Bogotá — Los Gobiernos de Colombia y de Panamá llegaron a un acuerdo para judicializar a los responsables del “negocio infame” del tráfico de migrantes, informó este viernes la vicepresidenta colombiana con funciones de canciller, Marta Lucía Ramírez.
El acuerdo al que han llegado los dos países en el encuentro entre Ramírez y la canciller de Panamá, Erika Mouynes, consiste en trabajar con la Comunidad de Policías de América, la Interpol y autoridades de ambos territorios “para judicializar a todos los responsables del negocio infame del tráfico de migrantes” en la frontera.
“Ambos países compartimos compromiso en temas humanitarios, pero también estamos expuestos a que tráfico de personas vaya de la mano con tráfico de drogas, lo que queremos evitar. Acordamos reunirnos el 9 de agosto para definir cifra de migrantes que pasarán la frontera a diario”, informó la vicepresidenta.
Añadió que el trabajo binacional entre Colombia y Panamá lo extenderán a los “demás países del hemisferio que tienen que ver con migración irregular. La meta es clara: debemos encontrar soluciones conjuntas que pongan fin al drama humanitario y las rentas ilegales de este infame negocio”.
Ambos Gobiernos, “se comprometieron hoy a intercambiar información estadística sobre los migrantes que se encuentren de paso en su territorio y aquellos que prevén cruzarán la frontera hacia otro país”, complementó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
Ramírez llegó a Panamá este viernes para reunirse con la canciller de ese país, Erika Mouynes, con el objetivo de abordar la crisis migratoria que se vive en la zona de Necoclí y el norte del Urabá Antioqueño.
La reunión, según la vicepresidenta colombiana, se realizó a solicitud de Colombia para “trabajar coordinadamente para buscar soluciones a la crisis migratoria”.
Durante la visita, se buscó “avanzar en la regulación de migrantes y establecer controles” contra el delito del tráfico de personas en las fronteras.
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A finales de julio, el defensor del Pueblo colombiano, Carlos Camargo, realizó una visita a Necoclí en la que se constató que “es urgente el inicio de un plan de choque humanitario” y pidió que se tomaran “medidas inmediatas y estructurales para enfrentar la crisis migratoria”.
Al menos 15.000 migrantes extracontinentales en tránsito estaban represados desde hace días en ese municipio, varios de ellos menores de edad, por lo que se hizo un llamado para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) verifique su parentesco para prevenir la trata de personas o la explotación sexual comercial.
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“Hago una solicitud a todos los defensores del Pueblo de Iberoamérica, particularmente de Ecuador y Panamá, con el fin de revisar los mecanismos de cooperación necesarios para enfrentar esta crisis migratoria de carácter internacional, y que se ponga fin a la vulneración de los derechos humanos de los migrantes que transitan por el continente”, enfatizó el defensor del Pueblo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó este viernes que “solicita la debida corresponsabilidad entre naciones, y atención a la migración irregular que se origina fuera de su territorio, que es solo una parte del trayecto trazado por los migrantes irregulares en su ruta hacia Norteamérica”.
“Panamá ha reiterado, en espacios bilaterales y multilaterales, que solamente con la colaboración de todos los actores y entidades se podrán mitigar los efectos adversos de la migración irregular. También ha abogado por el establecimiento de mecanismos dinámicos que faciliten el intercambio de información a lo largo de toda la ruta migratoria continental”, apuntó.
El tapón de Darién, como se conoce a la frontera entre Panamá y Colombia, es una vasta selva que interrumpe la carretera panamericana y es un punto estratégico para el narcotráfico y la migración irregular, principalmente personas de África, Asia y cada vez más cubanos y haitianos en su objetivo de llegar a Centroamérica y EE.UU.
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