Bogotá — Hace apenas ocho días el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso su nueva reforma tributaria, tras llegar a consensos con diversos actores de la sociedad, sin embargo, a la iniciativa ya le han empezado a sugerir ajustes que serían político, social y económicamente viables y que podrían robustecer el recaudo de la iniciativa sin generar polémicas, que es lo que evita el Gobierno tras la reforma que retiró en abril pasado.
Lo que debe saber
Como contexto, hay que recordar que el 15 de abril de este año el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó una reforma que buscaba $23,4 billones ampliando la base gravable en el impuesto de renta de personas naturales y ajustando el IVA, principalmente, iniciativa que no cayó para nada bien en el contexto de la crisis derivada por la pandemia, lo cual fue uno de los detonantes del paro nacional que inició el 28 de abril. El 5 de mayo la reforma fue retirada.
Tras varias jornadas de diálogo con la ciudadanía y un nuevo jefe en la cartera de Hacienda, José Manuel Restrepo, la cuarta reforma tributaria del gobierno de Iván Duque llegó al Congreso el 20 de julio, se espera que quede aprobada en agosto y que recaude $15,2 billones vía mayores impuestos a las empresas, más control a la evasión de impuestos y austeridad en el gasto, principalmente.
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Estas medidas, a diferencia de las contempladas en el proyecto de ley de abril, generan poco resistencia en el sector político y social del país por lo que su aprobación luce muy probable. Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, Bloomberg Línea consultó a expertos en la materia para preguntarles qué otros cambios viables político y socialmente se podrían incluir en la iniciativa para robustecerla, a lo que contestaron que sería clave al menos incluirle o ajustarle cinco temas: impuesto al patrimonio, impuesto a los dividendos, impuestos verdes, tarifa de renta diferencia para pymes y elección del Comité de la Regla Fiscal.
Lo que proponen
De acuerdo con María Fernanda Valdés, PhD en economía y coordinadora para la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, uno de los impuestos que se podría incluir a la reforma radicada es el del patrimonio que está vigente hasta este año. “Este es uno de los que es más popular dentro de los colombianos. Según un estudio de Cifras y Conceptos, este es el impuesto más aceptado por los colombianos y además es apoyado políticamente”.
Sin embargo, sobre ese tributo que sí bien podría dejarle al país al menos $1 billón según sea la propuesta, vale mencionar que varios expertos han resaltado que entre los contras de que Colombia mantenga el tributo está que, dado que en el mundo no se grava de manera generalizada el patrimonio, se podría generar que los patrimonios altos salgan del país hacia lugares donde no exista dicho gravamen lo cual terminaría afectado el recaudo final y la inversión.
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Por su parte, Liliana Heredia, profesora del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Javeriana de Cali y experta en temas tributarios, comentó que “sería importante considerar la tarifa diferenciada para las personas jurídicas que sean pequeñas y medianas empresas (pymes), inclusive podría pensarse en una tarifa progresiva como se tiene en el caso de las personas naturales”.
“Sería importante considerar la tarifa diferenciada para las personas jurídicas que sean pequeñas y medianas empresas (pymes), inclusive podría pensarse en una tarifa progresiva como se tiene en el caso de las personas naturales”.
Liliana Heredia, docente y experta en temas tributarios.
Hay que recordar que en la iniciativa radicada se contempla un aumento de la tarifa de renta de las empresas pasando de 30% a 35% desde el año gravable de 2022, sin diferenciar el tamaño de la compañía, algo que sí contemplaba la propuesta que se retiró.
“El otro asunto que siempre estará sobre la mesa, pero, que encuentra mucha resistencia política es imponer una carga impositiva más elevada sobre las rentas de capital, especialmente las obtenidas por dividendos y similares, que sobre las rentas de trabajo”, añadió Heredia al decir que “no hay que dejar de lado que se requiere una regulación urgente en materia tributaria para las empresas que forman parte de la denominada economía digital”.
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Para Juan Camilo Cárdenas, profesor de la Universidad de Massachusetts y de la Universidad de los Andes, “el Congreso tiene una oportunidad única de mejorar la propuesta de reforma tributaria del Gobierno agregando los impuestos verdes a plásticos, agroquímicos y subir el impuesto al carbono. Generan recaudos, reorientan la actividad económica y fomentan la innovación hacia nuevos mercados”.
Desde una visión un poco más conservadora, José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana y Juan Pablo Espinosa, director de investigaciones económicas de Bancolombia coinciden en que, dado el contexto de la reforma pasada y el panorama político y social actual, se debe propender es porque se apruebe la iniciativa que se construyó bajo consensos dada las complicaciones actuales de hacer cambios estructurales requeridos.
