(Bloomberg) -- Al reafirmar el control del Estado sobre los recursos naturales de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador está desacelerando una vez más la recuperación económica del país y su potencial de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, por más tristes y predecibles que puedan ser sus acciones, el daño se extenderá más allá de las fronteras de México y afectará la capacidad del continente norteamericano para eficientar y fortalecer sus cadenas de suministro, abordar los efectos del cambio climático y regular la migración. En términos más generales, estas medidas retardarán el proceso de integración del que depende el futuro de la región.
En 2013, la Constitución mexicana se abrió a la inversión privada en energía. Desde ese momento, el dinero ha llegado a raudales. Los campos petroleros en aguas profundas y en tierra firme han generado miles de millones de dólares de compañías globales, incluidas Shell Plc, Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. y BP Plc. El capital privado nacional e internacional se ha destinado a gasoductos, instalaciones de almacenamiento de gas y tiendas minoristas. Estaciones de Exxon y BP ahora ocupan esquinas comerciales de toda las ciudades, lo que ha erosionado el monopolio sobre las bombas de gasolina de la petrolera estatal, Pemex. La inversión privada también ha transformado la generación de electricidad. A medida que el vataje disponible se dispara, los continuos apagones de antaño dejan de afectar al sector industrial de México. Los precios en general también son más asequibles, en tanto que el proceso de subasta favoreció a las generadoras de menor costo. Adicionalmente, la afluencia de fondos privados inició la transición hacia la energía verde en México, construyendo gran parte de la capacidad eólica y solar de la nación.
Desde que asumió el cargo, López Obrador, conocido como AMLO, ha socavado sistemáticamente estos cambios. Suspendió las subastas de nuevos campos petroleros, al tiempo que su Administración ha rechazado o revocado permisos para proyectos energéticos del sector privado y cancelado abruptamente contratos para otros. Los cambios regulatorios han hecho que sea muy costoso para los generadores independientes vender electricidad a la red nacional.
En 2021, el presidente hizo uso de la mayoría de su partido en el Congreso para aprobar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), lo que desencadenó una lucha legal y política continua, dado que la ley contraviene las disposiciones constitucionales actuales al priorizar la energía generada por el Estado sobre la producción privada, a menudo más barata, más eficiente y más limpia. Como consecuencia, se produjeron cientos de amparos, en su mayoría exitosos. En respuesta, AMLO impulsó una reforma constitucional con la intención de anular los mercados actuales y devolver completamente la electricidad y la energía a manos del Estado. Cuando el proyecto de ley no obtuvo la mayoría necesaria de dos tercios en la cámara de Diputados en la votación —que se realizó el domingo de Pascua— la venganza de AMLO no se hizo esperar. El presidente de su partido anunció que en el futuro bloquearían toda la legislación de la oposición, y amenazó con procesar a los legisladores que votaron en contra de la reforma energética.
Además, el fracaso de la iniciativa no ha impedido que el Gobierno socave la inversión privada en el sector energético. Un punto muerto en la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de la ley de 2021 ha permitido a la Administración erigir barreras burocráticas para los operadores privados y devolver las decisiones a los tribunales inferiores que no siempre son conocidos por su independencia judicial o su sofisticada experiencia en el mercado energético. Las concesiones serán aún más difíciles de obtener, las regulaciones aumentarán costos y nuevos obstáculos, y probablemente aumenten los cierres arbitrarios, lo que dejará a las empresas privadas en un un limbo operativo. Traducción: la energía se volverá más sucia y más cara.
La atención de AMLO está ahora en el litio. Si bien la generosidad de los recursos naturales de México ya está garantizada en el artículo 27 de la Constitución, una nueva ley (aprobada por mayoría simple de Morena) nacionaliza las reservas de litio y ordena la creación de una empresa estatal que las administre. A pesar de que México ocupa el décimo lugar en reservas mundiales, sus depósitos a base de arcilla son mucho más caros de extraer que los depósitos a base de salmuera que se encuentran en toda América del Sur. Sin acceso a nuevas tecnologías y técnicas, resulta aún menos probable que se extraiga el litio mexicano bajo gestión pública, lo que significa que México y su economía no se beneficiarán del aumento de demanda de litio que se avecina.
