Algunos barrios de la capital de Venezuela están paralizados debido a los intensos combates entre las pandillas urbanas y las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, familias aterrorizadas se refugian en sus hogares al tiempo que el país se desliza aceleradamente hacia la anarquía.
Pandilleros de la barriada Cota 905 al oeste de Caracas y los vecindarios circundantes incendiaron vehículos y camiones y dispararon contra conductores civiles, así como policías, con armamento pesado.
La violencia continuaba por tercer día cuando fuerzas de seguridad y vehículos blindados pesados ingresaron por la mañana a la Cota 905 para recuperar el control. Las autoridades cerraron algunas avenidas y parte de una autopista importantes en toda la ciudad e instaron a los ciudadanos a quedarse en casa.
A medida que la economía venezolana se contrae por octavo año consecutivo en una de las recesiones más profundas de la historia mundial, el Gobierno ha perdido el control de grandes áreas de la nación a manos de las mafias locales y las guerrillas colombianas. La última ronda de combates dejó en claro cómo la Administración del presidente Nicolás Maduro, incluso ahora, está teniendo problemas para mantener controlados los barrios pobres de la capital que alguna vez estuvieron bajo el firme control de sus partidarios.
“Estoy aterrada. Esto es horrible. He estado encerrada en mi baño todo el día y las balas han entrado a varios apartamentos de mi edificio”, dijo el jueves por la noche Teresa Portilla, de 68 años, residente del barrio El Paraíso, cerca de la Cota 905. “No ha cesado. Creo que incluso han arrojado granadas”.
Mientras Portilla hablaba, de fondo se oían claramente los disparos. Algunos videos grabados por los residentes muestran cómo familias de la zona huyen de sus hogares con sus pertenencias.
¿Cuánto ofrecen por el ‘Koki’?
Aunque no está claro qué desencadenó los últimos actos violentos, el Gobierno ofreció una recompensa de US$500.000 a quien proporcione información que conduzca a la captura de Carlos Luis Revete, alias “Koki”, de quien se afirma es el líder de la pandilla más poderosa de la ciudad. También ofreció la misma cantidad por otros dos líderes de otras pandillas, cada uno.
A medida que continuaban los combates, los barrios marginales que rodean la Cota 905 también estallaron en violencia y decenas de manzanas de zonas residenciales cercanas al centro de la ciudad se convirtieron en zona de guerra.
Videos en las redes sociales publicados por vecinos en edificios cercanos a los enfrentamientos parecen mostrar impactos de balas en sus casas y el intenso traqueteo de los disparos. En otros se puede ver a las personas haciendo cola en las estaciones de servicio y en las calles protegiéndose detrás de los automóviles. Algunas familias incluso dormían en ascensores, lejos de ventanas y balcones, para protegerse mejor de las balas perdidas.
Extorsión y secuestro
En 2013, el Gobierno negoció treguas con algunas de las pandillas y estableció las llamadas zonas de paz donde las fuerzas de seguridad no entrarían. Eso convirtió a algunos barrios como Cota 905 en áreas de acceso vedado para las autoridades, dirigidas por delincuentes que se ganan la vida mediante la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. En muchos casos, las pandillas han buscado ganarse la lealtad de las comunidades locales distribuyendo comida, ayudando a pagar los funerales e incluso organizando fiestas.
“Este es el resultado del desbordamiento del crimen contra unas fuerzas de seguridad ineficaces, que son muy buenas controlando las protestas contra Maduro, pero ineficaces contra el crimen organizado”, dijo Luis Izquiel, un criminólogo local.
El Gobierno no ha publicado la cifra oficial de personas abatidas tras los recientes combates, pero las ONG locales que monitorean la violencia dicen que al menos seis personas han muerto.
Las fuerzas gubernamentales continúan desplegándose en el área y están desmantelando los grupos armados, dijo el viernes la ministra del Interior, Carmen Meléndez. Meléndez acusó a los grupos de “derecha”, respaldados por actores internacionales, de financiar y planificar los enfrentamientos.
El jueves, el Gobierno envió a la zona a la Guardia Nacional y las temidas Fuerzas de Acción Especial, conocidas como FAES. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha acusado a las FAES de cometer ejecuciones extrajudiciales y recomendó su disolución.
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