Espinosa aseguró que “a pesar de que en el estatuto tributario colombiano todavía hay muchos aspectos por mejorar, creo que las condiciones políticas y sociales del país en este punto hacen que el proyecto que sea viable a aprobar sea el que se presentó y para asegurar esa aprobación debería mantenerse como está en este momento”. Esto, teniendo en cuenta la necesidad de nuevos recursos a la que se enfrenta el país por los efectos derivados de la crisis.
“A pesar de que en el estatuto tributario colombiano todavía hay muchos aspectos por mejorar, creo que las condiciones políticas y sociales del país en este punto hacen que el proyecto que sea viable a aprobar sea el que se presentó”.
Juan Pablo Espinosa, director de investigaciones económicas de Bancolombia.
Así mismo López, de Corficolombiana, comentó que “la reforma que planteó el Gobierno es buena en el sentido de que es práctica porque quizás ahora no haya más espacio para algo estructural”.
¿Qué tanto de la reforma de 2021 debería desmontar el otro gobierno?
Para el experto de Corficolombiana, “en un mundo ideal a uno le gustaría que, dado que esta vez no fue posible, en un escenario político distinto viniera una reforma que buscara más el recaudo directo a través de las personas y no tanto de las empresas que como bien sabemos genera distorsiones en las decisiones de empleo e inversión. Eso sería en lo que debería avanzar el próximo gobierno si las condiciones se dan”.
Para María Fernanda Valdés, lo que está haciendo este gobierno es aumentar la tarifa de renta a empresas sin desmontar ningún beneficio tributario, sino que crea más con los días sin IVA y exenciones al sector turismo. “Entonces, ¿qué va a tener que hacer el siguiente gobierno si quisiera avanzar hacia algo más justo y competitivo? Hacer exactamente lo contrario a lo que se hizo en esta nueva reforma”.
“Entonces, ¿qué va a tener que hacer el siguiente gobierno si quisiera avanzar hacia algo más justo y competitivo? Hacer exactamente lo contrario a lo que se hizo en esta nueva reforma”.
María Fernanda Valdés, PhD en economía y coordinadora para la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia.
Liliana Heredia piensa en una línea similar y expone que más que desmontar elementos asociados a la reforma de este año, existe la necesidad de revisar el sistema tributario en su totalidad, analizar su progresividad y evaluar la pertinencia de los beneficios tributarios existentes, además de continuar robusteciendo la modernización de la administración tributaria para mejorar su capacidad de fiscalización.
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Por su parte, Juan Pablo Espinosa, quien también cree que se deben revisar medidas que permitan aumentar el recaudo sin enfocarse solo en los impuestos a las empresas, dijo que la temporalidad de la sobretasa del sistema financiero debería desaparecer gradualmente del estatuto tributario porque “el impacto de ese tipo de impuestos sectoriales sobre todo en alguna actividad que asigna capital entre el resto de la economía, distorsiona”.
Cambios a la elección del Comité de la Regla Fiscal
Uno de los cambios que contempla la reforma radicada tiene que ver con la Regla Fiscal y la manera en la que se elegiría su comité consultivo. En esta se le darían mayores facultades al Ministerio de Hacienda, algo que hoy en día está definido por la Ley de la Regla (1473 de 2011) y detallado según los sectores de los que se puede elegir algún miembro.
En dicha Ley dice que el comité estará conformado por representantes de los decanos de las facultades de economía de diversas universidades del país, por miembros de centros de investigación, por expertos y consultores de reconocida trayectoria y por los presidentes de las comisiones de asuntos económicos del Congreso de la República. Al igual que ahora, serían elegidos por el Ministerio de Hacienda, sin embargo, no existiría dicho nivel de detalle de sectores.
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A la pregunta de si el cambio en la manera en la que se elige el comité podría terminar afectando su independencia, López, de Corficolombiana, dijo que ven “favorable el proyecto de ley en la medida en la que ahora el comité va a contar con recursos para hacer sus propios cálculos, pero es obvio que el Minhacienda y gobierno de turno tendrán una incidencia importante en el comité. Si por el contrario fuera un comité que saliera de los miembros del Banco de la República quizás tendría más independencia y se vería más aislado del gobierno de turno”.
En línea con lo anterior, el experto de investigaciones económicas de Bancolombia, Juan Pablo Espinosa, mencionó que podría pensarse “en ir un poco más allá y hacer que ese comité tuviera un estatus similar al que tiene la junta directiva del Banrep, es decir que hubiera un nivel de formalización mucho mayor de esa figura y que de esa manera fuera un equipo permanente que esté haciendo seguimiento a la política fiscal (...) ante la magnitud del desafío que tiene el país para ajustar las finanzas públicas”.
