Bogotá — La pobreza monetaria en Colombia llegó al 42,5% de la población durante la crisis del 2020, una subida de 6,8 puntos porcentuales frente al 35,7% de 2019. En números eso significó que 3,5 millones de personas entraron en pobreza para cerrar con un total de 21 millones en dicha condición. El peor retroceso en los últimos años.
Teniendo en cuenta lo anterior, el nuevo proyecto de ley de reforma tributaria radicado en el Congreso el pasado 20 de julio, que busca $15,2 billones de nuevos recursos, espera que se logre reducir la incidencia de pobreza monetaria pasando del 42,5% de 2020 a 34,3% en 2022 gracias a un mayor dinamismo en el crecimiento económico y del mercado laboral, junto a la ampliación de programas sociales como Ingreso Solidario.
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Sin embargo, la reducción de 8,2 puntos porcentuales (pps) entre 2020 y 2022 planteada en la exposición de motivos del proyecto de ley luce optimista para los expertos consultados por Bloomberg Línea.
¿Por qué son optimistas las cuentas?
Para Natalia Galvis, consultora en política social y experta en temas de pobreza, los cálculos del Gobierno están siendo “excesivamente optimistas”, pues a su juicio “es improbable que el país regrese a los niveles de pobreza prepandemia haciendo exactamente lo mismo, con menos recursos y aduciendo como único argumento el efecto crecimiento”.
Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión y experto en temas de pobreza, también asegura que las nuevas proyecciones de reducción de pobreza son muy optimistas porque en el nuevo proyecto de reforma tributaria se estima un menor recaudo y el Ingreso Solidario tendría menores montos y cobertura que en el primer proyecto de reforma.
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“Según estas proyecciones se demora menos en volver al dato de pobreza precovid que la anterior. El único ajuste estaría por la tasa de crecimiento, pero no podemos suponer que la recuperación en crecimiento sea un espejo de la recuperación en pobreza porque el fenómeno del mercado laboral se demora en reaccionar”, dijo Angulo.
Galvis puso de contexto que la reforma tributaria que se hundió sin ser debatida en mayo pasado, que buscaba al menos $23 billones de recaudo cerca de $8 billones más que la actual propuesta, había previsto un mecanismo de ingresos y contribuciones que beneficiaba a los más pobres.
Se trataba de “un Ingreso Mínimo Garantizado (renta básica) capaz de proteger a los hogares pobres y buena parte de los vulnerables que iba a evitar traslapes en las ayudas, consideraba el tamaño y la ubicación geográfica del hogar y extendía la red para facilitar la inclusión productiva”, ajustes que no se prevén tal cual en la nueva propuesta de tributaria.
“Ni siquiera una buena propuesta como la que vimos en la anterior reforma iba a lograr que el país regresara a los niveles prepandemia. Por lo que no creo que, haciendo lo mismo, con menos ingresos y sin una clara apuesta por ampliar la cobertura de los programas de inclusión social y productiva esos 10 pps desaparezcan”, agregó la experta.
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Mientras tanto Angulo añadió que “históricamente en Colombia no hemos visto una tasa de reducción de pobreza de más de 3 puntos porcentuales de un año a otro en las series con las que contamos”.
Por lo anterior, ve difícil que se cumpla la reducción de 8,2 pps a 2022, “sobre todo porque no tenemos estrategias agresivas para mejorar la desigualdad que es lo que gradúa el beneficio del crecimiento en la reducción de la pobreza”.
¿Qué hacer?
Sobre este punto Roberto Angulo mencionó que la crisis de pobreza e ingresos fue esencialmente urbana según los datos del Dane por lo que cree que ”no se debe pensar en el Ingreso Solidario abstracto general o nacional, sino en cuál es la suficiencia del Ingreso Solidario en las grandes ciudades”.
Además, expuso que la estrategia debería ir acompañada de “una operación masiva de formación para el trabajo, educación técnica y tecnológica para jóvenes y de esta forma combatir los ninis en grandes ciudades”.
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Con base en lo anterior, el experto añadió que al menos debería duplicarse la cobertura del programa de Jóvenes en Acción.
“Eso se puede lograr haciendo economías de escala con los mismos recursos de Ingreso Solidario pero gastándoselo en Jóvenes en Acción, pero para eso las ciudades tienen que organizarse y estructurar una oferta privada de formación para el trabajo y educación técnica y tecnológica que permita ampliar los cupos del programa. Esa pieza falta y es importante para que complete también todo este tema del subsidio al empleo juvenil”.
Por su parte, Natalia Galvis dice que debe haber un foco en jóvenes, mujeres y ciudades. Añadió que se requieren “políticas claras de formación para el trabajo, reentrenamiento, redistribución de las cargas de cuidado y aceleración de la agenda de reactivación en las ciudades para acelerar la reducción de la pobreza”.
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La experta también dijo que “el Gobierno ha depositado toda la confianza para la reducción de la pobreza en el crecimiento y ha guardado silencio sobre la generación de empleos, cuando es evidente que necesitamos no solamente crecer (y mucho) sino también incluir productivamente a las mujeres y los jóvenes, generar empleo -sobre todo en las principales ciudades- y garantizar la sostenibilidad de los programas de inclusión social como las transferencias monetarias”.
Para ambos expertos es claro que aunque se espera un crecimiento económico entre el 6 y 7% este año, la dinámica del empleo no está teniendo el mismo ritmo de recuperación pues los niveles de ocupación se han mantenido en los últimos meses en el orden de los 20 millones, mientras que en 2019 había 22,2 millones de ocupados.
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Galvis complementó lo anterior diciendo que para volver a los niveles prepandemia del mercado laboral y trazar la senda de reducción de pobreza con la meta fijada por el Gobierno Nacional “nos faltarían cerca de 2 millones de empleos (...) no creo que aduciendo el argumento del crecimiento le alcance al Gobierno Nacional para cumplir la meta”.
¿Qué propuestas plantea el Gobierno?
En su proyecto de reforma incluye varias estrategias que ayudarían a reactivar la economía y el empleo. Entre estos está subsidiar a quienes contraten formalmente a jóvenes entre 18 y 28 años, extender el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) hasta diciembre de este año, ampliar el Ingreso Solidario hasta 2022, mantener los 3 días sin IVA y dar matrícula cero a estudiantes de instituciones de educación superior públicas de estratos 1, 2 y 3.
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Para los expertos el llamado es claro, no dejar todas las esperanzas de la reducción de la pobreza en un mayor crecimiento económico, sino también plantearse metas en la reactivación del empleo e incluir nuevas medidas de choque para fomentarlo.