Bogotá — Este lunes la Misión de Internalización compartió las recomendaciones para que Colombia aproveche su comercio exterior y se convierta en un actor clave en el mercado mundial, precisamente, uno de los estudios que se compartieron tiene que ver con la necesidad de crear una Unidad de Defensoría de la Inversión.
En palabras sencillas, dicha unidad sería la encargada de identificar, rastrear y abordar los conflictos inversionista-Estado que ponen a la inversión extranjera directa (IED) en riesgo de ser descontinuada, de acuerdo con el estudio preparado por Roberto Echandi, especialista líder del sector privado en el Banco Mundial y Daniela Gómez Altamirano, consultora de la misma institución.
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La unidad podría estar dentro del Ministerio de Comercio y el mandato legal para su establecimiento podría darse por ley o decreto presidencial, propone el texto a la vez que indica que “el costo de la creación de dicha Unidad de Defensoría no debería implicar un presupuesto significativo”.
Añade que “considerando los millones de dólares que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ya paga en honorarios legales por litigios internacionales, si el establecimiento de la unidad pudiera evitar una sola disputa, la unidad se pagaría sola”.
El problema
Una investigación reciente del Grupo Banco Mundial (GBM) citado en el documento dice que alrededor de 1 de cada 4 inversionistas en países en desarrollo descontinúan sus proyectos de inversión en esos territorios como resultado de las quejas que surgen con las agencias reguladoras nacionales.
Si bien existen entidades como ProColombia, el Sistema de Facilitación de Inversiones (Sifai) del Mincomercio y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), “ninguna de estas instituciones está rastreando y midiendo el impacto de resolver o no agravios inversionista-Estado que puedan estar descontinuándose como resultado de la conducta irregular del gobierno en Colombia”, detalla el estudio.
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Otro de los puntos que se resaltan es que pese a que los países realizan costosas campañas de promoción para atraer inversionistas, “los gobiernos a menudo carecen de una infraestructura legal que les permita articular una reacción oportuna y coherente para abordar un conflicto que pueda poner un proyecto de inversión en riesgo de ser retirado”.
Entre lo que se ha identificado se expone que la mayoría de los conflictos que conducen a retiros de IED se derivan de supuestos cambios regulatorios repentinos y adversos, incumplimiento de contrato, expropiaciones de hecho y restricciones de transferencia y convertibilidad.
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Lo clave
El establecimiento de la Unidad de Defensoría de Inversiones sería clave no solo para medir los montos de inversión en riesgo, sino también los empleos que se podrían ampliar o perder como resultado de resolver con éxito o no dichos conflictos.
Además, indica el documento que se permitiría tener un sistema de seguimiento para generar datos sobre proyectos de inversión específicos en riesgo de interrupción, así como protocolos de coordinación para permitir que el gobierno colombiano reaccione oportunamente y aborde las quejas de ese modo prevenir desinversiones y posibles disputas costosas.
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Entre los procesos que se coordinarían a través de la unidad se proponen seis etapas: “registro de quejas, filtrado, análisis jurídico y económico, resolución de problemas - nivel técnico, resolución de problemas - toma de decisiones políticas, y comunicación y seguimiento de la implementación”.
Ejemplo de riesgos en proyectos de inversión
En el estudio se presenta un caso, expuesto por ProColombia, de una inversión realizada por una cadena de centros comerciales de propiedad chilena que se distribuye en nueve ciudades de Chile, tres en Perú y dos en Colombia.
Actualmente la cadena pretende llevar a cabo una ampliación del centro comercial en Cartagena, pero hasta el momento no ha sido posible.
La razón de lo anterior es que se produce una invasión del terreno colindante al centro comercial. Este hecho, unido al continuo cambio del secretario de planeación, alcalde y equipo de gobierno local, ha dificultado el avance de las negociaciones con los ocupantes ilegales, expone el caso.
Adicionalmente, “los engorrosos trámites y permisos para la ampliación del centro comercial, incluyendo solicitudes con largos tiempos de espera para revisar los usos del suelo y el plan de ordenamiento territorial, han impedido la expansión de la inversión”.
