Bloomberg Línea — El jueves se dio a conocer un dictamen en que la Corte Constitucional declara que en terrenos de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones en Ecuador, productora de fibra de abacá, existió una “práctica análoga a la esclavitud” conocida como servidumbre de gebla, un caso que incluso derivó en pedidos de reparaciones para las víctimas desde la Organización de Naciones Unidas (ONU).
🔵#BoletínCC | En Sentencia 1072-21-JP/24, la Corte Constitucional declara que en las haciendas de la empresa Furukawa existió una práctica análoga a la esclavitud.
— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) December 5, 2024
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Según se indicó, Furukawa violó la prohibición de esclavitud, anulando la dignidad humana. El organismo aceptó las acciones de protección al hallar que la compañía incurrió en esta práctica. Las violaciones habrían ocurrido en haciendas ubicadas en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas, noroeste de Ecuador.
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De acuerdo con la sentencia: “La Corte verificó que se generó un daño general a los abacaleros y al tejido social, así como afectaciones desproporcionadas a las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y demás”.
En el documento se agrega además que, las entidades públicas accionadas omitieron su deber institucional de adoptar medidas de prevención y protección ante la servidumbre de gebla. “La Corte determinó que, previo a 2018, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, debieron conocer la situación en que se encontraban los abacaleros y adoptar medidas al respecto”.
La Corte estableció que la empresa deberá pagar indemnizaciones a las más de 340 víctimas identificadas por el daño material e inmaterial causado. Además, se estipuló una cto público de reconocimiento de responsabilidad y perdón.
Detalles del caso
Al parecer, la compañía se aprovechaba de personas en condición de extrema vulnerabilidad que vivían en campamentos dentro de las haciendas de Furukawa y cosechaban abacá durante varias generaciones.
Dichos espacios no tenían luz, agua potable y saneamiento, entre otras cosas. Además, no se prestaban servicios de educación y salud. Sumado a esto, las jornadas laborales eran de más de 10 horas sin contratos ni seguridad social, había hacinamiento e inclusos e presentaron mutilaciones por el uso inseguro de maquinaria.
