Bogotá — Más de 200 demandas por asuntos societarios han sido recibidas en Colombia en el transcurso 2021 referentes a asuntos como abuso del derecho de voto o desestimación de la personalidad jurídica, según un informe divulgado este lunes por la Superintendencia de Sociedades.
“Hemos hecho importantes esfuerzos para agilizar los procesos y los tiempos de resolución, con el fin de responder de forma rápida y con resultados claros a nuestros usuarios”, destacó el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano.
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El informe da cuenta de la terminación de 15 procesos por acuerdo entre las partes y 44 sentencias con decisiones de fondo.
Entre las causales, el mayor número de sentencias proferidas corresponde a responsabilidad de administradores (20,9 %), ineficacia (18,6 %), desestimación de la personalidad jurídica (11,6 %), abuso del derecho de voto (9,3 %), entre otros.
La Superintendencia de Sociedades ejerce funciones jurisdiccionales para la resolución de conflictos societarios en asuntos como ineficacia e impugnación de las decisiones de las asambleas de accionistas y juntas directivas, conflictos entre accionistas, desestimación de la personalidad jurídica, abuso del derecho de voto y responsabilidad de los administradores.
La entidad señaló que en 2021 la Delegatura de Procedimientos Mercantiles inició con un saldo de 232 procesos de asuntos societarios en el inventario y que en lo corrido del año fueron recibidas 216 nuevas demandas.
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“Del total de procesos en inventario, más los presentados en el primer semestre de 2021 (448), 158 tuvieron una terminación anticipada por diferentes razones, tales como conciliación, desistimiento, excepciones previas, rechazo, retiro y transacción”, precisó.
Así las cosas, el saldo es de 246 procesos en el inventario con corte a junio 30 de 2021, “que es ligeramente superior al saldo a 31 de diciembre de 2020”.
Esto, según la Superintendencia, da “cuenta de los mayores volúmenes presentados en el primer semestre de 2021, como consecuencia de la realización de las asambleas ordinarias del 2021 y las pendientes del año 2020”.
Entre tanto, los tiempos de resolución de los procesos hoy están en 7,8 meses en promedio, a pesar de los mayores volúmenes de demandas recibidas durante el primer semestre.
Liévano subrayó que los avances de la entidad se traducirán “en importantes ahorros de tiempo y dinero para los empresarios, permitiéndoles continuar su labor, y de esta forma contar con empresas más competitivas, productivas y perdurables”.
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