Bogotá — El presidente colombiano, Iván Duque, sancionó este miércoles la ley de delitos ambientales que “fortalece” la estrategia de defensa de los recursos naturales de Colombia y contempla delitos como la deforestación.
Según el Gobierno, esta ley “responde a las actuales necesidades ambientales, mitiga los efectos de la criminalidad ambiental y otorga herramientas a la Fiscalía para combatir este fenómeno”.
Las autoridades colombianas empezarán a penalizar el delito de deforestación y aumentarán la sanciones a los crímenes ya existentes.
En este sentido, se modifica en el Código de Procedimiento Penal la competencia de los jueces del circuito especializados, así mismo se incluye la cancelación y suspensión de las personas jurídicas y se contemplan los procedimientos en casos de flagrancia.
“Por primera vez” en Colombia las personas que hayan sido penalizadas por delitos ambientales “no tendrán la posibilidad de constituir personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público”.
Sumado a lo anterior, “el juez respectivo podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión de titularidad de bienes”, según ha precisado el Gobierno, que tiene la meta de sembrar 125 millones de árboles en 2021 y generar 81.000 empleos entre directos e indirectos.
En 2019, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam firmaron el Pacto de Leticia para la conservación y desarrollo sostenible de la Amazonía a través de cinco ejes y 52 acciones estratégicas.
Esto luego de alcanzar niveles dramáticos de deforestación, principalmente provocados por quemas generadas por terratenientes que buscan explotar las tierras y desplazar a las comunidades nativas que allí habitan.
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Se estima que en 2020 la deforestación arrasó con 2,3 millones de hectáreas de selva en la Amazonía. Colombia reportó en ese período 140.000 hectáreas deforestadas en ese pulmón natural, lo que equivale a un aumento del 53 % frente al período anterior, completando el segundo peor registro de su historia.
En la jornada de la firma participaron el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa; la procuradora general, Margarita Cabello; el senador Santiago Valencia y los representantes a la Cámara, Edward Rodríguez y Juan Carlos Lozada.
También asistieron el director ejecutivo de Conservación Internacional, Fabio Arjona; el miembro del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, Gonzalo Andrade y la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste.
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