Bloomberg — Queremos que nuestros gobiernos sean creativos para resolver problemas complicados. Pero la nueva política británica de enviar a los solicitantes de asilo a más de 6.000 kilómetros de distancia, a Ruanda, no cuenta como la respuesta “innovadora” al contrabando de personas que afirman el primer ministro Boris Johnson y la ministra del Interior Priti Patel.
Patel se ha enfrentado a constantes críticas por no haber abordado el problema de los inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha. Anunció una política de “rechazo” el año pasado para hacer retroceder por la fuerza a los botes que transportan migrantes, el tramo final y peligroso de los angustiosos viajes para la mayoría de ellos. Resultó ineficaz y fue rechazada por el Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento. La muerte de 27 migrantes en un cruce trágicamente fallido el año pasado puso al descubierto las fallas más amplias de la política del gobierno.
Entonces, justo antes del largo fin de semana de Pascua, Johnson anunció un acuerdo con Ruanda para eventualmente aceptar a decenas de miles de solicitantes de asilo que llegan en barco a Gran Bretaña. Los primeros informes hablaban de un plan piloto que apuntaría a los hombres solteros para la deportación y sugirieron que sus solicitudes de asilo se procesarían en el extranjero. El programa actual es mucho más draconiano. Cualquier solicitante de asilo adulto será deportado a la fuerza a Ruanda, donde no tendrá derecho a solicitar asilo en el Reino Unido, pero deberá probar suerte con el sistema de Ruanda.
El revuelo que ha creado el plan de Ruanda parece que es en parte intencional. Ayuda a desviar la atención de las multas policiales emitidas a Johnson y otros en el gobierno por violar las restricciones impuestas durante la pandemia de Covid-19. Y cuanto más ruido hace la oposición sobre cuán injustamente el gobierno está tratando a los migrantes pobres, más fácil es para un primer ministro bastante asediado convencer a los votantes de que, como prometía el eslogan del Brexit, ha recuperado el control de las fronteras de Gran Bretaña.
Sin embargo, la política inteligente no siempre se transforma en una buena formulación de políticas. Y ni siquiera está claro que el gobierno haya acertado en el campo de la política.
No son sólo los miembros de la oposición del Partido Laborista los que son críticos. La exprimera ministra Theresa May dijo que el acuerdo no cumplió con los requisitos de “legalidad, practicidad y eficacia”. Andrew Mitchell , un legislador conservador y exsecretario de desarrollo internacional, lo calificó de poco práctico, ineficaz y costoso. Los líderes judíos y el arzobispo de Canterbury han denunciado el plan.
El objetivo, según expuso Johnson, es alterar el modelo de negocio de los traficantes de personas. El tiempo lo dirá, pero no hay pruebas sólidas de que tales políticas disuadan a algunas de las personas más vulnerables del mundo de hacer ese viaje corto pero peligroso. Como señaló un solicitante de asilo afgano que escapó por esa ruta, los traficantes de personas seguirán siendo persuasivos. Aquellos que logren cruzar serán criminalizados de inmediato (ya que se les niega cualquier ruta legal de asilo) y muchos se verán obligados a trabajar como esclavos para sobrevivir.
Los costos iniciales para el contribuyente del Reino Unido, 120 millones de libras (US$156 millones), serán solo un pequeño pago inicial de un programa que probablemente alcance los miles de millones. Con esas cifras será difícil argumentar que el dinero no está mejor gastado en formulación de políticas más humanas para abordar el problema en tierra firme.
Sin duda, también habrá desafíos legales. La política de deportación, al igual que el proyecto de ley de inmigración estancado del gobierno, discrimina a los solicitantes de asilo en función de cómo llegan al país, mientras que el derecho internacional designa la condición de refugiado en función de la amenaza de persecución.
