El salario mínimo en Venezuela, que se ubicó en 30 dólares a partir de marzo, ha dejado de ser realmente una referencia, al menos para el sector privado. Las empresas han intentado darle estabilidad a sus trabajadores, no solo con pagos en dólares, también con ingresos que se promedian entre 70 y 100 dólares al mes. Las multinacionales, por su parte, que han hecho el esfuerzo de continuar en el país, buscan equipararse con los sueldos de la región.
Una empresa en el ramo de soluciones tecnológicas, presente en otras cinco ciudades del continente, entre ellas Bogotá y Miami, cuenta actualmente con 113 colaboradores en Venezuela, cuyo rango salarial se establece entre 120 dólares para auxiliares y 2.800 dólares para directores.
El ingreso salarial de los ejecutivos en esta compañía, que prefirió resguardar su nombre y la que ofrece herramientas corporativas y licencias para la protección de otras organizaciones, puede estar entre 550 y 850 dólares mientras que el máximo escalón de los ingenieros puede ubicarse entre 1.600 y 3.000 dólares. Los coordinadores, mientras tanto, perciben un ingreso entre 800 y 1.000 dólares al mes.
Las bandas salariales, de acuerdo a la empresa presente en el mercado venezolano, están adecuadas a las capacidades académicas, así como al desempeño y la experiencia de sus trabajadores.
En el caso de KPMG, una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, con más 60 años de experiencia en el país, basa el cálculo de sus salarios en diferentes encuestas de especialistas, acompañadas con los análisis del liderazgo de la firma, con conocimiento en asuntos financieros.
El ratio de incremento anual para sus trabajadores, que suman 314 personas distribuidas entre 7 ciudades de Venezuela: Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Puerto La Cruz y Puerto Ordaz, es de 1.680%, de acuerdo a información compartida con Bloomberg Línea.
La compañía hace una aclaratoria sobre el salario mínimo que trabaja, el que es diferente al aprobado por la legislación venezolana, y explica que el ratio definido para una mujer dentro del nivel organizacional es de 0,130%, mientras que en el grupo profesional es de 0,166%, lo que aplica igual para el sexo masculino.
Una empresa dedicada a la actividad aseguradora, que prefirió no ser identificada en el artículo, indicó que además del salario base con el que son remunerados sus 50 trabajadores, también estos pueden recibir em algunos casos, comisiones que pueden duplicar el monto inicial.
Un auxiliar administrativo en esta compañía puede percibir un ingreso de 100 dólares mientras que un agente de atención al cliente recibe entre 200 y 300 dólares al mes. Los coordinadores, bien sea en el departamento de mercadeo, atención al público o de equipo, tienen un rango salarial entre 500 y 600 dólares respectivamente.
Empresas, con mayor reconocimiento comercial, como Coca-Cola Femsa y Nestlé, prefieren mantener estos datos en resguardo, debido a que representa información interna vulnerable, según lo comunicado en contacto con BBL.
Otras de las consultadas, precisamente en el área de seguridad, refirieron que en los últimos años debieron cerrar dos de sus tres sedes operativas en Venezuela, esto no estaría vinculado con los beneficios salariales del personal que actualmente opera con ellos.
Las expectativas en relación a un nuevo crecimiento no dejan de estar sobre la mesa. Pese a los años críticos que significó la pandemia a nivel mundial, siendo Venezuela un caso particular por la crisis económica que se acentúaba en los últimos años, la inesperada recuperación en el sector petrolero y comercial, acompañada de un proceso de dolarización de facto en el país, dieron un giro en las proyecciones.
Los pronósticos de organismos internacionales que hablan de un crecimiento de hasta 20% este 2022, según el Credit Suisse, no solo dan luz sobre la posible salida definitiva de la recesión, también aumenta los niveles de confianza para las inversiones, que repercutirán en el mercado laboral, aún y cuando los avances en términos de seguridad jurídica siguen sin completarse.
