Los criptoactivos son cada vez más populares en el mundo. No obstante como inversión siguen siendo riesgosos y las autoridades monetarias en el mundo aún no los bendicen para su uso oficial.
Tobias Adrian, Consejero Financiero y Director de Asuntos Monetarios y Mercados Financieros del Fondo Monetario International (FMI) y Rhoda Weeks-Brown, Consejera Jurídica y Directora del Departamento Jurídico del FMI, explicaron cuáles son los riesgos a los que se enfrentaría una nación que decidiera usar los criptoactivos como moneda nacional.
Reconocen, eso sí, que las nuevas formas digitales de dinero tienen el potencial de ofrecer pagos más baratos y rápidos, aumentar la inclusión financiera, mejorar la resiliencia y la competencia de los proveedores de servicios de pago y facilitar las transferencias transfronterizas.
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No obstante, advierten que para que eso suceda se necesitan inversiones y decisiones de política, como es la definición del papel de los sectores público y privado en la oferta y regulación de las formas digitales de dinero.
“Algunos países podrían verse tentados a tomar un atajo: adoptar criptoactivos como moneda nacional. Muchos de ellos son en efecto seguros, de fácil acceso y de transacción barata. Sin embargo, creemos que en la mayoría de los casos, los riesgos y los costos superan los posibles beneficios”, advierten Adrian y Weeks.
Aseguran también que el bitcoin y sus homólogos se encuentran en gran parte en la periferia de las finanzas y los pagos, y sin embargo algunos países están considerando seriamente otorgar a los criptoactivos el estatus de moneda de curso legal e, incluso, convertirlos en una segunda (o potencialmente la única) moneda nacional.
Y es allí donde los consejeros del FMI ven los riesgos. Sostienen que si se otorgara a un criptoactivo el estatus de moneda de curso legal, los acreedores tendrían que aceptarlo como medio de pago de obligaciones monetarias, como son los impuestos, de forma similar a los billetes y a las monedas en circulación (dinero legal) emitidos por el banco central.
Pero aseguran que pese a ello, es difícil que los criptoactivos se impongan en países cuya inflación y tipos de cambio son estables y que cuentan con instituciones creíbles.
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Advierten que los hogares y las empresas tendrían muy pocos incentivos para fijar precios o ahorrar en un criptoactivo paralelo como el bitcoin, aun cuando se le concediera el estatus de dinero legal o moneda de curso legal. Esto debido a que su valor es demasiado volátil y sin relación con la economía real.
Argumentan que incluso en economías relativamente menos estables, el uso de monedas de reserva internacionalmente reconocidas, como el dólar o el euro, sería más atractivo que adoptar un criptoactivo.
De igual forma, aseguran que el costo más directo de la adopción generalizada de criptoactivos, como el bitcoin, es la estabilidad macroeconómica.
Dicen que si se fijaran los precios de los bienes y servicios tanto en moneda real como en criptoactivos, los hogares y las empresas emplearían tiempo y recursos importantes en elegir qué moneda mantener, en lugar de participar en actividades productivas.
Además, creen que los ingresos fiscales se verían expuestos al riesgo de tipo de cambio si los impuestos se indicaran por adelantado en criptoactivos, mientras que los gastos siguieran estando en su mayoría en moneda nacional, o viceversa.
Los bancos centrales no pueden fijar tasas de interés para una moneda extranjera. Normalmente, cuando un país adopta una moneda extranjera como propia, «importa» la credibilidad de la política monetaria extranjera y espera que su economía —y sus tasas de interés— se ajusten al ciclo económico extranjero. Nada de esto es posible en el caso de la adopción generalizada de criptoactivos”.
Tobias Adrian y Rhoda Weeks-Brown, consejeros del FMI
Como resultado, los precios domésticos podrían volverse altamente inestables. Incluso si todos los precios se indicaran, por ejemplo, en bitcoin, los precios de los bienes y los servicios importados seguirían fluctuando enormemente, siguiendo los vaivenes de las valoraciones del mercado.
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La integridad financiera también sufriría. Sin medidas sólidas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los criptoactivos pueden ser utilizados para lavar dinero obtenido por medios ilícitos, financiar el terrorismo y evadir impuestos.
Esto podría presentar riesgos para el sistema financiero de un país, su balance fiscal y sus relaciones con países extranjeros y sus correspondientes bancos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha establecido una norma sobre cómo deben regularse los activos virtuales y los proveedores de servicios relacionados para limitar los riesgos a la integridad financiera. Pero la aplicación de esa norma todavía no es uniforme entre los países, lo que puede ser problemático dado el potencial de actividades transfronterizas.
