Ciudad de Panamá — En momentos en que los panameños debaten sobre las afectaciones o los beneficios que para el desarrollo económico del país tiene la actividad minera, el gobierno de Laurentino Cortizo lanza una polémica estrategia para atraer inversiones: “minería en áreas protegidas, proyectos para la sostenibilidad”.
Para persuadir a futuros inversionistas, un mapa de la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones de Panamá (ProPanamá) muestra los nombres de los yacimientos mineros y su traslape con las zonas de reserva ecológica. Menciona que hay 76 áreas protegidas que suman 2 millones de hectáreas, o sea el 25% de la superficie del istmo, además de cinco comarcas indígenas que abarcan el 21% del territorio.
El gobierno promociona, por ejemplo, el yacimiento de oro de “Cana”, ubicado en la provincia de Darién, limítrofe con Colombia, en la zona del parque nacional del mismo nombre, un pulmón verde de Panamá que es considerado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Ante este giro en la atracción de inversiones, las autoridades de ProPanamá prefirieron guardar silencio ante preguntas como: ¿qué generó este cambio en la política de inversión para promover lo que el portal denomina “proyectos de sostenibilidad”?, y ¿qué evidencia existe de que la actividad sea sostenible en un país tropical lluvioso como Panamá y que la inversión sopese los posibles daños ambientales y conflictos sociales?, del cuestionario enviado por Bloomberg Línea.
De igual manera, hizo mutis ante el cuestionamiento sobre si se gestionan cambios en la legislación panameña para permitir minería metálica en zonas protegidas y de reserva indígena.
La entidad gubernamental solo se limitó a señalar que la normativa que rige la minería en Panamá es el Código de Recursos Minerales y que “ProPanamá propone al país como el hub de inversiones sostenibles para América Latina y el Caribe, con el objetivo de atraer empresas que cumplan con principios de sostenibilidad en sus procesos, productos y servicios”.
Respecto a lo que promociona su página web, se indicó que esta “hace referencia a que este sector es uno de los polos económicos de desarrollo en el país, como lo es el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colon o el Área Económica Especial de Panamá Pacífico, informando sobre las actividades económicas que generan recursos y empleos en el país”.
Por su parte, desde el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), ente rector del desarrollo minero en el país, el asesor del despacho superior, Daniel Esquivel, aseveró que “en ningún momento ha solicitado asesoramiento para cambiar la legislación ambiental o minera para la absurda idea de permitir la actividad minera en áreas protegidas o en las comarcas indígenas”.
Parecida respuesta dieron las autoridades del Ministerio de Ambiente, quienes negaron que avalan la explotación metálica en áreas protegidas, toda vez que sostienen que no han sido consultados.
“El fin principal para la creación de áreas protegidas es la conservación de los recursos naturales que contienen las mismas para mantener muestras significativas de la biodiversidad, sus paisajes, además de los valores culturales existentes, entre otros atributos, en beneficio de las actuales y futuras generaciones de nuestro país”, contestó la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad del citado ministerio.
En algunos casos, los yacimientos minerales se ubican en áreas protegidas y a pesar de que en el pasado se han otorgado concesiones, “en la mayoría de estos, permanecen inactivos porque priva el régimen de manejo del área protegida, como lo es en los parques nacionales de Darién y Chagres”, advierte el Ministerio de Ambiente.
Producto de los anuncios que aparecen en la página web de ProPanamá, su directora Carmen Gisela Vergara fue denunciada ante la Procuraduría General de la Nación por “apología del delito”.
La denuncia, presentada por el experto en derecho ambiental ,Harley James Mitchel, alega que la política de promoción incita al delito y a la destrucción de áreas protegidas por las que el Ministerio de Ambiente invierte millones de dólares en su conservación.
Para el 2021 el flujo de la inversión extranjera directa en Panamá registró un saldo neto acumulado positivo de US $1,843.8 millones, equivalente a 203.9% más, respecto a igual periodo del año anterior; atribuido por la actividad del comercio al por mayor y menor en la Zona Libre de Colón, así como el comercio fuera de la zona franca, según la Contraloría General de la República.
Un informe de la organización internacional Global Witness expone que una cuarta parte de las agresiones mortales a los defensores ambientales están relacionadas con la explotación de recursos -tala de árboles, minería y agroindustria a gran escala-, con presas hidroeléctricas y otras infraestructuras.
La cifra probablemente sea mayor, “ya que a menudo no se investigan debidamente ni se informa sobre los motivos de los ataques contra defensores de la tierra y el medio ambiente” , afirma la publicación.
Agrega que al sector de la minería se le relaciona con el mayor número de asesinatos, con 27 casos en 2021, ataques que en su mayoría se produjeron en México con 15 de estos, Filipinas seis, en Venezuela cuatro, y uno en Nicaragua y Ecuador.
De la misma manera, las actividades extractivas como la minería son “especialmente vulnerables a los riesgos socioambientales” al producir habitualmente impactos socioambientales que afectan a las comunidades que habitan las áreas a explotar o afectadas por dichas actividades directa o indirectamente.
El informe “Desarrollo minero y conflictos socioambientales” de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que analiza los casos de Colombia, México y Perú, afirma que las pugnas pueden generarse por el uso o la contaminación de agua, tierras, aire, así como por el desplazamiento de poblaciones o por el uso de lugares con significado especial para los habitantes originarios de las comunidades.
