Bloomberg — El expresidente Donald Trump estaba obligado a entregar todos los documentos de la Casa Blanca con marcas clasificadas en virtud de un citatorio del gran jurado del 11 de mayo, independientemente de si creía que los había desclasificado, dijo el Departamento de Justicia en una nota a pie de página de una reciente presentación judicial.
Meses antes del registro del 8 de agosto en el complejo Mar-a-Lago de Trump, sus abogados afirmaron en las negociaciones que el expresidente tenía “autoridad absoluta para desclasificar documentos”, aunque no afirmaron que lo hubiera hecho realmente, dijo el Departamento de Justicia en una presentación del 29 de agosto hecha pública el viernes por la noche en Washington, donde se había convocado el gran jurado.
“El gobierno señala que el citatorio buscaba documentos ‘que tuvieran marcas de clasificación’, y por lo tanto una respuesta completa no dependería de si los documentos que responden habían sido supuestamente desclasificados o no”, dijo un abogado de la División de Seguridad Nacional del DOJ en la presentación.
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El citatorio del 11 de mayo tenía como objetivo recuperar todos los documentos clasificados que quedaban en Mar-a-Lago y que Trump no había entregado cuando devolvió 15 cajas de esos registros a los Archivos Nacionales en enero.
El hecho de que Trump no respondiera adecuadamente a ese citatorio cuando el FBI visitó su complejo turístico el 3 de junio, es lo que finalmente llevó al FBI a solicitar una orden de registro. Los abogados de Trump aseguraron a los agentes que no había documentos de ese tipo en la propiedad, dijo el Departamento de Justicia.
Incluso si Trump hubiera desclasificado los documentos, los expertos legales han dicho que el expresidente no estaba necesariamente autorizado a llevárselos a casa porque los registros todavía tenían que ir a los Archivos Nacionales primero.
“Los registros presidenciales desclasificados siguen siendo registros presidenciales y propiedad del gobierno”, dijo en una entrevista Kel McClanahan, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro National Security Counselors.
El gobierno describió brevemente la teoría de Trump en una moción que buscaba un permiso de emergencia para revelar detalles sobre el procedimiento del gran jurado. El Departamento de Justicia necesitaba incluir los detalles en un escrito separado que había sido solicitado por el juez que lleva la demanda de Trump que busca el nombramiento de un “maestro especial” para revisar los documentos incautados en Mar-a-Lago.
Un juez designado por Trump en Florida está sopesando actualmente esa solicitud. Los abogados de Trump no respondieron inmediatamente a un mensaje en busca de comentarios.
