Bloomberg — Los dos mundos de las finanzas, público y privado, se unieron como nunca antes en la cumbre COP26 de Glasgow.
Banqueros y financistas acudieron en masa a un evento fuera de la sede en el que presentaron compromisos cuidadosamente preparados y expusieron sus visiones sobre cómo los mercados pueden resolver la crisis climática. Dentro de la carpa se desplegó una diplomacia caótica, como siempre, mientras los gobiernos intentaba encontrar fondos suficientes para sellar un acuerdo sobre la reducción de emisiones.
Conseguir ayuda financiera para que los países en desarrollo hagan la transición a la energía limpia y se adapten a un planeta que se calienta siempre ha sido el centro de las negociaciones de la COP. Los países ricos prometieron en 2009 que aportarían US$100.000 millones anuales para 2020. Sólo se han conseguido cuatro quintas partes de esa cantidad.
La mayor parte de ese dinero procede de fuentes públicas como los bancos multilaterales de desarrollo, y no está ni cerca de ser suficiente. Por eso estas instituciones, y las naciones ricas que las financian, están ansiosas por respaldar la idea de la “financiación mixta”: utilizar dinero público para subsidiar el costo del capital o mitigar las pérdidas de los inversores privados. Básicamente, los contribuyentes asumen el riesgo para que los bancos y las empresas puedan participar sin miedo.
El concepto sólo existe desde hace unos seis años, pero su apoyo ha alcanzado un punto álgido. A medida que se dispara la inversión en temas climáticos, los gestores de dinero buscan oportunidades en los mercados emergentes, idealmente con los riesgos de los países vulnerables suscritos por alguien más.
No faltan sugerencias útiles sobre cómo estructurar esas operaciones. El año pasado, el gestor de fondos de renta fija PIMCO propuso un mecanismo de recompra panafricano para atraer a más inversores hacia los bonos soberanos de la región; una versión inicial debutó el mes pasado. La aseguradora británica Prudential Plc ideó un plan para ayudar a cerrar las centrales eléctricas de carbón en el sudeste asiático con el apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo. Blackrock Inc. afirma que los países ricos deberían conceder US$100.000 millones al año para reducir el riesgo de las economías emergentes con el fin de facilitar las inversiones en energías limpias. La Alianza Financiera de Glasgow para el Net Zero (GFANZ por sus siglas en inglés), cuyos miembros supervisan US$130 billones en activos, quiere desarrollar “plataformas nacionales” para ayudar a coordinar las inversiones privadas.
(Michael R. Bloomberg, propietario y fundador de la empresa matriz de Bloomberg News, Bloomberg LP, es copresidente de la GFANZ).
En teoría, todo suena bien. Pero los países en desarrollo tienden a ser comprensiblemente recelosos de cualquiera que defienda una solución de financiación climática ordenada.
Los países de renta media conocen los peligros de los fondos denominados en divisas duras. Cualquier desaceleración puede provocar un círculo vicioso de debilitamiento de las monedas nacionales, como el que experimentaron los países latinoamericanos en la década de 1980 y las naciones del sudeste asiático a finales de la década de 1990. Todos los países en vías de desarrollo son conscientes de las onerosas condiciones, a menudo impopulares para los electores locales, que han acompañado a la financiación del desarrollo en el pasado. Por eso, sus negociadores son especialmente cautelosos con las condiciones que se imponen a la financiación prometida durante las conversaciones anuales de las Naciones Unidas.
Uno de los anuncios más significativos de la COP26 fue la promesa de Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Francia y Alemania de aportar hasta US$8.500 millones para que Sudáfrica abandone el carbón. Es algo que los países en desarrollo llevan años proponiendo. Si las naciones ricas quieren que abandonen el combustible fósil más sucio, deberían pagarles por mantenerlo bajo tierra. Sin embargo, los detalles aún no están claros, y el presidente Cyril Ramaphosa dice que el dinero debe darse principalmente como ayudas y no como préstamos, y apoyar las agendas locales.
Hay otra aspecto que genera tensión. Muchos países en desarrollo necesitan fondos para poder adaptarse a un clima más extremo, no sólo para reducir las emisiones. Pero los inversores no están interesados en ayudar a construir un muro marino o un sistema de alerta temprana. Los proyectos de energía limpia pueden producir flujos de ingresos. Las medidas de adaptación, en su mayoría, no.
Aún menos adecuado para la financiación privada es lo que se llama “daños y pérdidas”. Se trata de dinero para responder a las catástrofes aceleradas por el cambio climático, desde olas de calor hasta sequías e inundaciones. No hay ninguna ventaja para los inversores que buscan rentabilidad cuando lo que los países necesitan puede ser algo tan básico como fondos para llevar agua en camiones a un pueblo durante una emergencia, o para recuperarse después de un ciclón devastador.
Parte del problema es la dinámica de poder desigual que sustenta todo el debate financiero. Los países pobres y vulnerables al clima tienen sus propias ideas sobre cómo canalizar esos fondos, pero les cuesta ser escuchados. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, pidió en la COP26 que se entregaran anualmente US$500.000 millones de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda de reserva emitida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para ayudar a los países en desarrollo con los costos de la transición. Su asesor, Avinash Persaud, ha argumentado que el FMI debería canalizar los DEG asignados en agosto para hacer frente a las consecuencias de Covid-19 enteramente a la adaptación.
Los países donantes, las instituciones mundiales y las élites empresariales que quieren ayudar a los países en desarrollo a descarbonizarse y adaptarse harían bien en prestar más atención a lo que realmente están pidiendo. En cierto modo, quizás, la marea está cambiando y no tendrán muchas opciones.
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