El Gobierno de Estados Unidos permitirá que la petrolera estatal venezolana, con problemas de liquidez, importe el gas licuado con el que cocinan muchos venezolanos en medio de una escasez de combustible que obliga a los residentes a quemar leña producto de la deforestación.
El Departamento del Tesoro otorgó una exención esta semana que permite a Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA, y empresas afiliadas comprar el combustible, conocido como GLP, levantando temporalmente la prohibición establecida como parte de las sanciones de la Administración del expresidente Donald Trump al Gobierno venezolano.
La decisión se considera un gesto humanitario destinado a ayudar a continuar las negociaciones políticas con el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, sobre las reglas básicas para las próximas elecciones.
Sin embargo, la licencia prohíbe a PDVSA realizar pagos en especie con crudo o productos derivados del petróleo, y la empresa cuenta con poco efectivo para pagar por el GLP en los mercados internacionales.
“Es un paso importante, como resultado de las negociaciones y la presión para levantar las sanciones que afectan a los combustibles”, dijo Antero Alvarado, socio gerente en Venezuela de la consultora Gas Energy Latin America. “Pero lo que realmente necesita Venezuela es el levantamiento de la sanción contra el diésel”, que es clave para las industrias agrícola y alimentaria, además del transporte. La cadena de suministro de alimentos del país se ha visto obstaculizada por la falta de diésel, limitando el acceso a productos frescos, al tiempo que la inflación vacía los mercados de alimentos de Caracas.
Actualmente, PDVSA produce menos de 25.000 barriles al día del GLP como combustible propano y butano, muy por debajo de los aproximadamente 80.000 barriles por día que consumían las empresas, los hogares y Pequiven -la filial petroquímica de PDVSA- en el pasado. Como resultado, se ha desarrollado una industria artesanal de leña, particularmente en las áreas rurales, que contribuye al problema de deforestación del país.
Las empresas privadas han estado presionando al Gobierno de Maduro para que se realicen cambios en los mercados de petróleo y gas, lo que permitiría más importaciones y relajar los controles de precios. La Asamblea Nacional del Gobierno está redactando un proyecto de ley de hidrocarburos, pero no se han anunciado los detalles de la ley propuesta.
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