Ciudad de México — En el horizonte se asoma una nueva tormenta legal para el gobierno mexicano. El sector privado analiza interponer amparos en contra de la fijación de precios máximos al Gas Licuado de Petróleo (LP) que usa el 79% de los hogares en México.
Los especialistas jurídicos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), compuesta por 400 compañías, determinarán en los próximos días si tienen los elementos para interponer una defensa legal.
“Sí se están analizando. Es una acción muy drástica y se tienen que revisar todas las áreas”, declaró a Bloomberg Línea el presidente del grupo energético, Carlos Serrano Farrera.
La opción de un proceso judicial se desprende del tope a precios para agosto de casi 10% por debajo del precio observado al cierre de junio por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), luego de una orden de la Secretaría de Energía (Sener) el 29 de julio, con la intención de frenar la escalada de precios al consumidor y su impacto en la inflación.
El amparo es una acción legal a la que tienen derecho todas las empresas privadas en México, pero la decisión final dependerá de cada distribuidor, matiza el representante empresarial.
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Serrano Farrera recuerda que múltiples empresas del sector energético optaron por amparos para defenderse de los cambios que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador implementó par beneficiar a las empresas estatales y reducir la participación privada.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), un grupo que integra al empresariado mexicano, reveló en abril que existen al menos 120 amparos en contra de una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el mandatario y aprobada por el Congreso.
Precios volátiles
El representante gasero atribuyó los aumentos del combustible a la referencia internacional del precio spot del propano Mont Belvieu en Estados Unidos, y no a una manipulación de los distribuidores.
El gas, compuesto por propano y butano, incrementó su precio de 75% porque la demanda se disparó por la reactivación económica internacional, particularmente los mercados asiáticos que demandan propano para la fabricación de plásticos.
Incluso Serrano Farrera recordó que Pemex, el principal importador del combustible (65%), subió el precio mayorista a los distribuidores en un peso por encima de repunte de la referencia internacional, lo que significa ingresos adicionales por 1.600 millones de pesos mensuales para la empresa estatal.
Paros laborales
Los estragos por el control de precios comienzan a manifestarse. Durante la mañana del 3 de agosto, más de 8.000 repartidores -conocidos como comisionistas- en el Valle de México detuvieron sus pipas con el argumento de que los topes de precio los dejaban sin ganancias operativas.
Horas después, las empresas distribuidoras se deslindaron de los repartidores no autorizados y denunciaron violencia física para impedir la entrega de Gas LP a los hogares y negocios de la zona.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana del 4 de agosto que usará a la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de distribuidores y repartidores.
Los riesgos
Serrano Farrera advierte cinco impactos graves para los consumidores y la economía nacional por el tope de precios al Gas LP:
Escasez. Al no cubrir sus costos por los topes de precio, las empresas no llevarán el energético a las poblaciones más alejadas, las cuales pueden sustituir el gas con leña, cuyo sufre enfermedades respiratorias como cáncer y efisema pulmonar.
Desempleo. Al parar rutas, las empresas despedirán empresas por una menor actividad, desde conductores hasta atención a clientes.
Desinversión en infraestructura nueva de almacenamiento y transporte para garantizar abasto.
Inseguridad. La falta de inversión y mantenimiento puede provocar riesgos para los trabajadores, usuarios y población en general.
Más robo. La empresa estatal Pemex pierde 30.000 millones de pesos anuales por el robo de gas LP. Los distribuidores ilegales del combustible pueden cubrir los costos de distribución porque
El presidente de la Amexgas también propone algunos caminos para reducir el costo del gas LP, sin necesidad de fijar precios máximos, como el combate al robo de Gas LP, tal como ocurrió con la gasolina y el diésel en 2019; regularizar la figura de comisionistas para que cumplan normas de seguridad.
Agrega la simplificación regulatoria de más de un peso por cada kilo de gas y reducirlo a 50 centavos; la estabilidad de Pemex en precios mayoristas; una entrega rápida de permisos a competidores para equipos, plantas y estaciones de servicio; la transparencia en el cálculo de precios por parte de la CRE y certeza jurídica por parte del gobierno mexicano.
