Población más rica de LatAm percibe 21 veces más ingresos que los menos favorecidos

Los países de Latinoamérica y el Caribe afrontan una reversión de la expansión del gasto social del gobierno central después de la pandemia, lo que puede agravar los desafíos actuales

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Bloomberg Línea — A pesar de los avances, la desigualdad en Latinoamérica sigue en niveles elevados y el grupo de mayores ingresos capta entre el 29% y el 45% del ingreso total en cada país de la región, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en un informe divulgado este jueves.

El reporte sobre el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023 indica que en los 15 países de la región de los cuales se dispone de datos a 2021 o 2022, en promedio el decil X (los hogares más ricos) recibe un 34,9% del ingreso total, 21 veces más que el decil I (1,7%).

Según las cifras de esa entidad, el porcentaje de personas en situación de pobreza como promedio regional volvió a los niveles previos a la pandemia al llegar al 29% o el equivalente a 181 millones de personas en esa condición.

De esta forma, se ubica 1,2 puntos porcentuales por debajo en comparación a antes del inicio de la pandemia de Covid-19.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, manifestó que un 11,2% de la población en LatAm sufre los choques de la pobreza extrema o un equivalente a 70 millones de personas, niveles similares a los del 2019.

En cuanto a desigualdad de los ingresos, destacó que si bien esta disminuyó en 2022, a niveles inferiores a los registrados en 2019, “sigue siendo muy elevada” en LatAm.

“En el ámbito social, la desigualdad del ingreso influye en la dinámica entre distintos grupos socioeconómicos y da lugar a brechas en la inclusión laboral, en la percepción de la justicia y en la cohesión social. Desde el punto de vista político, el hecho de que la desigualdad sea elevada podría presentar retos para la gobernanza y el proceso democrático y, potencialmente, afectar la estabilidad institucional”, recalcó la Cepal en el documento.

Salazar-Xirinachs subrayó en la presentación del reporte que la alta desigualdad no es solo un asunto de justicia social, sino que limita las posibilidades de crecimiento de los países porque está asociada a falta de acceso a derechos como la educación y a una limitada la movilidad social.

Además, reduce las posibilidades de incrementar la productividad y está asociada a la concentración de rentas no productivas.

Los dilemas del gasto público social y el empleo en Latinoamérica

Los países de Latinoamérica y el Caribe también afrontan una reversión de la expansión del gasto social del gobierno central después de la pandemia, recortando la inyección de recursos a políticas laborales y dejando atrás programas de emergencia de gran magnitud.

“Ha habido tasas de crecimiento negativas en la mayoría de los países y, por tanto, una menor disponibilidad de recursos por persona para financiar las políticas sociales”, dice el documento.

En 2022 se registró un segundo año de disminución del gasto social del gobierno central (medido como porcentaje del PIB) en América Latina, tras el significativo aumento experimentado entre 2019 y 2020 a raíz de las medidas de emergencia de protección social y de salud implementadas ante la pandemia de COVID-19.

Cepal

Esta situación llama la atención en un contexto en el que los mercados laborales y el trabajo (remunerado y no remunerado) no han logrado recomponerse tras los choques de los últimos años, originados especialmente tras la pandemia.

De acuerdo a la Cepal, “la pandemia de Covid-19 profundizó esta tendencia y desencadenó la mayor crisis de los mercados laborales de América Latina y el Caribe desde 1950. En 2020 la creación de empleo cayó por primera vez en 70 años”.

En 2022, un total de 54,2 millones de hogares (39 % del total) dependían exclusivamente del empleo informal en la región.

Los trabajadores informales tienen cuatro veces más posibilidades que los formales de pertenecer a los hogares del primer quintil de los ingresos (menores ingresos).

El informe señala que en el período 2000-2019 el promedio del gasto público social del gobierno central en la región mostró un crecimiento estable en relación con el PIB.

E incluso “se generó un nuevo hito en el nivel del gasto en 2020, que alcanzó niveles históricos en la región”.

No obstante, para el trienio 2020-2022 la Cepal evidenció un quiebre en la tendencia.

En 2022, según la Cepal, el gasto social del gobierno central alcanzó un 11,5% del PIB, 2,2 puntos porcentuales menos que el nivel registrado en 2020

“Si bien no se ha llegado a los niveles de 2019, el gasto social respecto del PIB es solo 0,3 puntos porcentuales superior a dicho año. A su vez, esta disminución representa una caída promedio del 5,1% real (en dólares constantes de 2018)”, apuntó.

En este contexto, el gasto público social se mantuvo como principal componente del gasto público total, con una contribución del 53,4%.

Diferencias en el gasto social entre países de Latinoamérica

La Cepal indicó que “se mantiene la alta heterogeneidad en los niveles de gasto entre los distintos países”.

Y advirtió que “estas diferencias son particularmente importantes en países que, a la par de mayores desafíos en materia de pobreza e inclusión social, disponen de una menor cantidad de recursos para financiar sus políticas sociales”.

Sudamérica continúa siendo la subregión en LatAm con el mayor nivel de gasto social promedio respecto del PIB (13,2% del PIB).

Aunque el año pasado presentó una disminución de 2,3 puntos porcentuales del PIB respecto a 2021 y de 3,1 puntos porcentuales en comparación con 2020.

Chile mantiene su posición como el país con mayor gasto social del gobierno central respecto del PIB en la región (17,9% del PIB).

En la otra cara, Paraguay se mantuvo como el país con menor nivel de gasto público social del gobierno central (9,7% del PIB).

La Cepal señaló que, “en el grupo formado por los seis países de Centroamérica, México y República Dominicana, el gasto público social del gobierno central en 2022 registró un promedio del 9,5% del PIB, 0,8 puntos porcentuales menos que en 2021″.

Para la entidad “el contexto actual exige acciones de política pública para alcanzar la sostenibilidad fiscal con el objeto de enfrentar las consecuencias de las crisis en cascada en curso y avanzar en la sostenibilidad financiera del gasto social para atender al desafío de alcanzar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)”.