A partir de 2022, Panamá será parte del 80% de las naciones con actividades marítimas que tendrá una ley que rija la actividad del transporte y envío de bienes y pasajeros dentro de sus aguas jurisdiccionales.
Se trata de la Ley de Cabotaje, promulgada por el presidente Laurentino Cortizo y que la Asamblea panameña aprobó en su último periodo legislativo tras un tercer debate.
Con esta ley, las empresas que soliciten realizar servicios de cabotaje en aguas panameñas deberán acreditar que por lo menos 75% de sus accionistas o miembros sean ciudadanos del país, además de que el 90% de la tripulación de los navíos que entren en estas labores sea de mano de obra panameña.
Con esta ley, además, toda embarcación en aguas panameñas deberá solicitar servicios de apoyo a empresas que se acojan a la ley de cabotaje. La idea, de acuerdo con la Asamblea es que la Autoridad Marítima Panameña (AMP) autorice las licencias de operación a toda persona natural o jurídica que desee prestar servicios marítimos a naves, puertos, carga y tripulantes.
Actualmente, según la AMP, hay unos 13.500 navíos que transitan por aguas jurisdiccionales panameñas que, en su mayoría, requieren atención de la industria local para atender sus necesidades.
La medida también está orientada a que aumenten los ingresos de las arcas nacionales y, sobre todo, para entidades como la Asociación de Armadores Panameños, se buscará terminar con un negocio que estaba en manos de firmas extranjeras.
Una parte sustanciosa de la ley de cabotaje está relacionada con el Canal de Panamá, además de quienes movilizan cargas pequeñas o grandes de cualquier producto de consumo humano o industrial.
Cabe destacar que los ingresos que ha obtenido en lo que va del año el Tesoro Nacional gracias al canal suman unos US$2.800 millones.
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