Su éxito depende no solo del objetivo de disuasión que se logre, sino también del trato humano de quienes son deportados. Israel envió a solicitantes de asilo a Ruanda como parte de un programa “voluntario”; muchos de ellos terminaron con traficantes y enfrentaron otros abusos e indignidades. El tribunal supremo de Israel rechazó su plan de expulsión y en abril de 2018, Israel suspendió su política de deportación de solicitantes de asilo africanos. Dinamarca también ha estado buscando un acuerdo de deslocalización con Ruanda, aunque el Reino Unido llegó primero a la meta, lo que hace que uno se pregunte qué más hay en ese acuerdo.
Si bien la política ultradura de Australia todavía gana votos, sus centros de procesamiento en el extranjero han visto muertes, suicidios y trato inhumano. Han sido criticados por Naciones Unidas, que dice que viola la convención de la ONU contra la tortura y por la corte penal internacional. La Corte Suprema de Australia dictaminó que el centro de procesamiento de Papúa Nueva Guinea es ilegal. (El exministro de Relaciones Exteriores de Australia, Alexander Downer , ha asesorado al gobierno sobre su política de asilo y aparece en un video del Ministerio del Interior promoviéndola).
Más allá de las imperfecciones del sistema actual, el peligro aquí es que un tipo de tráfico de personas sea reemplazado por otro. La experiencia de EE.UU. con la deportación, donde los migrantes a menudo sufren abusos, también ofrece una advertencia, como ha demostrado un estudio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington sobre vuelos de deportación.
A pesar de todo el cambio positivo desde una guerra civil genocida en la década de 1990, el historial de derechos humanos de Ruanda deja mucho que desear. Las fuerzas de seguridad de Ruanda mataron a tiros a una docena de refugiados congoleños en 2018 durante una protesta por las raciones de alimentos. El gobierno del Reino Unido ha expresado su preocupación por el historial de derechos humanos de Ruanda, incluidos los asesinatos extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la falta de libertad de expresión; A los ruandeses incluso se les ha concedido asilo en Gran Bretaña.
Si no es formulación de política, ¿entonces qué? preguntan los ministros del gobierno. Una respuesta es una reforma real del sistema de asilo para que las solicitudes puedan procesarse de manera ordenada y oportuna y los solicitantes de asilo sean tratados humanamente mientras esperan. Gran Bretaña se ubica por debajo de Suecia, EE.UU., Francia y Alemania en el número de refugiados que acepta, pero los solicitantes de asilo en el Reino Unido se enfrentan a tiempos de espera espantosos y, a menudo, a condiciones de vida inadecuadas. También se les niega el derecho al trabajo, lo que los hace dependientes del contribuyente y alimenta parte del descontento público.
El gobierno debe enmendar el nuevo proyecto de ley de inmigración como lo solicita la Cámara de los Lores y construir rutas legales para aquellos que están decididos a venir. Cualquier solución también requerirá una mejor cooperación con Francia, donde las relaciones han variado de frías a prácticamente hostiles desde el Brexit.
El gobierno puede sorprenderse al descubrir que su formulación de políticas dog-whistle (práctica de enviar mensajes políticos codificados) no obtiene la respuesta que esperaba. Sunder Katwala, director del think tank British Future (Futuro Británico), con sede en el Reino Unido, cree que el público encontrará esta formulación de política desagradable en lugar de una señal de que el gobierno finalmente está tomando medidas enérgicas contra los ilegales.
La guerra, el cambio climático y otras fuerzas están creando más migrantes y refugiados, para los que no hay respuestas fáciles. Sin duda, los países desarrollados deben hacer más con la ayuda y la educación para reducir los factores que empujan a los migrantes a abandonar sus hogares. Pero la tendencia hacia la “externalización” (trasladar el problema a otros países en desarrollo para que no estén a la vista ni en la mente) es una erosión perniciosa de un derecho antiguo y que ha sido consagrado en el derecho internacional desde 1948. Y eso parece ser la dirección de viaje del gobierno.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial o de Bloomberg LP y sus propietarios.
Este artículo fue traducido por Miriam Salazar