Bloomberg — Si los resultados parciales de las elecciones presidenciales de Perú mantienen su tendencia, el candidato de un partido marxista que habitualmente viste sombrero de paja y lleva consigo un lápiz gigante acaba de ganar estrechamente la segunda vuelta. Se trata de un margen mínimo que apunta a profundas divisiones y presagia una duradera inestabilidad para un país que actualmente no solo es el segundo mayor productor de cobre del mundo, sino que también ha sido considerado –hasta ahora– una fuente clave de suministro futuro del metal que sustentará una economía global más verde.
Pero también es una advertencia. Las agitaciones políticas posteriores al COVID-19 apenas están comenzando, en América Latina y otras partes.
Con un 97% de los votos escrutados, el exmaestro de escuela Pedro Castillo va a la cabeza con un 50,2%, solo unas pocas decenas de miles de votos por delante del 49,7% de su rival de derecha, Keiko Fujimori, un impacto para las élites políticas establecidas de Lima. Hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, la candidata aún no reconoce un triunfo de su adversario, sino que, por el contrario, denunció irregularidades en la votación.
Incluso para los estándares de un continente devastado por el covid-19, Perú ha resultado fuertemente golpeado debido a la inestabilidad política, el alto número de trabajadores informales y un sistema de salud subfinanciado. El país tiene la peor tasa de mortalidad per cápita a nivel mundial. Las duras medidas de confinamiento que no consiguieron salvar a muchos de sus ciudadanos afectaron una economía que alguna vez fue líder regional, pero que el año pasado se contrajo poco más de 11%, la caída más brusca desde 1989. Casi un tercio de la población vive actualmente en la pobreza. Sume a esto un profundo resentimiento en las áreas rurales y un enorme número de votantes jóvenes, y no es difícil ver por qué la nación andina está ahora al borde de lo desconocido.
Castillo, quien saltó a la fama durante una huelga de maestros en 2017, sin duda ha sido radical en sus pronunciamientos durante la campaña, en consonancia con su imagen de hombre de campo de zonas necesitadas y con la plataforma oficial del partido Perú Libre. El candidato izquierdista prometió reescribir la Constitución y presionar por mayores impuestos y regalías en el sector minero, con la mirada puesta en su vecino, Chile, el principal productor de cobre, donde los legisladores están evaluando lo que podría convertirse en uno de los gravámenes más altos en la minería mundial. Está menos claro, dado su breve historial, cómo resultará en realidad: si el pragmatismo o los llamados de los partidarios de la línea dura ganarán la partida.
Medidas extremas como nacionalizaciones del estilo venezolano son poco probables, a pesar de las advertencias de campaña de la rival Fujimori, sobre todo porque un resultado tan ajustado y un Congreso fragmentado harán que incluso los aspectos básicos de gobernar sean un dolor de cabeza. También hay ejemplos en la región y en otros lugares –entre ellos, el peruano Ollanta Humala, alguna vez admirador de Hugo Chávez– de líderes que se han vuelto moderados una vez al mando.
Pero las demandas populares son fuertes y, dado que los precios para el cobre se encuentran en US$9.900 por tonelada métrica –no muy lejos de los máximos históricos alcanzados el mes pasado–, las empresas mineras deberían prepararse para una contracción. De hecho, no hay garantía de que eso no suceda incluso si Fujimori logra un repunte de último minuto. Ella es muy consciente de la necesidad de aplacar a los pobladores rurales de las regiones mineras donde la riqueza no se ha extendido ampliamente. De ahí, en parte, la fuerte caída del lunes en la bolsa de valores del país y la debilidad de la moneda.
Esto se debe a que, lo que está en juego aquí, al menos para las mineras, no es solo lo que Perú representa hoy –un sustancial 11% del suministro mundial de cobre, cifra que aumentará cuando la mina Quellaveco, de más de US$5.000 millones, propiedad de Anglo American Plc, alcance su capacidad máxima el próximo año–, se trata de lo que eso representa para la producción futura, incluidas minas que aún no han sido aprobadas, especialmente pozos que se excavarán desde cero, lo que ya es lento y costoso. Impuestos más altos y otros riesgos podrían hacer que parezcan mucho menos atractivos, sobre todo en el contexto de un país donde la resistencia de la comunidad ya ha sido un problema, como en la mina Tía María, de Southern Copper Corp.
Analistas de Jefferies calculan que hay US$2.400 millones en proyectos brownfield en Perú, pero, citando datos de Wood Mackenzie, apuntan a US$34.700 millones en operaciones greenfield cuyo inicio de producción está previsto para la próxima década, incluido Quellaveco. En un momento en que los altos precios deberían impulsar decisiones de asignación de capital, Perú está aumentando el costo de excavación. Es probable que se observe una inversión más lenta y precios más altos.
Pero esto no es solo una advertencia para las mineras. Lo que vemos en Perú no es la combinación latinoamericana de hiperinflación y creciente deuda. Aquí hay problemas específicos de Perú, incluyendo el tema de la inestabilidad política y presidencial, que el año pasado llevó a que hubiera tres mandatarios en una sola semana. Pero lo que no es exclusivo del país es el sufrimiento mucho más amplio causado por el covid, el descontento con la respuesta del Gobierno y las enormes divisiones tanto sociales como entre zonas rurales y urbanas.
Esos problemas, de hecho, se extienden desde India hasta Brasil, donde el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva está avanzando por un camino similar. Gracias también a condenas penales anuladas, ahora es un candidato creíble para vencer al presidente de derecha Jair Bolsonaro en 2022.
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