Bogotá — En un año atípico e histórico, el Congreso de la República tuvo que sesionar por primera vez de manera virtual en el segundo periodo de la legislatura 2019-2020 que inició a mediados de marzo del año pasado justo cuando el país estaba entrando en cuarentena estricta por la crisis sanitaria que llevó a que el Gobierno decretara dos veces estado de emergencia que le permitía sacar decretos con fuerza de ley, evitando los trámites de las normas por el Legislativo.
Tras discusiones internas, algunos de los congresistas pudieron retornar a la presencialidad, pero con aforos reducidos para minimizar los riesgos de contagios en un país que, a mediados de julio de este año según datos del Ministerio de Salud, superaba las 113.000 muertes por el virus, 4,5 millones de casos reportados y 128.000 casos activos.
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El costo de las normas aprobadas en 2020
Pese a las críticas de distintos sectores de la opinión pública frente al control político y trabajo del Congreso en los inicios de la virtualidad, durante la vigencia fiscal de 2020 en el país fueron sancionadas por el Ejecutivo 60 nuevas leyes, aprobadas por el Congreso de la República, de las cuales 7 (11,7%) tienen un impacto estimado en las finanzas públicas.
Según datos del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de 2021 presentado el 15 de junio, 28 leyes aprobadas en 2020 (46,7%) no tienen ningún impacto sobre las cuentas públicas, mientras que 25 (41,7%) si tienen un costo, pero no se definió en el Marco por falta de información precisa para su estimación.
Previo a entrar en otros detalles, en el documento presentado por el Ministerio de Hacienda se explica que “se considera de manera general que una ley tiene impacto fiscal si ordena un nuevo gasto o un monto mayor al de un gasto ya existente. Igualmente se valora si el impacto fiscal será transitorio o permanente”.
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Así las cosas, con base en cálculos de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Minhacienda, las leyes aprobadas en la vigencia fiscal de 2020 tienen un costo fiscal total estimado anual de $158.000 millones, de los cuales $71.000 millones corresponden a gasto transitorio, mientras que $87.000 millones serán gasto permanente, indefinido en el tiempo o hasta que una futura norma legal lo dé por concluida, cuenta la cartera.
Si dichas cifras se comparan con el equivalente a 2019 vale mencionar que, pese a que en el año prepandemia se sancionaron 10 leyes más que el año pasado -70 en total-, 8 al final fueron las que tuvieron un costo estimado.
Pese a ser una norma más que agrega cargas a las finanzas públicas frente al resultado de 2020 (7), el costo estimado fue inferior en lo que respecta a las normas aprobadas el año pasado pues las del 2019 tendrían un impacto en las cuentas públicas de $112.000 millones, lo que representa $46.000 millones menos que en 2020.
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De esos $112.000 millones, $18.000 millones corresponden a gasto transitorio y los $94.000 millones restantes al gasto permanente, según las cuentas expuestas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2021.
Antes de iniciar con más detalles, vale mencionar que en el documento se explica que en el listado “no se consideran las leyes de iniciativa gubernamental con costo fiscal incluido en el Mfmp”, puesto que el propósito de ese capítulo es evidenciar el costo que genera la actividad legislativa sobre las finanzas públicas, por lo que es una variable no controlable por el Gobierno, explicaron desde el Minhacienda.
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Las 7 normas sancionadas en 2020 que más le costarán al país:
- La ley 2019 del 28 de febrero de 2020 que permite devolverles a las instituciones de educación superior públicas la totalidad de los descuentos de matrícula otorgados a los estudiantes cuando ejercen su derecho al voto. Su costo es permanente y de $44.000 millones.
- La Ley 2020 del 17 de julio de 2020 que crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de las entidades estatales que busca entre otras cosas luchar contra los elefantes blancos que erosionan las finanzas públicas. Su costo estimado es de $27.000 millones.
- La Ley 2041 del 27 de julio de 2020, que garantiza el derecho de las personas a desarrollarse en un ambiente libre de plomo y fija límites para su contenido en productos comercializados en el país, tiene un costo previsto de $27.000 millones.
- La Ley 2046 del 6 de agosto de 2020 que busca promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos costaría $26.000 millones.
- La Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia tendría un costo de $26.000 millones.
- La Ley 2024 del 23 de julio de 2020, conocida como “Ley de pago en plazos justos” logra que las empresas paguen las facturas a plazos máximos de 60 y 45 días calendario desde 2021 y 2022, respectivamente. Se evitarán pagos que se extendían incluso hasta 24 meses. Su costo calculado es de $6.000 millones.
- La Ley 2066 del 14 de diciembre de 2020 que establece las condiciones para la normalización de cartera, por única vez, para los concesionarios de las emisoras comunitarias y de interés público costaría $2.000 millones.
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Contexto histórico
En los últimos 10 años, según las cuentas del Mfmp, la leyes sancionadas acumulan un costo total de $25,4 billones, de los cuales $15,8 billones corresponden a gasto permanente.
Desde el periodo en mención, en el top 3 de los años con mayores costos estimados por las leyes aprobadas están el 2011, 2013 y 2016 representando cada uno $5,8 billones, $3,1 billones y $3,6 billones, respectivamente. Hay que resaltar que esos montos están en pesos constantes de 2020.
Según datos históricos del Marco Fiscal, en 2010 se sancionaron 59 leyes de las cuales 19 presentaron costos, mientras que en 2013 se sancionaron 95 leyes, 24 de ellas registraron un costo fiscal cuantificable y en 2016 fueron en total 51 nuevas leyes en las que 8 generaron un costo.
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La norma que más gasto permanente generó en 2010 fue la Ley 1430 (reforma tributaria) donde entre otras cosas se eliminó la deducción especial por inversión en el impuesto de renta, se planteó eliminar de manera progresiva a 2018 el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y se eliminó la sobretasa del 20% al consumo de energía eléctrica del sector industrial. Esta norma, según el Mfmp del 2010, arrojaba un costo de $609.000 millones.
En 2013 la Ley 1654 fue la que mayor costo generó. A través de dicha norma se le otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura y la planta personal de la Fiscalía General de la Nación y expedir su régimen de carrera. El costo anual estimado en el Marco Fiscal de 2014 fue de $971.000 millones, de los cuales $18.000 millones eran transitorios.
Por último, en 2016 fue la Ley 1797 la que más costo tuvo. Esta norma buscó regular la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Su costo permanente anual, según el Marco Fiscal del 2017, era de $2,8 billones.
