La agenda económica del Congreso de la República centra su atención en la Reforma Tributaria, sin embargo hay otros proyectos que siguen avanzando su trámite legislativo que son cruciales para el mercado y el Gobierno Nacional.
Uno de ellos es la Reforma al Mercado de Capitales que ya tiene ponencia para segundo debate y que se ha venido construyendo entre la industria, los legisladores y el Gobierno Nacional.
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Hay que recordar que el proyecto de ley se construyó con ase a las recomendaciones que realizó la Misión del Mercado de Capitales en 2019 y que tiene como finalidad fortalecer y profundizar el mercado colombiano.
En la ponencia para segundo debate se destaca que dentro de la propuesta de artículo relacionado con la enajenación de la propiedad accionaria estatal (artículo 32), se propone modificar el numeral primero con el fin que la enajenación de acciones que pertenezcan a la Nación en sociedades listadas en la bolsa de valores se lleve a cabo con previa autorización del Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 150 de la Constitución Política.
Hay que resaltar que esta proposición cuenta con aval del Gobierno Nacional. Adicionalmente se modifica el numeral 2 con el fin de señalar que la oferta simultánea de propiedad accionaria de la Nación a destinatarios con condiciones especiales deberá respetar el contenido del artículo 11 de la Ley 226 de 1995 en relación al precio ofrecido a los destinatarios de condiciones especiales.
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Hay que tener presente que la Ley 226 de 1995 es la que rige las ventas de participaciones accionarias de la Nación en las distintas sociedades de las que participa.
Así mismo, se destaca de la ponencia para segundo debate que se elimina el artículo que confería facultades al Gobierno Nacional para reglamentar la comisión de administración de las AFP sobre el valor de los activos administrados.
De otro lado, se adiciona el artículo 54 del proyecto de ley en relación con la administración de los recursos del Fonpet, con el fin de precisar que para la realización de las inversiones de estos recursos, los administradores y gestores deberán cumplir con los lineamientos fijados por la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, las cuales deberán tener en cuenta dentro de sus objetivos que la inversión de recursos se realice dentro de un marco adecuado de gestión de riesgo.
En relación con la conversión del DTF a IBR se modifica la fecha hasta la cual el banco continuará calculando y publicado la DTF, pasando del primero de enero de 2027 al 21 de diciembre de 2021.
María del Rosario Guerra, es la senadora ponente del proyecto y asegura que Colombia requiere un sistema de pagos, un mercado de capitales y en general un sistema financiero robusto y dinámico, acorde con el contexto de transformación digital y tecnológico, que sirva como motor de crecimiento económico y generador de bienestar social.
Advierte que si bien, en los últimos años se han dado importantes avances en el desarrollo del sector financiero, en su sentido amplio, y en la capacidad del Estado para mejorar su regulación y supervisión en línea con los estándares internacionales, es preciso adoptar cambios en el marco legal que permitan consolidar estos resultados y promover mayores niveles de profundización financiera.
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Sostiene que el proyecto busca promover un sistema financiero más dinámico, competitivo, resiliente e inclusivo, acorde con el contexto de transformación digital y tecnológica del país.
Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos generales de política económica del Gobierno nacional, concretamente sobre el eje de recuperación económica y de reactivación de la capacidad productiva, de manera que se puedan mejorar los niveles de ingreso nacional de manera sostenida.
El proyecto se centran en cuatro objetivos: i) impulsar el acceso al sistema de pagos y la inclusión financiera, ii) desarrollar el mercado de capitales, iii) modernizar algunos subsectores del sistema financiero, y iv) fortalecer el marco institucional. Con el cumplimiento de estos objetivos se espera corregir arbitrajes regulatorios e ineficiencias en la asignación de los recursos.