En términos más generales, la rigidez fiscal del Gobierno mexicano y su enfoque a menudo caprichoso hacia el sector privado han socavado su recuperación económica: el país sigue siendo una de las únicas naciones del hemisferio occidental cuya economía aún no recupera su tamaño anterior a la pandemia. La politización de los tribunales y los contratos del sector privado, y un futuro sin energía abundante, asequible y verde, harán que las inversiones futuras se conviertan en un saco de arena y reduzcan el crecimiento potencial a largo plazo de la nación. Y eso fue antes del impacto inflacionario de la invasión rusa a Ucrania y de los estrictos confinamientos en China.
A medida que la economía de México se desacelera, la migración no autorizada hacia EE.UU. aumenta. Durante la mayor parte de la década de 2010, salieron de EE.UU. más mexicanos de los que entraron. Eso ya no pasa: los mexicanos superan en número a todas las otras nacionalidades que llegan a la frontera sur, lo que exacerba los desafíos administrativos y políticos actuales.
Por su parte, las empresas estadounidenses y canadienses que operan en México también han padecido estas medidas. La retirada de México dificultará que EE.UU. realice planes ambiciosos para asegurar cadenas de suministro vitales. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, propuso recientemente reconstruir las relaciones comerciales en torno a “socios de confianza”. Es difícil ver cómo esto resulta fácil o bien sin México. Su proximidad geográfica, acceso preferencial al comercio, amplia base industrial, larga historia de vínculos comerciales bilaterales y mano de obra y recursos naturales complementarios, lo convierten en la contraparte más obvia para muchas industrias, incluidas las farmacéuticas, las de vehículos eléctricos y baterías de gran capacidad, así como de la minería y refinación de muchos minerales críticos.
El rumbo económico de México es importante para la competitividad económica de EE.UU. A medida que la globalización ha acelerado su ritmo en las últimas tres décadas, las industrias que desarrollaron las cadenas de suministro de América del Norte, incluidas las automotrices y aeroespaciales, sobrevivieron y prosperaron. Ahora, a medida que aumentan los costos de logística, el impacto económico de la invasión de Rusia se propaga y la división entre EE.UU. y China se profundiza, México tiene una oportunidad histórica para expandir su alcance y dar la bienvenida a un conjunto más amplio de fabricantes.
Sin embargo, hasta ahora México se está perdiendo esta oportunidad histórica. Sí, a medida que trasladan una parte de sus operaciones fuera de China, algunas empresas han ubicado, reubicado o ampliado sus operaciones en México. Pero, en general, el país no ha seguido el ritmo, y mucho menos capturado una porción creciente de la producción mundial. Tomemos por ejemplo el caso de la industria electrónica. La participación de China en la fabricación global comenzó a menguar en 2018, agobiada por el aumento de los salarios, los aranceles de Trump y sus propias decisiones políticas.
Durante los últimos cuatro años, cuando las cadenas de suministro comenzaron a reorganizarse, la participación del sudeste asiático aumentó de un 15% a un 24% de la producción mundial. En ese mismo periodo, la participación de México cayó un punto porcentual completo a poco más del 17%. El potencial perdido de México es importante para EE.UU. y Canadá, ya que también deja a sus proveedores al margen del mundo.
El TLCAN es una forma de proteger a empresas particulares y algunas de las ganancias de las cadenas de suministro existentes en América del Norte, pero no reemplaza un clima de negocios atractivo ni preserva los beneficios de cadenas de suministro regionales sólidas para empresas y trabajadores en todas las naciones. Para eso, el Gobierno mexicano tendría que reconocer las ventajas que se derivan de los mercados abiertos y los lazos comerciales. Lamentablemente, esto parece poco probable bajo la Administración actual: la tragedia que se desarrolla en cámara lenta probablemente frenará el progreso de Norteamérica y arruinará las perspectivas de los mismos ciudadanos a quienes AMLO dice querer ayudar.
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