellos trabajadores que no estén vacunados.
- La frase: “Nadie puede obligar a nadie a vacunarse, pero tampoco nadie puede obligar a una empresa a reinsertar a un trabajador que puede ser un riesgo para la comunidad en el ámbito laboral”, señaló el influyente dirigente industrial. Y agregó: “Es un proceso que vamos a ir adquiriendo todos. Con la vacunación, quien quiera entrar a una fábrica tiene que vacunarse. Si no, no podrá ingresar y el empleador podrá cesar la dispensa, el haber o las asignaciones no remunerativas. Esto es el cese del pago”, afirmó.
Según un sondeo de la consultora D’Alessio IROL para el Instituto de Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), el 91% de las empresas prevé adoptar un esquema de trabajo “híbrido” en la etapa pospandemia.
- El 63% adoptaría una modalidad híbrida con algunos días de trabajo en la oficina.
- El 28% implementaría un formato híbrido, pero sólo para aquellos que soliciten continuar con sus tareas en el domicilio.
La vacunación contra el coronavirus no es obligatoria en Argentina. Pero el reclamo de los empleadores busca una reacción del Gobierno. En esa línea opinó Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, al señalar que “el que tiene que regular en este marco no es el empresario de manera particular”.
Grinman apuntó que “el que tiene que regular es el Estado, para eso está el Estado, para regular con los organismos de competencia, como el Ministerio de Trabajo, que puede hacer las mejores evaluaciones en ese sentido”.
- Contexto: En el país aún rige la prohibición de los despidos, que se decretó en abril del 2020, se prorrogó en numerosas ocasiones y está vigente hasta finales del 2021.
Permiso oficial
El 8 de abril el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud emitieron una resolución conjunta indicando que “los empleadores y las empleadoras podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores y las trabajadoras (señalados como población de riesgo) que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, transcurridos catorce días de la inoculación”.
La norma también aplica para aquellos categorizados como población “con alta exposición de riesgo”, pero en este caso la “convocación” surge una vez concluido el esquema vacunatorio.
- De buena fe: El cuarto artículo de la resolución señala que “los trabajadores y las trabajadoras comprendidos en los artículos 1° y 2° de la presente medida que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieren originar a los empleadores o empleadoras”.
- Las alternativas: Ante la imposibilidad de aplicar sanciones por el no uso de un medicamento, cuya aplicación no es obligatoria, en el Gobierno no descartan promover beneficios y ventajas para aquellos que sí se han inmunizado contra el coronavirus.
El último fin de semana y en diálogo con la radio AM 750, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que no descartan avanzar en una norma para que “el que decide vacunarse tenga una ventaja”.
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El Ejecutivo, por su parte, decretó el viernes último que la Administración Pública Nacional volverá a las oficinas “con un esquema de presencialidad programada y alternada”. Será a partir del 1 de septiembre de este año.
“No estamos en una instancia para responder si va a haber alguna reglamentación respecto a quienes no decidan vacunarse. No estamos en esta instancia, pero no la descartamos”.
Carla Vizzotti, ministra de Salud
Fuentes de la cartera sanitaria respondieron a Bloomberg Línea que aún no hay novedades al respecto.
¿Qué dicen los gremios?
El vocero de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge “Pino” Sola, respondió este miércoles a Funes de Rioja y aseguró que “imponer sanciones en la relación laboral no sólo es ilegal sino que no coincide con el camino de convencimiento que se tiene que seguir a los fines de lograr la mayor vacunación posible”.
“Rechazo rotundamente cualquier tipo de sanción”, sentenció.
Matías Cremonte, abogado laboralista y asesor de la Federación Aceitera, señaló en diálogo con Bloomberg Línea que “el único que puede establecer la obligación de darse una vacuna es el Estado, y no está en manos del sector privado o de los empresarios”.
“No tiene ningún asidero legal”, apuntó Cremonte, al sostener que aunque sea correcto que se dispare el debate, “quien lo proponga no debe ser una representación empresaria, que pone en discusión un eventual derecho al sancionar o no pagar el sueldo, el ángulo no es el mejor”.
“Esto se resuelve con persuasión y diálogo y no con medidas autoritarias”, aportó a este medio un secretario general que integra la mesa chicha de la CGT. En el mismo sentido que Mario Grinman, el gremialista agregó que en este conflicto siempre debe estar “la participación del Estado como regulador Sanitario”.