Bogotá — Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó este martes que aún no ha sido notificada sobre una orden de embargo de cuentas por los presuntos daños causados por la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Aguas Claras.
“EPM no ha sido notificada ni comunicada por parte de ningún juzgado civil del municipio de Bello del decreto de medida cautelar alguna por hechos similares”, informó en un boletín.
El presunto embargo al que hace mención EPM se conoce luego de que una red de veeduría ciudadana interpusiera una acción por las presuntas afectaciones que le estaría generando la planta a la comunidad.
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Empresas Públicas de Medellín agregó que solo por “información que ha circulado en medios de comunicación” ha tenido conocimiento “informal” de un decreto de una medida cautelar de embargo de sus cuentas bancarias.
Aunque sí reconoció que ha tenido acceso a unos documentos que dan cuenta de una nueva acción de grupo que al parecer se tramita en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello.
Además, que la semana pasada fue notificada por parte del Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín de la admisión de una acción de grupo por hechos similares, “sin que se hubiese decretado medida cautelar alguna”.
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Según los documentos conocidos, “aparentemente el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello ha ordenado el embargo de cuentas, entre otras, de entidades como EPM y Aguas Nacionales EPM, hasta por la suma de $30.000.000.000”, manifestó.
En este sentido, aclaró, que “por obvias razones espera conocer, detallada y formalmente esta información para poder pronunciarse oficialmente sobre el contenido de las órdenes aparentemente impartidas”.
Según EPM, la PTAR está enfocada no solo “en la construcción de infraestructura para el saneamiento del río Aburrá-Medellín, sino también en generar desarrollos urbanísticos y paisajísticos para la comunidad”.
El costo total de este proyecto, que ha generado empleo a unas 10.600 personas, se estima en $1,6 billones y contó con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$450 millones.
“Con la entrada en operación de Aguas Claras, unida a la Planta San Fernando, estamos recolectando y tratando más del 84 % de las aguas residuales del Valle de Aburrá, evitando que lleguen al río más de 140 toneladas diarias de materia orgánica”, destaca la empresa.
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